Audiencias: entre derechos y fantasmas de censura
Astrolabio Político
Por: Luis Ramírez Baqueiro
“La libertad es el mayor de los bienes”. – Ovidio.
La discusión sobre los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias ha terminado atrapada en una vieja costumbre de la política mexicana: convertir cualquier regulación de los medios en una batalla entre libertad de expresión y censura.
El problema es que, entre consignas, se está perdiendo de vista qué dice realmente el proyecto y cuáles son sus riesgos verdaderos.
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) sometió los lineamientos a consulta pública del 27 de julio al 21 de agosto. Su ámbito de aplicación está dirigido esencialmente a concesionarios de radio y televisión, no a periódicos ni plataformas digitales. Entre sus disposiciones están la obligación de contar con códigos de ética y defensores de las audiencias, distinguir información de opinión y publicidad, garantizar derecho de réplica y establecer procedimientos de queja.
En ese contexto, Artículo 19 ha advertido sobre posibles excesos, particularmente respecto de la capacidad sancionadora de la autoridad y la necesidad de establecer reglas suficientemente claras para impedir interpretaciones discrecionales. Es una preocupación legítima: ninguna democracia debería entregar a una autoridad gubernamental la facultad ilimitada de decidir qué opinión resulta aceptable.
Sin embargo, tampoco conviene convertir preventivamente cualquier mecanismo de responsabilidad mediática en una “ley mordaza”.
Incluso la propia Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión reconoció inicialmente que la propuesta no constituye por sí misma censura, aunque señaló imprecisiones y posibles sanciones excesivas que deben corregirse.
En cuanto a las versiones que vinculan esta ofensiva política y jurídica con Claudio X. González Guajardo y el exsecretario de Gobernación Fernando Gómez Mont, conviene separar la crítica política de aquello que puede documentarse. Hasta ahora, la información pública revisada no permite acreditar suficientemente una asociación directa y formal de ambos con Artículo 19 en la elaboración de una propuesta específica sobre estos lineamientos. Afirmarlo categóricamente sin documentación terminaría incurriendo precisamente en aquello que debería combatir cualquier ejercicio periodístico serio: presentar una interpretación como hecho comprobado.
Y aquí aparece la paradoja.
Quienes aseguran que México vive bajo una censura prácticamente consumada deberían observar primero el espacio público existente.
Todos los días se critica a Claudia Sheinbaum, a Morena, a gobernadores, legisladores, militares y funcionarios. Columnistas, conductores, portales y usuarios de redes sociales expresan opiniones durísimas contra el Gobierno sin autorización previa. En ocasiones, incluso, la crítica rebasa el análisis para instalarse en la descalificación, el insulto o acusaciones cuya demostración pocas veces acompaña al estruendo mediático.
Eso tampoco significa que actualmente no existan riesgos para la libertad de expresión ni que deba idealizarse al poder. El punto es otro: advertir sobre un riesgo potencial de censura no equivale a demostrar que la censura ya existe.
También resulta necesaria la memoria histórica. Durante décadas, especialmente bajo el viejo régimen priista, existieron mecanismos mucho menos transparentes para disciplinar medios: publicidad oficial, concesiones, relaciones políticas, presiones económicas y arreglos cupulares. Durante los gobiernos panistas tampoco desaparecieron las tensiones entre poder y prensa. Presentar el pasado como una época dorada de absoluta libertad periodística sería históricamente difícil de sostener.
Los nuevos lineamientos contienen aspectos discutibles. Particularmente delicada resulta la posibilidad de que la CRT termine resolviendo controversias y aplicando sanciones, porque conceptos como veracidad, contexto o diferenciación entre información y opinión pueden adquirir interpretaciones peligrosamente subjetivas. Especialistas han advertido precisamente que ahí debe colocarse el candado: reglas claras, sanciones acotadas y garantías contra decisiones políticas.
Pero defender la libertad de expresión tampoco puede significar convertir a los medios en poderes sin responsabilidad alguna.
La libertad de prensa protege el derecho a investigar, denunciar, cuestionar y opinar; no debería convertirse en patente para difamar deliberadamente, disfrazar publicidad como información o presentar opiniones como hechos comprobados.
Por eso la discusión merece escapar de los extremos.
Ni cheque en blanco al Gobierno para regular contenidos, ni cheque en blanco a medios y comunicadores para actuar sin responsabilidad.
Porque proteger a las audiencias no significa silenciar periodistas. Significa reconocer algo elemental: la libertad de expresión pertenece también al ciudadano que escucha, observa, cuestiona y exige información responsable.
Al tiempo.
astrolabiopoliticomx@gmail.com
“X” antes Twitter: @LuisBaqueiro_mx
