Salud de difícil acceso: lo que pasó en la sierra de Jicapore

Todo empezó como el peor tipo de alerta: un «extraño virus»  en la comunidad indígena de Jicapore, en la zona serrana de Sinaloa Municipio, en los límites con Chihuahua. Dos defunciones y treinta y cinco personas más enfermaron. Solo entonces, ante la sospecha de una emergencia sanitaria sin nombre, se desplegó una brigada conjunta de personal médico de Sinaloa y Chihuahua, junto con la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable y la Comisión para la Atención a Comunidades Indígenas de Sinaloa. El diagnóstico, una vez que llegaron, resultó menos misterioso de lo que el titular sugería: dengue.

Vale la pena detenerse en esa palabra. Dengue no es una enfermedad exótica ni de causa desconocida. Es una enfermedad que conocemos, que sabemos prevenir con control de criaderos de mosco y que sabemos tratar cuando se detecta a tiempo. Que dos hombres hayan fallecido antes de que una sola valoración médica llegara a Jicapore no es un fallo de la ciencia médica. Es un fallo de acceso.

Y aquí está el dato que más debería incomodarnos de toda esta historia: según reportes locales, activistas de la zona ya están pidiendo que Jicapore sea incluida de manera permanente en las brigadas de salud de ambos estados. Es decir, hasta este brote, no lo estaba. La atención médica llegó cuando ya había dos defunciones que justificaran, administrativamente, la urgencia. Antes de eso, la comunidad simplemente no estaba en el mapa de visitas regulares.

Esto no es exclusivo de Jicapore, ni de Sinaloa. Es el patrón que se repite en buena parte de las comunidades indígenas y serranas de México: lejanía geográfica que limita la presencia constante de personal de salud, barreras culturales y de idioma que dificultan la comunicación y generan desconfianza hacia el sistema biomédico, y una insuficiencia crónica de recursos y medicamentos en los centros rurales que sí existen. Las brigadas médicas de emergencia son, en ese contexto, una respuesta necesaria y noble —salvan vidas cuando ya se necesitan—, pero también son, por diseño, reactivas. Llegan después del problema, no antes.

La alternativa que sí ha demostrado funcionar tiene nombre: medicina comunitaria, sostenida por promotores o auxiliares de salud que viven dentro de la propia comunidad. En la región oriente de Yucatán, un sistema de auxiliares de salud mayas —documentado en un estudio publicado en Salud Pública de México— ha mostrado que la clave de su efectividad no está en enviar más brigadas desde fuera, sino en formar y sostener agentes de salud internos a la comunidad, que hablan su lengua, entienden su cosmovisión y pueden dar seguimiento todos los días, no solo cuando ya hay una emergencia declarada. Es un modelo que no reemplaza a la brigada médica —sigue siendo indispensable para diagnósticos, tratamientos complejos y casos graves—, pero sí cambia la pregunta de fondo: en lugar de ¿cuándo mandamos ayuda?, la pregunta se vuelve ¿quién está ahí todos los días para detectar el problema antes de que se convierta en una defunción?

Esto también tiene un componente cultural que no debemos pasar por alto. Muchas comunidades indígenas de México desconfían, con razones históricas, de un sistema de salud que no habla su idioma ni reconoce sus propios saberes terapéuticos. Un promotor de salud comunitario no es solo una solución logística de cercanía: es, con frecuencia, la única figura capaz de tender un puente real de confianza entre la comunidad y el sistema biomédico.

Lo que pasó en Jicapore merece una lectura más allá de la nota roja de esta semana. La brigada que llegó hizo bien su trabajo, y probablemente evitó que la cifra de enfermos y defunciones creciera más. Pero la pregunta que deja este episodio no es si la brigada respondió bien —lo hizo—, sino por qué la salud de esa comunidad solo se vuelve visible para el resto del país cuando ya hubo un costo irreversible que pagar. La medicina comunitaria existe, precisamente, para que esa visibilidad no dependa de una tragedia.