EL DÍA QUE UN TERREMOTO CAMBIÓ A LA CIUDAD DE MÉXICO
BITÁCORA INQUIETA
El 19 de septiembre de 1985, la tierra derribó edificios, sepultó familias y dejó al descubierto la insuficiencia del gobierno. Pero entre los escombros surgió una ciudadanía que aprendió a organizarse, exigir respuestas y salvarse con sus propias manos.
Jesús Octavio Milán Gil
Son las 7:19 de la mañana.
La Ciudad de México se está cayendo.
No es una metáfora. Los edificios se doblan, chocan, crujen y finalmente se desploman. Los cristales revientan sobre las banquetas. Los postes se inclinan. Se interrumpe la electricidad. Las líneas telefónicas dejan de funcionar. Una nube espesa comienza a levantarse sobre el centro de la capital.
Es jueves 19 de septiembre de 1985.
En las cocinas había café sobre la estufa. Los niños se preparaban para ir a la escuela. Los autobuses recogían pasajeros. Los médicos cambiaban de turno. En los talleres de San Antonio Abad, cientos de costureras llevaban horas trabajando.
Entonces se movió la tierra.
El temblor parecía interminable. Los focos se balanceaban. Las puertas no abrían. Las escaleras desaparecían bajo los pies. Quienes alcanzaron a salir llegaron a la calle sin comprender todavía que la ciudad que conocían había dejado de existir.
Después vino el silencio.
Un silencio extraño, pesado, interrumpido por alarmas, fugas de gas, sirenas lejanas y nombres gritados frente a los escombros.
—¡Mamá!
—¡Aquí estamos!
—¡Hay alguien vivo!
La Ciudad de México despertó aquella mañana convertida en una transmisión sin estudio, sin guion y sin final conocido.
Jacobo Zabludovsky recorrió las calles y narró la destrucción desde el teléfono de su automóvil. No había imágenes suficientes para abarcar la tragedia. Había que contarla calle por calle: un edificio derrumbado en Tlatelolco; un hospital destruido; personas atrapadas en el Hotel Regis; viviendas caídas en la colonia Roma; fábricas convertidas en tumbas en San Antonio Abad.
La radio se volvió los ojos de millones.
Los reporteros no describían una noticia. Caminaban dentro de ella.
La televisión y la prensa fueron construyendo, fragmento por fragmento, el primer inventario del desastre. Desde el radioteléfono de su automóvil, Jacobo Zabludovsky recorrió durante horas las calles y transmitió para Televisa lo que encontraba: edificios abiertos, hospitales derrumbados y ciudadanos escarbando con las manos. Excélsior registró la búsqueda de “una voz bajo los escombros” del edificio Nuevo León; otros diarios nacionales llenaron sus páginas con fotografías, listas de desaparecidos y direcciones donde todavía se necesitaba ayuda. Las agencias y los periódicos internacionales mostraron al mundo una capital devastada, pero también una multitud que se organizaba antes de recibir instrucciones. Más tarde, Elena Poniatowska reunió en Nada, nadie las voces de sobrevivientes, costureras, rescatistas y familiares; Carlos Monsiváis encontró en aquellas brigadas algo más que una reacción ante la emergencia: el momento en que una sociedad acostumbrada a ser gobernada desde arriba descubrió, entre el polvo y los muertos, que también podía organizarse desde abajo.
El terremoto se originó frente a las costas de Michoacán, a cientos de kilómetros de la capital. Actualmente se calcula con una magnitud de momento de 8.0, aunque durante décadas fue difundido como de 8.1. Las ondas sísmicas encontraron en el antiguo suelo lacustre del Valle de México una superficie capaz de amplificar el movimiento.
La fuerza había llegado desde el Pacífico. El subsuelo de la capital la multiplicó.
Cayeron partes del Hospital Juárez, del Hospital General y del Centro Médico Nacional. Se desplomó el edificio Nuevo León, en Tlatelolco. El Hotel Regis quedó destruido. Edificios de departamentos, oficinas, escuelas y talleres textiles se convirtieron en montañas de concreto.
La Ciudad de México ya era una de las urbes más grandes del mundo, pero aquella mañana pareció quedarse sola.
Las comunicaciones fallaban. Las autoridades desconocían la magnitud del desastre. No existía todavía un sistema nacional de protección civil con las capacidades actuales. No había protocolos suficientes para coordinar una operación de aquella dimensión. Tampoco existía una cultura generalizada de simulacros, evacuación y rescate urbano.
El gobierno del presidente Miguel de la Madrid tardó en aparecer con claridad frente a la nación. La respuesta institucional fue insuficiente, centralizada y confusa. Al principio, las autoridades sostuvieron que México contaba con los recursos necesarios y mostraron resistencia a recibir ayuda internacional; después, ante la dimensión de la tragedia, esa posición tuvo que modificarse.
No todos los servidores públicos permanecieron inmóviles. Médicos, enfermeras, bomberos, soldados, policías y trabajadores de distintas dependencias se incorporaron a las labores de auxilio. Pero la estructura gubernamental avanzaba con la lentitud de sus procedimientos, mientras debajo de los edificios cada minuto decidía entre la vida y la muerte.
La tragedia no podía esperar un oficio.
La ciudadanía tampoco.
En las calles comenzó a suceder algo que ningún decreto había ordenado. Los vecinos salieron de sus casas. Unos llevaban palas. Otros consiguieron picos, cuerdas, lámparas, cobijas, alimentos, medicamentos o cubetas. Los taxistas trasladaban heridos. Los radioaficionados comunicaban lugares incomunicados. Los estudiantes formaban cadenas humanas. Las amas de casa preparaban comida. Los comerciantes repartían agua.
Nadie preguntaba por quién habían votado los atrapados.
Nadie exigía una credencial para salvarlos.
Había que guardar silencio frente a los escombros. Bastaba que alguien levantara el puño para que decenas de personas permanecieran inmóviles. Se apagaban motores. Se detenían las conversaciones. Se contenía la respiración.
Entonces se escuchaba.
Un golpe.
Un gemido.
Una voz debajo de toneladas de concreto.
Y todos volvían a trabajar.
Las cubetas pasaban de mano en mano. Los pedazos de muro eran retirados uno por uno. Hombres y mujeres se introducían por huecos estrechos, conscientes de que una réplica podía sepultarlos también. No tenían uniformes ni preparación suficiente. Tenían miedo, pero también una decisión que resultó más fuerte que el miedo.
De aquellas brigadas surgieron los grupos de rescate conocidos como Los Topos. Eran voluntarios dispuestos a internarse bajo estructuras inestables para buscar sobrevivientes. Con los años se capacitaron y llevaron la experiencia mexicana a terremotos y desastres ocurridos en distintos países.
Nacieron bajo tierra.
Desde entonces, cada vez que una ciudad se derrumba en algún lugar del mundo, el casco y el uniforme de un rescatista mexicano recuerdan aquella mañana.
Pero si el terremoto reveló la solidaridad, también dejó al descubierto la injusticia.
En los talleres textiles de San Antonio Abad trabajaban miles de mujeres. Muchas cumplían jornadas extenuantes, recibían salarios bajos y carecían de seguridad laboral. Algunas fábricas operaban en edificios deteriorados. Al derrumbarse las construcciones, numerosas trabajadoras quedaron atrapadas entre máquinas de coser, rollos de tela, vigas y losas.
Cuando comenzaron los rescates, apareció una escena difícil de olvidar: mientras las familias buscaban a las costureras, algunos propietarios mostraban prisa por recuperar maquinaria, cajas fuertes, mercancías y documentos.
Las máquinas parecían tener dueño.
Las trabajadoras, no.
El sismo no creó aquella explotación. Solamente arrancó el muro que la ocultaba.
Las sobrevivientes comenzaron a reunirse. Denunciaron la negligencia de los patrones, exigieron indemnizaciones y reclamaron condiciones dignas. De esa lucha surgió el Sindicato Nacional de Trabajadoras de la Industria de la Costura, Confección, Vestido, Similares y Conexos “19 de Septiembre”.
Las costureras habían sido invisibles mientras producían.
La tragedia las volvió visibles cuando comenzaron a exigir justicia.
También los damnificados dejaron de esperar pasivamente. Se organizaron por edificios, calles y colonias. Elaboraron censos, abrieron albergues, defendieron viviendas y presionaron para participar en las decisiones sobre la reconstrucción.
El 24 de octubre de 1985, numerosas organizaciones confluyeron en la Coordinadora Única de Damnificados. La CUD se convirtió en un interlocutor que el gobierno no había previsto. No pedía limosnas ni favores. Exigía vivienda, información, seguridad jurídica y respeto al derecho de los habitantes a permanecer en sus barrios.
Frente al viejo presidencialismo apareció una ciudadanía que había descubierto su propia fuerza.
Aquello tuvo una profundidad política que al principio no todos alcanzaron a advertir.
Durante décadas, el régimen priista se había presentado como el gran organizador de la nación. El Estado administraba sindicatos, agrupaciones campesinas, organizaciones populares y buena parte de la participación pública. El ciudadano recibía soluciones desde arriba y, a cambio, debía permanecer abajo.
Pero el 19 de septiembre, las órdenes no llegaron a tiempo.
La ayuda sí.
La sociedad civil mexicana no nació mágicamente aquella mañana. Antes del terremoto ya existían movimientos vecinales, universitarios, sindicales, feministas y defensores de derechos humanos. También permanecía la memoria de las represiones de 1968 y 1971. Lo que hizo el sismo fue acelerar la transformación y colocarla a la vista de todos.
Quien ha sacado con vida a un desconocido de los escombros ya no se considera inútil.
Quien ha organizado un albergue sabe que puede coordinar una comunidad.
Quien ha obligado al gobierno a negociar una vivienda comprende que la autoridad no concede derechos: debe respetarlos.
El terremoto abrió una grieta en el presidencialismo.
Por ella comenzó a entrar la sociedad.
La cifra de muertos nunca quedó completamente esclarecida. Los registros oficiales reconocieron varios miles; organizaciones, periodistas e investigadores formularon estimaciones mucho mayores. Con el tiempo se repitieron cantidades de diez mil, veinte mil y aun más fallecidos.
Presentar una sola cifra como definitiva sería faltar al rigor. La diferencia entre los cálculos habla del caos de los registros, de personas no identificadas, de trabajadores ausentes de padrones confiables y de la opacidad con la que el poder acostumbraba administrar la información.
No es necesario exagerar la muerte para comprenderla.
Detrás de cada número había una cama vacía, una fotografía colocada en una pared, una familia recorriendo hospitales y un nombre pronunciado frente a los escombros con la esperanza de recibir una respuesta.
La reconstrucción fue también una batalla por la ciudad. Los damnificados defendieron su derecho a permanecer en sus colonias y evitaron que la emergencia se utilizara para expulsar a las familias pobres de zonas codiciadas. Las expropiaciones, los programas de vivienda y las negociaciones posteriores no fueron únicamente concesiones gubernamentales: fueron conquistas obtenidas por una sociedad organizada.
México aprendió además que un terremoto puede ser natural, pero el desastre nunca es enteramente natural.
La intensidad del movimiento la decide la tierra. La magnitud de la tragedia también depende de la calidad de los edificios, la corrupción, el cumplimiento de los reglamentos, la preparación de las autoridades y la desigualdad de quienes habitan la ciudad.
Después de 1985 comenzó a construirse una nueva cultura de prevención. En 1986 se establecieron las bases del Sistema Nacional de Protección Civil. Se fortalecieron reglamentos, brigadas, simulacros, protocolos de emergencia y, con los años, sistemas de alerta capaces de regalar segundos valiosos antes de la llegada de las ondas sísmicas.
Pero ninguna alarma puede corregir una autorización comprada.
Ningún simulacro sostiene un edificio construido con materiales deficientes.
Ningún casco protege contra la corrupción inmobiliaria.
El 19 de septiembre de 2017, exactamente 32 años después, otro terremoto golpeó el centro del país. Nuevamente se desplomaron edificios. Nuevamente aparecieron cadenas humanas. Otra vez miles de jóvenes levantaron el puño para pedir silencio y escucharon entre las ruinas.
México comprobó cuánto había aprendido.
También comprobó cuánto seguía repitiendo.
Hoy, 19 de septiembre de 2026, han transcurrido 41 años desde aquella mañana. La Ciudad de México cuenta con mejores instituciones, reglamentos, protocolos, alertas y cuerpos de emergencia. Sin embargo, continúan las construcciones irregulares, la corrupción, la ocupación desordenada del suelo y la tentación gubernamental de reaccionar cuando el desastre ya ocurrió.
La memoria de 1985 no puede reducirse a una ceremonia, una bandera a media asta ni una sirena que interrumpe durante unos segundos la rutina.
Recordar es revisar hospitales y escuelas.
Recordar es preparar a las familias.
Recordar es financiar adecuadamente a los cuerpos de rescate.
Recordar es impedir que un funcionario firme una autorización que mañana pueda convertirse en una sentencia de muerte.
Y recordar también es formular una pregunta incómoda: ¿por qué México muestra su mejor rostro cuando todo se ha derrumbado, pero tolera durante años las negligencias que preparan el siguiente desastre?
No deberíamos necesitar una tragedia para convertirnos en comunidad.
El terremoto de 1985 no hizo héroes a todos los ciudadanos ni convirtió en villanos a todos los funcionarios. Hubo errores, abusos, improvisación, miedo y egoísmo. Pero hubo algo más fuerte: miles de personas comprendieron que la ciudad también les pertenecía.
Aquella mañana dejaron de ser espectadores.
La tierra derribó hospitales, viviendas, hoteles y talleres. Sepultó familias, destruyó patrimonios y cubrió de polvo el rostro de la capital.
Pero entre los escombros también comenzó a derrumbarse una antigua certeza: que el gobierno debía resolverlo todo y la sociedad limitarse a esperar.
El 19 de septiembre de 1985, la Ciudad de México quedó de rodillas.
Y fue precisamente desde el suelo, entre voces, sirenas y manos ensangrentadas, donde sus ciudadanos aprendieron a ponerse de pie.
