EL 23 DE SEPTIEMBRE Y LOS TRES ROSTROS DEL EJÉRCITO

En torno a una misma fecha, el Ejército cambió de nombre, entró a una escuela y fue atacado por una guerrilla. Tres episodios separados por diecisiete años revelan una pregunta que México todavía no termina de responder: ¿hasta dónde debe llegar la fuerza del Estado cuando la política deja de escuchar?

Hay fechas que parecen guardar más memoria de la que cabe en un calendario.

El 23 de septiembre es una de ellas.

El 22 de septiembre de 1948, el Ejército Nacional cambió oficialmente su denominación por la de Ejército Mexicano; la efeméride institucional se recuerda el día 23. Ocho años después, en 1956, soldados entraron durante la madrugada al internado del Instituto Politécnico Nacional, en el Casco de Santo Tomás, desalojaron a sus estudiantes y clausuraron el edificio. Y nueve años más tarde, en 1965, un grupo de maestros, campesinos y jóvenes armados atacó el cuartel militar de Ciudad Madera, Chihuahua.

Un decreto, unos dormitorios ocupados y un cuartel bajo el fuego.

No son acontecimientos iguales ni sería justo reducir la historia del Ejército Mexicano a esos tres momentos. Pero juntos permiten observar las distintas formas en que el Estado ha entendido la autoridad, el orden y la inconformidad.

En 1948, México todavía estaba acomodando las piezas de la Revolución.

Habían transcurrido apenas tres décadas desde la promulgación de la Constitución de 1917. El país buscaba dejar atrás la época de los caudillos, las rebeliones militares y los ejércitos personales. El poder político intentaba convertir a las fuerzas surgidas de la lucha revolucionaria en una institución profesional, disciplinada y subordinada al gobierno civil.

El 22 de septiembre de aquel año, el presidente Miguel Alemán Valdés firmó el decreto que dispuso sustituir la denominación Ejército Nacional por la de Ejército Mexicano; la efeméride militar se recuerda el día 23. A primera vista, podría parecer un cambio menor. Sin embargo, los nombres también expresan una idea de país. Llamarlo Mexicano significaba asociarlo con la nación, no con una facción victoriosa ni con un jefe militar. Las armas ya no debían pertenecer a los generales de la Revolución, sino al Estado surgido de ella.

La transformación verdadera, sin embargo, no dependía del nombre. Dependía de una regla mucho más difícil de sostener: que las Fuerzas Armadas obedecieran a las instituciones civiles y que estas, a su vez, actuaran dentro de la ley.

El uniforme ejecuta órdenes, pero la responsabilidad no desaparece en la cadena de mando. Cuando un gobierno civil utiliza a los militares para resolver un conflicto social, la decisión política sigue siendo civil, aunque las botas que entren por la puerta sean militares.

Eso ocurrió ocho años después.

Durante 1956, estudiantes del Instituto Politécnico Nacional participaron en un movimiento que exigía mejores condiciones académicas, económicas y asistenciales. Muchos de ellos provenían de familias campesinas y obreras; habían llegado de distintos estados porque el Politécnico representaba una posibilidad concreta de movilidad social. Para esos jóvenes, el internado no era un privilegio. Era la diferencia entre estudiar y regresar a casa.

La madrugada del 23 de septiembre, mientras los alumnos dormían, el Ejército ocupó el internado situado en el Casco de Santo Tomás. La operación, ordenada durante el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, desalojó a los estudiantes, detuvo a dirigentes y clausuró aquel espacio de alojamiento y organización estudiantil.

No fue sólo el cierre de un edificio.

Al desaparecer el internado también se golpeó la estructura material que permitía estudiar a jóvenes sin recursos y se desarticuló un movimiento que había desafiado la autoridad presidencial. Donde el gobierno pudo haber abierto una mesa de negociación, decidió enviar soldados. La respuesta a una demanda educativa terminó convertida en un problema de seguridad.

Conviene hacer una precisión histórica. El internado fue el centro de la ocupación militar de aquella madrugada; posteriormente, el gobierno clausuró también los comedores y desmontó buena parte del sistema asistencial que permitía estudiar a jóvenes de escasos recursos. La diferencia importa: no se trató solamente de desalojar dormitorios, sino de desarticular una forma de vida estudiantil y organización colectiva.

La ocupación de 1956 no tuvo la dimensión sangrienta que alcanzarían otros episodios represivos, pero dejó una advertencia. Doce años antes de Tlatelolco, el poder ya había aprendido a mirar a los estudiantes como una amenaza al orden y a utilizar a las Fuerzas Armadas dentro de los espacios educativos.

La escuela debía formar ciudadanos; el gobierno prefirió tratar a algunos de ellos como adversarios.

El tercer rostro apareció en la sierra de Chihuahua.

En la madrugada del 23 de septiembre de 1965, un pequeño grupo integrado por maestros, estudiantes y campesinos intentó tomar el cuartel militar de Ciudad Madera. Entre sus dirigentes estaban Arturo Gámiz García, profesor normalista, y Pablo Gómez Ramírez, médico y maestro. No habían llegado a las armas desde la comodidad de un escritorio. Procedían de años de conflictos agrarios, invasiones de tierras, denuncias contra caciques y enfrentamientos con autoridades que protegían grandes propiedades forestales y ganaderas.

El Grupo Popular Guerrillero consideró agotadas las vías legales. Esa conclusión explica su decisión, pero no obliga a idealizarla. Tomar las armas siempre abre una puerta por la que entran la muerte, el miedo y consecuencias que nadie controla por completo.

El plan original contemplaba la participación de un contingente mayor, pero solamente trece insurgentes llegaron a participar directamente en el ataque: uno de los grupos previstos no pudo arribar debido a las condiciones del camino y otro se retiró al no encontrar los contactos acordados. Frente a ellos se encontraba una guarnición de aproximadamente 125 militares. La acción fracasó. Ocho guerrilleros murieron, entre ellos Arturo Gámiz y Pablo Gómez; también perdieron la vida seis soldados.

Después del combate, los cuerpos de los insurgentes fueron exhibidos como escarmiento y sepultados en una fosa común. La intención no era únicamente derrotarlos. Había que enviar un mensaje a quienes pensaran seguir su camino.

Pero los muertos, a veces, adquieren una voz que el poder ya no puede callar.

Madera se convirtió en referencia para los movimientos armados que surgieron posteriormente en México. Su fecha quedó incorporada incluso al nombre de la Liga Comunista 23 de Septiembre, constituida en 1973. No eran la misma organización: el grupo de Gámiz había actuado ocho años antes y tenía raíces principalmente agrarias y regionales. La Liga reunió después a diversas agrupaciones clandestinas de orientación socialista. Las unió, entre otras cosas, la memoria de aquella derrota en Chihuahua.

Así, el Ejército que en 1948 recibió un nombre destinado a identificarlo con todo México apareció en 1956 dentro de una institución educativa y, en 1965, frente a mexicanos que habían decidido combatir al Estado con las armas.

¿Qué había sucedido entre una fecha y otra?

El llamado milagro mexicano mostraba crecimiento económico y estabilidad política, pero debajo de esa superficie persistían la desigualdad, la concentración de la tierra, el autoritarismo sindical y la ausencia de competencia democrática. El régimen ofrecía progreso, siempre que nadie cuestionara quién lo administraba. Cuando campesinos, ferrocarrileros, maestros, médicos o estudiantes rebasaban los límites tolerados, el diálogo solía terminar donde comenzaba la fuerza pública.

Ni el Ejército actuaba por cuenta propia en todos esos conflictos ni los gobiernos podían lavarse las manos atribuyendo los abusos a los soldados. La institución armada era empleada por presidentes y autoridades civiles para contener problemas que la política no había querido o no había sabido resolver.

Esa distinción resulta indispensable en 2026.

Durante los últimos años, las Fuerzas Armadas han recibido responsabilidades cada vez más amplias: seguridad pública, vigilancia de fronteras y aduanas, construcción y administración de infraestructura, entre otras tareas. Quienes defienden esa expansión destacan su disciplina, presencia territorial y capacidad operativa. Quienes la cuestionan advierten que normalizar la intervención militar en asuntos civiles puede debilitar los controles democráticos, la transparencia y la rendición de cuentas.

La discusión no debe reducirse a estar a favor o en contra del Ejército. La pregunta verdaderamente democrática es otra: ¿qué tareas debe encomendarle el poder civil, bajo qué límites, durante cuánto tiempo y con qué mecanismos de vigilancia?

Una nación necesita Fuerzas Armadas capaces de defenderla. También necesita gobiernos capaces de no utilizarlas como sustituto permanente de policías, instituciones, negociadores, autoridades educativas o políticas sociales. Cuando todo problema termina en manos de los militares, el fracaso no es necesariamente del Ejército. Puede ser el fracaso de un Estado civil que renunció a cumplir sus propias responsabilidades.

Setenta y ocho años después del cambio de nombre, setenta años después de la ocupación del internado politécnico y sesenta y un años después del asalto a Madera, el 23 de septiembre conserva sus preguntas.

¿Qué ocurre cuando un estudiante es visto como enemigo? ¿Qué sucede cuando un campesino deja de creer en la ley? ¿Qué responsabilidad tiene un gobierno que responde con soldados a una inconformidad que antes se negó a escuchar? ¿Y qué límites deben existir para que la obediencia militar nunca se convierta en refugio de la irresponsabilidad política?

No hay una respuesta sencilla. Tampoco una sola memoria.

En 1948 hubo un decreto que quiso darle al Ejército una identidad nacional. En 1956, unos jóvenes fueron despertados por soldados dentro de la escuela que les había prometido un futuro. En 1965, otros maestros y campesinos amanecieron frente a un cuartel convencidos de que ya no les quedaba ninguna puerta institucional por tocar.

Tres mañanas. Tres rostros del poder. Una misma fecha.

Los nombres pueden cambiar por decreto. Las heridas de una nación, en cambio, sólo empiezan a cambiar cuando se las mira de frente. El 23 de septiembre no pertenece únicamente al Ejército ni a quienes empuñaron las armas contra él. Pertenece a la memoria de un país que todavía debe aprender a resolver sus conflictos antes de que la política sea sustituida por los fusiles.