LA SOBERANÍA QUE DEPENDE DE UNA LLAVE AJENA

México ante el gas de Estados Unidos: una contingencia superada, un respaldo que necesita explicarse y el agua que no debe pagar nuestra dependencia.

La luz se enciende y casi nadie piensa en la frontera.

Pensamos en la habitación que deja de estar a oscuras, en el refrigerador que conserva los alimentos, en el aire acondicionado que vuelve soportable una tarde de calor. En un hospital, esa electricidad sostiene equipos; en una escuela, permite trabajar; en una fábrica, mantiene la producción. Detrás de esos actos cotidianos existe una red que pocas veces miramos, hasta que algo amenaza con detenerla.

Una parte decisiva de esa red mexicana depende del gas natural que llega desde Estados Unidos.

Por eso, cuando disminuye el flujo en una instalación de Texas, la noticia merece salir de las páginas especializadas. Puede tocar la vida de quienes nunca han visto un gasoducto y, sin embargo, dependen de él cada vez que presionan un interruptor.

El 7 de octubre de 2026, durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, el director del Centro Nacional de Control del Gas Natural, Cuitláhuac García Jiménez, informó de una reducción reciente del suministro estadounidense. Reconoció la falta de almacenamiento y planteó que, mediante estrategias operativas, podría disponerse de un margen de hasta tres días ante algún corte del gas importado.

Al día siguiente descartó un riesgo de desabasto y aseguró que había gas suficiente para el consumo nacional. Mencionó un incremento de producción de Pemex y solicitudes de permisos de interconexión, aunque no presentó cifras ni detalles que permitieran evaluar esas aportaciones.

La información disponible, por tanto, no justifica anunciar que México enfrenta hoy una interrupción general del suministro. Pero superar una contingencia tampoco demuestra que estemos preparados para cualquier emergencia futura.

Tres días. La cifra cabe en un titular y permanece en la cabeza del lector. Antes de convertirla en alarma, debemos explicar qué significa.

La estimación de CENAGAS no acredita, por sí sola, una reserva estratégica capaz de sostener durante setenta y dos horas el consumo habitual de todo México. El funcionario mencionó el aprovechamiento del gas contenido en los ductos y estrategias de coordinación. En las declaraciones consultadas no quedó explicado qué magnitud de interrupción supone ese cálculo ni cuánto consumo permitiría mantener.

Se trata de un margen estimado de respuesta cuyo alcance necesita documentarse. Una cifra tranquiliza o preocupa según las condiciones que la sostienen; sin ellas, queda suspendida entre la promesa y la incertidumbre.

También debemos aclarar los llamados diez días de restricción. Una palabra equivocada puede transformar un problema operativo en un conflicto diplomático imaginario.

Según la explicación que CENAGAS proporcionó a Expansión, la reducción obedeció a mantenimiento programado en infraestructura de Texas que abastece el punto Inyección Ramones. La dependencia descartó una decisión de política pública estadounidense para recortar el suministro a México. La afectación fue temporal y parcial; otros puntos de importación continuaron operando.

El mantenimiento fue reportado entre el 24 de septiembre y el 4 de octubre, con una restricción de entre 950 millones y 1,350 millones de pies cúbicos diarios. La disminución de una quinta parte correspondía al total introducido en los gasoductos administrados por CENAGAS: ese porcentaje no debe trasladarse automáticamente a todas las importaciones nacionales.

A ello se sumó un evento imprevisto en la estación de compresión El Paso C, de El Paso Natural Gas Company. La coordinación entre las autoridades energéticas permitió mantener un flujo operativamente manejable; CENAGAS informó que la alerta fue levantada el domingo por la noche.

México no permaneció diez días completamente privado del gas estadounidense. Tampoco existe contradicción automática entre manejar una reducción parcial durante ese periodo y estimar un respaldo de hasta tres días frente a otro escenario de interrupción.

La precisión no disminuye la importancia del episodio. La coloca donde corresponde.

Para reconocer nuestra vulnerabilidad no hace falta atribuirle a Washington una represalia que las fuentes consultadas no acreditan. Basta observar cuánto depende nuestra vida cotidiana de infraestructura sobre la cual México no tiene control directo.

Durante la conferencia del 7 de octubre, Sheinbaum situó en alrededor de 75 por ciento la dependencia del gas estadounidense. Esa magnitud explica por qué una contingencia al otro lado de la frontera merece atención pública.

Al 9 de octubre de 2026, las cifras oficiales disponibles muestran que las importaciones de gas natural estadounidense por ducto aumentaron. Entre enero y julio México recibió aproximadamente 1.436 billones de pies cúbicos: 1.75 por ciento más que en el mismo periodo de 2025, equivalentes a 24,653 millones de pies cúbicos adicionales. Julio es el último mes publicado por la Administración de Información Energética estadounidense; estos datos todavía no permiten cuantificar el balance posterior a la contingencia de septiembre y octubre.

Comprar más gas ayuda a abastecer la electricidad y la industria, pero, sin suficiente respaldo, aumenta nuestra exposición a fallas externas. Conviene distinguir, además, entre importar un volumen mayor y elevar su proporción en el consumo nacional: lo primero no demuestra por sí solo lo segundo.

La propuesta mexicana es elevar la producción de gas natural a 5,000 millones de pies cúbicos diarios hacia 2030, ampliar la generación renovable y desarrollar almacenamiento estratégico. Son objetivos que deberán traducirse en instalaciones operando.

Mientras esas alternativas se concretan, México necesita administrar la dependencia que ya tiene: coordinar el suministro, anticipar mantenimientos, preparar respuestas ante fallas y establecer prioridades para proteger hospitales y otros servicios esenciales. La coordinación permitió superar la contingencia reciente, según CENAGAS, pero debe convertirse en una preparación permanente. También corresponde reducir consumos evitables mediante eficiencia energética y acelerar proyectos de generación que disminuyan la necesidad de gas. Estas son medidas necesarias durante la transición, cuyo avance debe informarse con resultados verificables. Las familias no pueden esperar a 2030 para tener electricidad: necesitan que el sistema funcione hoy y que cada año sea menos vulnerable.

En algunos Estados, donde el calor puede convertir la electricidad en una necesidad urgente, esa relación resulta fácil de entender. En otras regiones adopta formas distintas, pero comparte una misma pregunta: ¿qué capacidad tenemos para mantener los servicios esenciales cuando falla una parte del abastecimiento?

Comprar energía a otro país puede ofrecer ventajas. Una nación puede comerciar intensamente con sus vecinos y prepararse, al mismo tiempo, para que un desperfecto o un fenómeno meteorológico no comprometan sus actividades esenciales. La soberanía energética exige administrar esa interdependencia con infraestructura, inversiones y continuidad.

También exige distinguir el gas que existe bajo tierra, el que se produce y el que está disponible para responder a una contingencia. Un recurso en el subsuelo necesita estudios, instalaciones y tiempo para convertirse en suministro. Una reserva estratégica requiere capacidad de almacenamiento y entrega. Confundir esos niveles permite anunciar abundancia mientras permanece pendiente la capacidad de resistir una interrupción.

Necesitamos conocer las condiciones detrás de los tres días: qué corte supone el cálculo, qué regiones cubre, cuánto consumo podría mantenerse y qué usuarios tendrían prioridad. La misma exigencia corresponde a la producción adicional anunciada: cuánto gas está disponible y cómo llegará a donde se necesita. Una interconexión solicitada todavía debe autorizarse, construirse y entrar en operación.

La búsqueda de mayor producción nacional conduce al debate sobre el gas no convencional en Coahuila. Sheinbaum señaló que su aprovechamiento continúa en revisión y estudio, y que cualquier proyecto debe evitar competir por el agua destinada al consumo humano y a las actividades agrícolas. También mencionó tecnologías de reciclaje. Esa declaración no constituye una autorización definitiva para explotar los yacimientos.

La pregunta energética llega así a otra necesidad fundamental: el agua.

La fracturación hidráulica comprende obtener agua, preparar los fluidos, inyectarlos en el pozo y manejar el agua que retorna a la superficie para su disposición o reutilización. Evaluar solamente la extracción dejaría fuera etapas esenciales del proceso.

Reciclar puede formar parte de una solución, pero cada propuesta debe demostrar cuánta agua necesita, de dónde la obtendrá, qué tratamiento aplicará y cómo manejará sus residuos. La palabra reciclaje necesita acompañarse de un balance verificable.

Sería un error resolver el debate únicamente con consignas. También lo sería presentar la urgencia del suministro como razón suficiente para aceptar cualquier proyecto. Cada propuesta debe demostrar cuánto puede aportar, en qué plazo, a qué costo y bajo qué condiciones ambientales y sociales.

Las comunidades necesitan información comprensible antes de que las decisiones estén tomadas. Una evaluación pierde credibilidad cuando los habitantes conocen primero la maquinaria y después las explicaciones.

Encuentro una obligación elemental: distinguir lo que sabemos de lo que todavía debemos investigar. La ciencia permite formular preguntas, medir procesos y revisar resultados. Su autoridad se debilita cuando se usa como sello para una conclusión decidida de antemano.

Estudiar un proyecto debe significar que puede aprobarse, modificarse o descartarse según la evidencia. De otro modo, el estudio se convierte en trámite y la participación pública en ceremonia.

La respuesta mexicana necesita varios caminos. Producción, almacenamiento, eficiencia y alternativas de generación atienden dimensiones distintas del problema. Ninguna medida aislada resuelve todas. Un anuncio de suministro futuro tampoco sustituye el respaldo necesario para una emergencia presente.

Se debe reconocer la coordinación que permitió enfrentar la reducción reciente. Ahora corresponde convertir esa experiencia en capacidad permanente, con recursos y una continuidad institucional que sobreviva al cambio de funcionarios y al entusiasmo de las conferencias.

La luz se enciende y seguimos con nuestras vidas. En esa confianza cotidiana descansa una responsabilidad pública: preparar el sistema para que una interrupción no se convierta en una emergencia dentro de nuestras casas.

La soberanía energética se vuelve concreta cuando un hospital conserva su funcionamiento, una familia mantiene sus alimentos y una comunidad dispone de agua suficiente. Es allí donde deben medirse las decisiones, las inversiones y sus resultados.

Porque la próxima vez que disminuya el gas al otro lado de la frontera, quienes enciendan una luz aquí necesitarán electricidad, no explicaciones.