CUIDAR A QUIENES NOS CUIDAN

La dignidad laboral y el derecho a la salud exigen algo más que promesas.

En un hospital, el tiempo tiene otro peso. Una hora puede ser una espera administrativa o una demora que modifica el curso de una enfermedad. Para quien necesita atención, la diferencia entre una puerta abierta y un servicio disponible se mide en algo concreto: recibir la consulta, completar un estudio, entrar a cirugía, salir con el medicamento. Por eso, cuando los trabajadores de la salud llevan sus inconformidades a la calle, conviene escuchar lo que ocurre a ambos lados de la bata.

El viernes 9 de octubre, trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social bloquearon vialidades de Ciudad de México, entre ellas Insurgentes, Periférico y Viaducto. El País documentó demandas de mejores condiciones laborales, aumento salarial y abastecimiento de medicamentos. La movilización continuó después de una mesa de diálogo instalada el jueves en la Secretaría de Gobernación. El tránsito detenido hizo visible un conflicto cuya importancia rebasa la circulación de automóviles.

Sería precipitado convertir esas protestas en una descripción de todos los hospitales del país. También sería insuficiente reducirlas al fastidio de una ciudad congestionada. Lo que está en discusión merece una mirada más amplia: las condiciones en que se presta atención médica y la capacidad institucional para escuchar a quienes sostienen ese trabajo.

La discrepancia salarial necesita explicarse con precisión. El IMSS informó de un incremento global de 6.8%, integrado por 2.9% al salario tabular y 3.9% en prestaciones. Según la explicación sindical recogida por Publimetro el 11 de octubre, este último componente corresponde al concepto 11, de ayuda de renta. Presentar todo el porcentaje como aumento directo al sueldo tabular borraría una distinción central del desacuerdo. Los efectos de cada componente deben explicarse por categoría, conforme al contrato y con ejemplos que permitan comprobar su impacto en el recibo de pago.

La Jornada reportó el 9 de octubre que trabajadores inconformes exigían 10% directo al tabulador y cuestionaban a su dirigencia. Eso documenta demandas de sectores movilizados, sin demostrar que toda la plantilla comparta idéntica posición. La vida sindical contiene diferencias. Una representación responsable debe escucharlas y explicar sus decisiones con información que cada trabajador pueda contrastar con su recibo.

El IMSS anunció que el 14 de octubre se consultará a los trabajadores sobre el incremento mediante voto libre, personal, directo y secreto, con acompañamiento de autoridades laborales. Al escribir estas líneas, el ejercicio está pendiente. Su resultado no puede anticiparse. Para que ayude a resolver el conflicto, hará falta claridad sobre lo sometido a votación, condiciones para participar y publicación comprensible de los resultados.

Al corte del 12 de octubre, el conflicto seguía abierto. La Jornada documentó protestas realizadas el domingo 11 en distintas entidades, incluida Sinaloa, donde médicos, enfermeras y trabajadores administrativos se manifestaron en Culiacán. Trabajadores inconformes también convocaron una marcha nacional para el martes 13, un día antes de la consulta salarial. Son movilizaciones y convocatorias documentadas; no acreditan, por sí mismas, una suspensión general de la atención.

Sin embargo, la conversación no termina en el salario. El propio sindicato reconoce preocupaciones por personal suficiente, medicamentos, insumos, equipos e instalaciones. Esa agenda conecta el bienestar de los trabajadores con el de los derechohabientes. Un hospital necesita profesionales preparados y condiciones materiales que permitan aprovechar su preparación.

La vocación merece respeto. Convertirla en sustituto de una organización adecuada sería abusar de ella. El compromiso de una enfermera, un médico, un técnico o un trabajador de limpieza no elimina la necesidad de descansar, recibir apoyo y disponer de herramientas. La atención depende de una cadena de tareas; cuando se habla únicamente de médicos se vuelve invisible buena parte del trabajo que hace posible un hospital.

Hay evidencia para tomar en serio esa relación. La Organización Mundial de la Salud identifica las jornadas prolongadas, la presión de tiempo, el trabajo por turnos y la falta de apoyo como factores de riesgo de estrés, desgaste profesional y fatiga. Advierte también que el estrés laboral sostenido puede afectar la satisfacción de los pacientes y aumentar errores de diagnóstico y tratamiento. Sus recomendaciones incluyen revisar cargas, horarios, comunicación y dotación de personal.

Esto no autoriza a afirmar que un paciente del IMSS sufrió un daño específico por agotamiento de sus trabajadores. Para sostenerlo habría que investigar el caso. Tampoco permite diagnosticar desgaste profesional a quienes protestan. La evidencia general orienta la prevención; la responsabilidad por un hecho concreto exige registros, evaluación clínica y análisis de las circunstancias. Esa distinción protege a pacientes y trabajadores de explicaciones apresuradas.

El abasto merece igual cuidado. En su comunicado del 10 de octubre, Zoé Robledo informó un promedio de 94%. Es un dato institucional que debe examinarse con su metodología: qué mide, durante qué periodo y cómo varía entre unidades y tratamientos. Por sí solo, el porcentaje no permite determinar cuántos pacientes completaron oportunamente todas sus recetas. Tampoco basta una denuncia aislada para describir la situación nacional.

Para una persona que necesita tratamiento, importa la entrega completa y a tiempo. De ahí que la información pública deba mostrar faltantes persistentes, plazos de reposición y soluciones para los afectados. Anunciar una compra, recibir un cargamento y entregar un medicamento son momentos distintos. El último es el que llega a la vida del paciente.

En el mismo comunicado, el IMSS reconoció saturación, tiempos de espera y desafíos de abastecimiento, vinculados con la mayor demanda y las enfermedades crónicas. Reconocerlos abre una conversación necesaria. Explicarlos requiere estudiar también la distribución del personal, los procesos de atención, la infraestructura y la coordinación. Ninguna causa aislada alcanza para explicar una institución de esta escala.

Sobre la continuidad de los servicios hay que distinguir las fuentes. En su boletín 542/2026, el IMSS sostuvo que sus unidades seguían operando y que estaban garantizadas urgencias, hospitalización, terapia intensiva, partos y hemodiálisis. La Jornada había recogido afirmaciones de manifestantes sobre paros en diversos hospitales. Con esas versiones no puede darse por probada una paralización nacional ni certificarse la normalidad de cada unidad. Hace falta verificar dónde hubo afectaciones, de qué tipo y por cuánto tiempo.

Una puerta abierta acredita acceso físico. Saber si la atención fue suficiente exige revisar consultas realizadas, procedimientos diferidos, personal disponible y tratamientos entregados. Esta exigencia de información ayuda a evaluar la respuesta institucional y a precisar las denuncias. Los pacientes merecen saber qué pueden esperar de su clínica, especialmente cuando tienen una cita o cirugía programada.

También deben considerarse las consecuencias de los bloqueos. Las personas que necesitan trasladarse al trabajo, regresar a casa o recibir atención tienen intereses legítimos. Toda movilización sanitaria debe preservar el acceso de ambulancias y pacientes. Los protocolos de continuidad y las rutas de emergencia tendrían que formar parte de la preparación institucional, mientras el diálogo atiende las causas del conflicto. Proteger la atención y escuchar demandas son obligaciones que deben cumplirse simultáneamente.

Las responsabilidades requieren nombre. A la administración corresponden la organización de los servicios y la respuesta operativa a faltantes y vacantes. A la dirigencia sindical, representar, informar y rendir cuentas. A las autoridades involucradas, actuar dentro de sus atribuciones y dar seguimiento público. Las peticiones sobre pensiones necesitan, además, identificar su alcance contractual y legal; el IMSS sostiene que algunas requieren cambios legislativos.

El siguiente paso debería dejar compromisos comprobables: cobertura de plazas según cargas reales, seguimiento de recetas incompletas, mantenimiento con plazos y registro de servicios diferidos. Cada compromiso necesita responsable, fecha y resultado público. Firmar una minuta inicia una obligación; comprobar su cumplimiento permite recuperar confianza.

La seguridad social adquiere sentido cuando una familia encuentra atención oportuna y un trabajador puede ofrecerla en condiciones dignas. Cuidar a quienes nos cuidan exige salario claro, recursos suficientes, organización y rendición de cuentas.

El conflicto no debería cerrarse únicamente cuando se despeje una avenida. Su medida más exigente estará en los consultorios, las salas y las farmacias: que el trabajador tenga condiciones para cumplir su tarea y el paciente reciba lo que necesita. México debe poder exigir ambas cosas a la vez.