Informalidad supera 50% en Sinaloa; reportan pérdida de más de 67 mil empleos
Empresarios advierten cierres, caída de ingresos y migración de negocios hacia la informalidad, mientras desde el Congreso se cuestiona la falta de un diagnóstico oficial sobre el impacto económico de la violencia.
Mario Núñez
Culiacán, Sin.- La informalidad supera el 50 por ciento en Sinaloa, mientras miles de micro, pequeñas y medianas empresas enfrentan dificultades para crecer, elevar sus ingresos y competir en mejores condiciones, de acuerdo con un diagnóstico planteado por integrantes del sector empresarial.
Sinaloa enfrenta un doble problema económico: más de la mitad de la actividad laboral se mantiene en la informalidad, mientras las micro, pequeñas y medianas empresas que permanecen dentro de la economía formal enfrentan dificultades para crecer, sostener sus ingresos y competir.
El diagnóstico expuesto por integrantes de la Alianza para el Desarrollo y Competitividad de las Empresas (ADECEM) y Coparmex revela que la crisis no solamente se refleja en el cierre de establecimientos, sino también en la reducción de operaciones, pérdida de empleos y migración de algunos negocios hacia la informalidad.
Julio César Silvas, presidente de ADECEM, señaló que Sinaloa cuenta con alrededor de 100 mil microempresas y 8 mil pequeñas y medianas empresas, muchas de las cuales se mantienen con bajos niveles de ingresos y sin posibilidades claras de escalar.
El empresario planteó que el reto económico del estado tiene dos frentes: incorporar más unidades económicas a la formalidad y conseguir que las empresas que ya cumplen con sus obligaciones puedan crecer y elevar su productividad.
Reducciones
La presidenta de Coparmex en Sinaloa, Martha Elena Reyes Zazueta, agregó otro elemento al diagnóstico: la inseguridad y las reducciones en la actividad económica están presionando a empresarios y emprendedores a cerrar establecimientos o buscar alternativas fuera de la formalidad.
La dirigente empresarial señaló que algunos negocios han registrado caídas de entre 30 y 40 por ciento en sus ingresos, mientras mantienen obligaciones como el pago de impuestos y prestaciones laborales.
Ante la disminución de sus ingresos, sostuvo que algunos empresarios enfrentan una disyuntiva: cerrar definitivamente o buscar mecanismos que les permitan continuar generando ingresos, incluso fuera de la formalidad.
Gobierno carece de cifras y plan para contener cierre de negocios
La diputada local del PRI, Paola Gárate Valenzuela, aseguró que, a más de dos años del inicio de la crisis de violencia que ha golpeado a Sinaloa, el Gobierno estatal no cuenta, al menos públicamente, con una radiografía integral sobre el impacto económico que ha provocado la inseguridad, particularmente en el cierre de negocios, pérdida de empleos y crecimiento de la informalidad.
La legisladora señaló que ha solicitado en reiteradas ocasiones información al secretario de Economía, Diego Aguerrebere, tanto por escrito como a través de la Junta de Coordinación Política y de la comisión correspondiente, sin obtener hasta ahora una respuesta que permita dimensionar oficialmente el problema.
Gárate Valenzuela sostuvo que la ausencia de información resulta especialmente preocupante porque, mientras comerciantes y empresarios enfrentan una reducción de ingresos y dificultades para mantener sus establecimientos, tampoco existe, según afirmó, una política pública integral que responda a las consecuencias económicas de la violencia.
“No hay información confiable”, afirmó Gárate, quien cuestionó que existan datos provenientes de otras instituciones e investigaciones periodísticas, pero no una medición oficial y articulada del Gobierno estatal.
Más de 67 mil empleos perdidos
Uno de los indicadores que dimensionan la crisis es la pérdida de empleos formales.
De acuerdo con la diputada, más de 67 mil puestos de trabajo se han perdido, mientras diariamente continúan registrándose cierres de establecimientos y casos de empresarios que, ante la imposibilidad de sostener nóminas, rentas y demás gastos de operación, terminan trasladándose a la informalidad.
Advirtió que el fenómeno no necesariamente significa que todos esos negocios hayan desaparecido, sino que algunos establecimientos que anteriormente operaban dentro de la formalidad estarían buscando alternativas para sobrevivir fuera de ella.
La diputada afirmó que comerciantes y empresarios con los que ha tenido contacto se sienten abandonados y enfrentan, además, presión de las autoridades fiscales y de seguridad social para mantener sus obligaciones al corriente, pese al deterioro de sus ingresos.
La priista planteó que, ante una crisis de esta magnitud, el Estado debería facilitar la permanencia de los negocios en lugar de incrementar las cargas administrativas y económicas.
Piden exenciones y facilidades para reabrir negocios
Desde el Congreso local, Gárate aseguró haber planteado formalmente medidas como la exoneración temporal de determinados pagos e impuestos, así como la reducción de trámites para quienes pretendan mantener abierto un negocio, reactivar uno que cerró o iniciar una nueva actividad económica.
Su argumento es que existe una contradicción entre exigir el cumplimiento puntual de obligaciones fiscales y administrativas mientras el Estado no logra garantizar condiciones mínimas de seguridad para comerciantes y empresarios.
“Hay que abrirles la puerta, hay que tender esos puentes, ponerles alfombra roja a los que se están animando a invertir”, sostuvo.
La propuesta también contempla facilitar la reapertura de establecimientos afectados por la crisis y generar condiciones para evitar que más unidades económicas migren hacia la informalidad.
Una ley para crear un fondo de recuperación sigue detenida
Otro de los puntos señalados por la legisladora es la iniciativa para crear una Ley de Resiliencia Económica y Recuperación Territorial, con la que se pretende establecer un fondo destinado a atender las consecuencias económicas y sociales provocadas por fenómenos como la violencia, desplazamientos, sequías y otros eventos que afecten a comunidades y actividades productivas.
Según Gárate, la propuesta plantea utilizar hasta el 3 por ciento permitido por la legislación para constituir un fondo con un piso de alrededor de 200 millones de pesos, además de buscar acceso a recursos federales e internacionales.
El fondo podría destinarse a casos específicos: personas, familias, comercios o comunidades que hayan sufrido afectaciones y requieran recursos para recuperar sus actividades.
Sin embargo, la iniciativa permanece detenida en el Congreso estatal.
“Ahí está durmiendo el sueño de los justos”, afirmó la diputada, quien atribuyó el estancamiento a que la propuesta implica definir recursos presupuestales.
Competencia
Uno de los factores que, de acuerdo con ADECEM, está afectando a las empresas es la competencia basada en ofrecer precios cada vez más bajos para conservar clientes.
Julio Silvas advirtió que esta estrategia puede terminar reduciendo tanto los márgenes de ganancia que los negocios comienzan a descapitalizarse, limitando su capacidad para invertir, conservar empleos y ampliar operaciones.
Finalmente, explicó que el problema no solamente afecta al propietario del establecimiento, sino que puede generar un efecto en cadena sobre el empleo y la generación de riqueza.
Con información del Sol de Sinaloa
