DEL DERECHO A VOTAR AL PODER DE DECIDIR

La igualdad se mide también por quién define las prioridades, administra los recursos y consigue que su voz sea escuchada.

Una mujer deposita su voto y vuelve a casa. Su decisión entra en el cómputo electoral; las horas que dedicará a cuidar, los ingresos de los que dispone y la seguridad con que podrá caminar siguen esperando respuesta. Esa distancia entre la casilla y la vida cotidiana permite examinar cuánto hemos avanzado. Porque una boleta cabe en la mano, pero el ejercicio de la ciudadanía necesita espacio en toda una vida.

El cartel de un conversatorio del Congreso de Sinaloa lleva una idea que merece detenernos: “Mujeres en la Transformación, del derecho a elegir al poder de decidir”. El enunciado plantea una tarea que rebasa cualquier encuentro, averiguar cuánto del reconocimiento político de las mujeres se convierte en autoridad efectiva para orientar la vida pública. Elegir a quienes gobiernan abrió una puerta histórica. Participar en la definición de las prioridades obliga a recorrer el edificio entero.

La pregunta debe acompañarnos a las escuelas, los centros de trabajo, las comunidades rurales y los hogares. Allí se descubre qué tan lejos llega una reforma. La ciudadanía requiere seguridad para hablar, información para argumentar y condiciones materiales para intervenir. Una reunión abierta pierde parte de su sentido si quienes necesitan participar carecen de medios para llegar o si sus propuestas se escuchan por cortesía y después se archivan.

Conviene recordar el camino sin comprimirlo en una sola fecha. En 1947 se reconoció constitucionalmente la participación de las mujeres en las elecciones municipales. El 17 de octubre de 1953 se publicó la reforma que reconoció su ciudadanía plena y sus derechos políticos en el ámbito federal. El 3 de julio de 1955 pudieron ejercer el voto por primera vez en unas elecciones federales, destinadas a renovar la Cámara de Diputados. Son momentos distintos de una conquista que exigió perseverancia.

Aquella conquista fue resultado de luchas sostenidas por mujeres y organizaciones que cuestionaron su exclusión. Reconocer a quienes intervinieron en las reformas obliga también a recordar a quienes hicieron posible que llegaran. La memoria democrática pierde profundidad cuando presenta los derechos como obsequios del poder. Detrás de una disposición legal hay demandas, argumentos, resistencias vencidas y personas cuyos nombres no siempre aparecen en las ceremonias.

Con los años, el reconocimiento avanzó hacia la representación. La reforma constitucional de 2014 incorporó la paridad en las candidaturas legislativas federales y locales. En 2019, una nueva reforma amplió el principio de paridad a diversos espacios del Estado. Esos cambios modificaron las reglas de acceso al poder y pusieron límites a una exclusión que durante demasiado tiempo se presentó como costumbre. Su importancia merece reconocerse sin reservas.

Pero la siguiente pregunta empieza precisamente donde termina el conteo de lugares. ¿Quién encabeza las decisiones? ¿Quién dispone de información suficiente? ¿Quién participa en la elaboración del presupuesto? ¿Qué propuestas reciben atención y cuáles quedan detenidas? Una representación equilibrada abre posibilidades; ejercer el cargo con autoridad y libertad permite desarrollarlas. De ahí la necesidad de observar tanto la composición de las instituciones como su funcionamiento cotidiano.

También debemos conservar una exigencia elemental, las mujeres que gobiernan o legislan están sujetas al escrutinio público. Su presencia constituye un avance democrático, y sus decisiones deben examinarse por sus efectos. Ser mujer no determina automáticamente una agenda, una conducta o una política de igualdad. La rendición de cuentas corresponde a todas las personas que ejercen autoridad. Reconocer derechos implica reconocer también autonomía, diferencias y responsabilidad.

La crítica pública, por su parte, requiere argumentos. Una decisión puede cuestionarse por su costo, su legalidad o sus resultados. Cuando el ataque utiliza estereotipos de género para desautorizar a una mujer o impedirle ejercer sus derechos políticos, aparece otro problema. La reforma legal publicada el 13 de abril de 2020 fortaleció el marco para atender la violencia política contra las mujeres en razón de género. La existencia de herramientas jurídicas exige instituciones capaces de aplicarlas.

Las barreras también aparecen en la distribución del tiempo. Cuidar a una persona enferma, acompañar a un adulto mayor o atender a los hijos requiere horas que condicionan otras actividades. El INEGI estudia ese trabajo mediante la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo. Incorporar su medición a la discusión política permite mirar lo que los horarios de una oficina suelen dejar fuera, para ejercer un derecho también hace falta disponer del día.

Por eso los cuidados requieren respuestas concretas. Compartir responsabilidades en el hogar y contar con servicios públicos de apoyo puede facilitar que una mujer estudie, trabaje o asuma un cargo. Pensemos en una reunión comunitaria: su horario, el transporte y las posibilidades de atender a una persona dependiente influyen en quién consigue asistir. Antes de interpretar una ausencia como desinterés, conviene preguntar qué obstáculos impidieron estar presente.

La autonomía económica añade otra condición. Disponer de ingresos propios y decidir sobre ellos amplía el margen para actuar. La precariedad, en cambio, puede hacer que una actividad pública signifique perder una jornada de salario o asumir un gasto imposible. De ahí la necesidad de vincular representación, empleo y educación. Invitar a las mujeres a participar compromete a las instituciones a examinar el costo real de esa invitación.

En Sinaloa, esa discusión debe escuchar experiencias diversas. Las necesidades de una trabajadora agrícola, una estudiante, una comerciante, una docente o una mujer indígena no son intercambiables. Tampoco lo son las condiciones de una joven y una adulta mayor. Hablar de las mujeres exige reconocer sus diferencias y abrir canales para que expliquen sus prioridades. Una agenda construida sin escucharlas puede terminar confundiendo la representación con la suposición.

Como maestro, encuentro aquí una responsabilidad que empieza en el aula. La igualdad se enseña cuando las alumnas pueden argumentar, disentir, conducir un equipo y ser escuchadas con la misma atención que sus compañeros. También cuando las tareas se distribuyen sin adjudicar el liderazgo a unos y el servicio a otras. Esas prácticas escolares preparan formas de convivencia que después llegan a las instituciones. La educación democrática necesita ejercitarse todos los días.

Esta discusión tendrá un espacio concreto el sábado 17 de octubre, a las diez de la mañana, en el Salón Constituyentes de 1917 del Congreso de Sinaloa. Allí, Ana Francis Chiquete Elizalde, Karina Isabel Franco Meza y María Teresa Guerra Ochoa participarán en el conversatorio «Mujeres en la Transformación: del derecho a elegir al poder de decidir», moderado por Mariel Dayana Vega Yee.

Ana Francis Chiquete Elizalde

Su trayectoria en el servicio público y su participación al frente del Observatorio de Participación Política de las Mujeres de Sinaloa permiten destacar su experiencia en una tarea fundamental: ampliar la presencia femenina en los espacios donde se toman decisiones. Aporta al conversatorio una perspectiva sobre representación política y participación de las mujeres.

Karina Isabel Franco Meza

Combina la experiencia docente con la formación jurídica y el trabajo legislativo. Su recorrido en la enseñanza del inglés y la asesoría en asuntos de igualdad, género e inclusión reúne herramientas valiosas para acercar la educación y los derechos a la vida pública. Su perfil aporta una mirada que vincula juventud, preparación y participación ciudadana.

María Teresa Guerra Ochoa

Su fortaleza es una amplia trayectoria que reúne academia, investigación jurídica, defensa laboral y servicio público. Doctora en Derecho, profesora e investigadora de la UAS y exsecretaria de las Mujeres de Sinaloa, aporta conocimiento y experiencia para examinar cómo convertir los derechos reconocidos en oportunidades reales. Su producción de libros y artículos también destaca su contribución al pensamiento jurídico.

Más allá del encuentro, queda una pregunta que nos concierne como sociedad: ¿qué falta para que los derechos conquistados por las mujeres se ejerzan plenamente en las decisiones que afectan su vida?

Un conversatorio legislativo puede contribuir a esa tarea si convierte las preguntas en compromisos. Sería valioso que de una conversación sobre el poder de decidir surgieran prioridades identificables, facilitar la participación comunitaria, atender la violencia política, fortalecer los cuidados o mejorar las oportunidades económicas. Cada propuesta necesita responsables, plazos, recursos y una forma pública de conocer sus avances. Así, la palabra pronunciada en un recinto adquiere continuidad fuera de él.

El Congreso tiene en la legislación, el presupuesto y la fiscalización instrumentos para sostener esos compromisos. Una partida destinada a cuidados, por ejemplo, exige conocer a quién beneficia, cómo se ejerce y qué continuidad tendrá. Los municipios y las autoridades educativas deben responder desde sus atribuciones. A los hombres nos toca revisar nuestra conducta, cuánto tiempo asumimos de las responsabilidades compartidas y qué sucede cuando una mujer discrepa de nosotros. La igualdad también se prueba al aceptar que la decisión final puede ser distinta de la que preferíamos.

En la vida cotidiana, el cambio se vuelve concreto: una mujer puede continuar sus estudios porque dispone de apoyo para cuidar; puede administrar sus ingresos; puede intervenir en una reunión sin recibir amenazas; puede asumir una responsabilidad pública sin cargar, además, con todas las obligaciones de la casa. Esas posibilidades dan contenido a los derechos. Permiten que la libertad tenga tiempo, sustento y condiciones para ejercerse.

El 17 de octubre invita a mirar lo conquistado y a reconocer lo pendiente. La boleta de aquella mujer entra en el cómputo; su vida debe entrar en las decisiones. Ahí se juega la profundidad de nuestra democracia: en que pueda señalar una necesidad, discutir una prioridad y exigir cuentas con autoridad propia. Después de tantos años de lucha, la pregunta ya no cabe únicamente en la urna: ¿cuánto poder tiene su palabra cuando se cierra la casilla?