Salud Publica en Perspectiva 

Lo que piden los trabajadores del IMSS, y lo que la evidencia dice de cada demanda

dr.victor.ruiz.ruelas@gmail.com

Una enfermera del IMSS que participó en la marcha del 1 de octubre declaró a La Jornada que gana 3900 pesos por quincena y que por eso tiene dos empleos. Una semana después, trabajadores de varios estados instalaron un plantón frente a las oficinas centrales del instituto. Conviene dejar de preguntar si el paro es oportuno y empezar por lo que piden.

El pliego es concreto. Primero, un aumento directo al tabulador de entre 7% y 10%. El sindicato anunció un incremento ponderado de 8.55%, pero solo 2.9% llega al sueldo base; el resto va a ayuda de renta y a la aportación patronal al retiro. Según citan los inconformes, septiembre cerró con una inflación anual de 3.42%, de modo que ese 2.9% en salario base queda por debajo.

La precariedad no es un episodio. Un análisis publicado en 2025 en Human Resources for Health, con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, mostró que el empleo precario entre médicos pasó de 58.7% en 2005 a 75.5% en 2022, y entre enfermeras de 49.0% a 67.3%. Considerando sector público y privado, tres de cada cuatro médicos y dos de cada tres enfermeras del país trabajan en esas condiciones.

Segunda demanda: más personal para frenar la sobrecarga. Aquí la evidencia es de las más sólidas de la medicina hospitalaria. En un estudio de The Lancet de 2014, con 422 730 pacientes quirúrgicos en 300 hospitales de nueve países europeos, cada paciente adicional asignado a una enfermera se asoció con 7% más probabilidad de mortalidad en los 30 días posteriores al ingreso. En otro estudio internacional, el mismo grupo asoció cada paciente extra con 23% más probabilidades de agotamiento profesional. Pedir más plazas es una medida de seguridad del paciente.

Tercera: medicamentos e insumos suficientes. Los trabajadores denuncian desabasto y vacantes que, dicen, se están eliminando. Sin insumos ni plazas, la carga no desaparece: recae sobre quien atiende.

Y esa carga tiene un costo documentado. Un metaanálisis publicado en 2022 en el British Medical Journal, con 170 estudios y 239 246 médicos, asoció el agotamiento con el doble de probabilidades de incidentes de seguridad del paciente y con una intención de dejar el empleo más de tres veces mayor. Son estudios observacionales: muestran asociación, no causa. Pero apuntan en la misma dirección.

Cuarta: la restitución del Régimen de Jubilaciones y Pensiones. Quien sostiene la atención durante décadas pide una vejez digna.

Quinta: que no haya represalias por protestar y que el sindicato convoque un congreso extraordinario, para que las decisiones sobre sus condiciones se tomen con su voz.

Hay algo que el pliego revela y que las cifras de cada demanda por separado no muestran: durante años, el sistema ha funcionado gracias a un subsidio invisible, el que pagan quienes lo sostienen. La enfermera con dos empleos, el médico en un empleo precario, el trabajador que, según denuncian, cubre plazas que nadie ocupa. Ese esfuerzo extra no aparece en ningún presupuesto, pero sostiene la atención diaria del instituto.

Por eso estas demandas no son privilegios. Un salario que alcance, plazas suficientes, insumos en los anaqueles, una jubilación digna y la posibilidad de quejarse sin represalias son las condiciones mínimas para hacer bien el trabajo de cuidar. Y la evidencia lo confirma: cuando esas condiciones faltan, el desgaste de quien atiende termina alcanzando a quien es atendido.

El 14 de octubre habrá una consulta sobre la propuesta salarial. Sea cual sea su resultado, el pliego seguirá ahí, porque la mayor parte de lo que piden no se resuelve con un porcentaje. Se resuelve decidiendo qué lugar ocupa, dentro del sistema de salud, quien lo sostiene todos los días. Escuchar esas demandas no es ceder ante una protesta: es invertir en la salud de todos.