Costa Rica endurece su ofensiva contra el narco y declara terroristas al CJNG, Sinaloa y a otros cuatro cárteles mexicanos
La presidenta Laura Fernández también incluyó a tres organizaciones colombianas en la nueva lista y anunció que viajará a El Salvador para conocer el modelo penitenciario de Nayib Bukele
Costa Rica incluyó a seis cárteles mexicanos y tres organizaciones colombianas en su lista de agrupaciones consideradas narcoterroristas, como parte de una nueva estrategia para reforzar el combate contra el crimen organizado transnacional.
La presidenta costarricense Laura Fernández Delgado anunció la medida este miércoles 14 de octubre durante la inauguración del Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (CACCO), una nueva prisión de máxima seguridad ubicada en el complejo penitenciario La Reforma y con capacidad para 5 mil 100 reclusos.
Entre los grupos mexicanos incorporados se encuentran el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Noreste, el Cártel del Golfo, la Nueva Familia Michoacana y Cárteles Unidos.
La lista también contempla a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. El anuncio fue presentado por Fernández como parte de una ofensiva para impedir que organizaciones criminales transnacionales amplíen sus operaciones en territorio costarricense.
“Costa Rica está empleando todos los recursos que tenemos a nuestro alcance para frenar la avanzada del narcoterrorismo”, declaró la mandataria durante el acto.
Costa Rica refuerza su estrategia contra el crimen organizado
La nueva declaratoria amplía una política iniciada durante la administración del expresidente Rodrigo Chaves, cuando Costa Rica incorporó a su lista de organizaciones terroristas a grupos de Medio Oriente.
Entre las agrupaciones señaladas se encuentran Hezbolá, Hamás, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y Ansar Allah, conocido como el movimiento hutí de Yemen. La decisión adoptada por el gobierno anterior buscó fortalecer las capacidades de prevención, investigación y persecución de redes vinculadas con el financiamiento del terrorismo.
La inauguración del CACCO forma parte de esta misma estrategia de endurecimiento de la política de seguridad. La prisión, diseñada para albergar a 5 mil 100 personas, fue presentada por el gobierno costarricense como una herramienta para recuperar el control del sistema penitenciario y enfrentar el avance de las organizaciones criminales.
El nuevo centro toma como referencia el modelo penitenciario implementado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele, particularmente el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot). Fernández anunció que viajará este viernes a El Salvador para conocer directamente el funcionamiento de ese penal y su modelo operativo.
La ofensiva contra los cárteles también se extiende desde Washington
La decisión de Costa Rica ocurre en un contexto regional marcado por el incremento de las designaciones de organizaciones criminales mexicanas como grupos terroristas por parte de Estados Unidos.
En julio de 2026, el Departamento del Tesoro estadounidense incorporó al Cártel de Juárez y Los Viagras a las categorías de organizaciones terroristas transnacionales, además de mantener las sanciones que ya pesaban sobre ambos grupos por actividades relacionadas con el narcotráfico. Con esa medida, el gobierno de Donald Trump elevó a seis el número de cárteles mexicanos incluidos oficialmente en sus listas de organizaciones terroristas.
Meses antes, en febrero, Washington había designado como Organizaciones Terroristas Extranjeras al Cártel de Sinaloa, CJNG, Cártel del Noreste, Cártel del Golfo y Nueva Familia Michoacana, además de Cárteles Unidos. Estas medidas forman parte de la presión de la administración Trump para combatir el tráfico de drogas, especialmente de fentanilo, hacia Estados Unidos.
El gobierno estadounidense ha acompañado estas designaciones con sanciones financieras y acciones contra dirigentes, operadores y redes vinculadas con los grupos criminales. En julio, por ejemplo, el Tesoro anunció una operación contra más de 50 personas y entidades relacionadas con el CJNG.
En contraste, el gobierno de México ha rechazado acciones unilaterales de Washington dentro del territorio nacional y ha defendido que la cooperación en seguridad debe realizarse bajo principios de respeto a la soberanía.
Con información de Infobae
