LA ESCUELA QUE SALIÓ A RECLAMAR SU FUTURO

Francia: momentos decisivos del movimiento estudiantil moderno y las protestas de octubre de 2026, entre la desigualdad educativa y la obligación de escuchar.

Un pupitre vacío puede significar muchas cosas: enfermedad, abandono, un maestro que falta. Cuando los estudiantes deciden dejarlo vacío y salir juntos a la calle, ese pequeño espacio adquiere otra dimensión: se convierte en una pregunta dirigida al país que debía educarlos. ¿Qué futuro ofrece una sociedad cuando quienes se preparan para habitarlo sienten que deben interrumpir sus clases para ser escuchados?

Escribo desde México, siguiendo las noticias de Francia. Me interesa mirar detrás de las barricadas: la escuela que las precede, las decisiones que las vuelven posibles y las respuestas que podrían hacerlas innecesarias. Al corte de las 7:38 de la mañana de este 17 de octubre de 2026 en Sinaloa —las 16:38 en París—, la jornada francesa sigue abierta. Su desenlace todavía no puede escribirse.

La historia tampoco empieza esta mañana. Este recorrido se detiene en momentos decisivos del movimiento estudiantil moderno: sus organizaciones, sus conquistas, sus heridas y las preguntas que siguen pendientes.

La organización estudiantil francesa tiene una trayectoria anterior a las fotografías del Barrio Latino. La UNEF se fundó en Lille en 1907; en 1946 adoptó la Carta de Grenoble, que concibió al estudiante como un joven trabajador intelectual y vinculó su formación con derechos y responsabilidades sociales. Aquella definición conserva una fuerza incómoda: estudiar también supone participar en la construcción de la sociedad.

La pregunta estaba sembrada mucho antes de 1968: ¿los jóvenes deben limitarse a recibir el mundo o tienen derecho a discutir cómo está organizado?

En 1968, esa discusión desbordó las aulas. El 22 de marzo, Nanterre dio nombre a un movimiento. El 3 de mayo, la evacuación policial de la Sorbona extendió el conflicto; la noche del 10 al 11 quedaron las barricadas del Barrio Latino. El 13 de mayo abrió una fase de movilización social y huelgas que alcanzó fábricas y servicios públicos.

Francia dejó de discutir solamente sus universidades.

Pero la memoria necesita matices. Estudiantes y trabajadores no formaron un bloque sin diferencias. Las negociaciones de Grenelle expresaron la dimensión laboral de la crisis. El 30 de mayo, Charles de Gaulle disolvió la Asamblea Nacional; en junio, la mayoría presidencial obtuvo una victoria electoral contundente. La conmoción cultural y social no se tradujo automáticamente en derrota del gobierno en las urnas.

Conviene recordarlo cuando alguien anuncia una revolución a partir de una multitud. La calle puede modificar la conversación pública, retirar una medida o transformar costumbres. Para convertir esa fuerza en instituciones duraderas hacen falta organización, acuerdos y trabajo posterior a la marcha.

En 1986, otra generación se movilizó contra el proyecto Devaquet, que planteaba cambios en el acceso y funcionamiento de las universidades. La protesta quedó marcada por un nombre: Malik Oussekine. Tenía 22 años y murió después de ser golpeado por policías en la noche del 5 al 6 de diciembre. El 8 de diciembre, el gobierno de Jacques Chirac anunció el retiro del proyecto.

Una reforma puede retirarse. Una vida no puede devolverse.

Por eso, la memoria de Malik obliga a examinar el uso de la fuerza con una exigencia que ningún gobierno debería considerar una ofensa. Quien recibe atribuciones para proteger a la población debe responder por sus decisiones, sus armas y sus consecuencias.

En 2006, el conflicto giró alrededor del Contrato de Primer Empleo, impulsado por Dominique de Villepin. Estudiantes y sindicatos rechazaron un régimen que permitía terminar la relación laboral bajo condiciones especiales durante sus primeros dos años. El 10 de abril se anunció su abandono; la ley del 21 de abril sustituyó el artículo que lo establecía.

La preocupación había cambiado de escenario: del ingreso a la universidad al ingreso al trabajo. Estudiar dejaba de parecer garantía suficiente de estabilidad.

En 2018, la ley de Orientación y Éxito de los Estudiantes introdujo Parcoursup, la plataforma de acceso a la educación superior. El gobierno la presentó como una herramienta para mejorar la orientación y la trayectoria académica. El debate sobre cómo distribuir oportunidades quedó instalado en el corazón del sistema.

Aquí hay una cuestión que rebasa a Francia: cualquier mecanismo de admisión debe explicar sus criterios y permitir revisar sus decisiones. Una plataforma puede ordenar solicitudes; la justicia de un sistema se mide también por las oportunidades reales con que llega cada aspirante.

Así llegamos al otoño de 2026.

Le Monde sitúa el inicio de los bloqueos en el liceo Saint-Exupéry de Créteil, al sureste de París, a mediados de septiembre. Su reportaje del 5 de octubre registra una respuesta concreta: varias contrataciones permitieron reanudar las clases, aunque quedaron demandas pendientes. Associated Press reconstruye la expansión del movimiento hacia otros suburbios y después al país.

Importa precisar el origen: el impulso inicial fue de alumnos de educación media superior. Llamarlos simplemente universitarios borra a los adolescentes que encendieron la discusión.

La periferia también importa. Cuando una escuela funciona con carencias, la desigualdad deja de ser una cifra lejana: aparece en la clase que no se imparte y en las condiciones del edificio. Mi lectura es que el conflicto pone a prueba la promesa de igualdad educativa: cuánto depende la formación del barrio donde se vive.

La CGT anunció su apoyo para el 6 de octubre. En su comunicado recogió reclamos por falta de personal, grupos sobrecargados y edificios deteriorados, además de la exigencia de terminar con Parcoursup. Esa última demanda expresa la posición del sindicato y de los sectores movilizados; no demuestra, por sí sola, que todas las dificultades del acceso universitario procedan de una plataforma.

El caso de Créteil aporta una medida para evaluar cualquier respuesta: comprobar si llegan los docentes y mejoran las condiciones. Escuchar exige identificar necesidades, asignar responsables y permitir que después alguien pregunte qué se hizo con lo escuchado.

Durante los días siguientes creció la expectativa de una convergencia con los chalecos amarillos y otros sectores. Le Monde documentó el papel de las redes sociales y la circulación del nombre “Gilets Jeunes”, un juego de palabras que enlaza juventud y chalecos. También registró incertidumbre sobre convocatorias y puntos de reunión.

Esa mezcla revela una posibilidad y un límite. Las redes pueden reunir agravios dispersos; sostener una negociación requiere vocerías reconocibles, acuerdos verificables y capacidad para rendir cuentas a quienes se movilizan.

Hoy, 17 de octubre, AP reporta manifestaciones contra el encarecimiento de la vida y en apoyo a los reclamos escolares, con respaldo de la CGT. Informa también de incendios, daños y enfrentamientos en París y otras ciudades, junto con marchas pacíficas. Son reportes de una jornada en desarrollo.

La violencia exige distinguir responsabilidades. Atacar personas o incendiar bienes debe investigarse. La actuación policial también debe someterse a controles independientes. Ninguna de esas obligaciones cancela la otra.

Me preocupa que el incendio termine ocupando toda la pantalla y la escuela desaparezca del relato. También que, por simpatía con una demanda justa, se silencien agresiones. El periodismo pierde utilidad cuando escoge de antemano qué sufrimientos merecen ser contados.

Desde México, esta historia despierta inevitablemente la memoria de 1968. Sin embargo, el movimiento mexicano tuvo causas, organización y demandas propias. Presentarlo como una ola que salió de París y desembocó en Tlatelolco empobrece nuestra historia y diluye la responsabilidad del Estado mexicano en la matanza del 2 de octubre.

Las resonancias internacionales ayudan a comprender; las equivalencias automáticas estorban.

Para quienes hemos dedicado la vida a la enseñanza, la pregunta francesa también toca nuestra puerta. ¿Qué mecanismos tienen los estudiantes para señalar carencias antes de llegar al bloqueo? ¿Pueden conocer el presupuesto de su escuela? ¿Reciben una respuesta fundada cuando cuestionan una decisión?

Propongo empezar por compromisos concretos: un diagnóstico público de las necesidades de cada plantel; prioridades que atiendan primero las carencias más graves; presupuesto identificable y fechas de cumplimiento. A ello deben sumarse mesas con representación estudiantil plural, personal docente y autoridades capaces de decidir.

La protesta también necesita cuidar su legitimidad: proteger a las personas, discutir sus métodos y abrir espacio al desacuerdo interno. Un movimiento gana profundidad cuando puede explicar qué pide, por qué lo pide y cómo reconocerá un avance.

Lo que ocurra en Francia podrá ofrecer aprendizajes a otros países. Su alcance dependerá de resultados comprobables: mejores escuelas, decisiones más transparentes y participación que sobreviva al entusiasmo de una jornada.

La tesis que deja este recorrido es clara: una democracia compromete su futuro cuando reduce un reclamo educativo a un problema de circulación y orden público. Su capacidad se demuestra al convertir el conflicto en derechos ejercidos y soluciones verificables.

El pupitre vacío sigue ahí. La tarea del poder es crear las condiciones para que el estudiante vuelva a ocuparlo con confianza: con un maestro presente, una escuela digna y la certeza de que su palabra cuenta incluso cuando permanece sentado.