EL CALOR NO ESPERA A QUE NOS PONGAMOS DE ACUERDO
BITÁCORA INQUIETA
Las decisiones de hoy alcanzarán la vida de quienes seguirán aquí cuando nosotros ya no estemos.
Jesús Octavio Milán Gil
El mundo debe reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero un 18 % para 2030 y un 45 % para 2035, respecto de 2025. La advertencia del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, difundida este 21 de octubre de 2026, exige decisiones cuyos efectos alcanzarán a generaciones que todavía no pueden participar en ellas.
Si las emisiones mundiales de 2025 equivalieran a cien unidades, tendrían que bajar a 82 para 2030 y a 55 para 2035. Lograrlo exige transformar energía, transporte, industria y uso del suelo. Son metas globales; no significan que cada familia deba reducir su consumo en idéntica proporción.
El organismo que presenta el informe, conocido como PNUMA, examina la distancia entre los compromisos de los países y las reducciones necesarias. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC por sus siglas en inglés, evalúa la investigación sobre causas, consecuencias y opciones de respuesta. Sus trabajos permiten contrastar las promesas políticas con la evidencia.
El escenario del PNUMA busca limitar cuánto y durante cuánto tiempo se superará el calentamiento de 1.5 grados respecto del periodo preindustrial. Contempla un máximo de alrededor de 1.7 a 1.8 grados hacia mediados de siglo y una probabilidad cercana al 50 % de regresar a 1.5 grados o menos en 2100. Exigiría recortes profundos y retirar dióxido de carbono de la atmósfera, a una escala cuya viabilidad tiene importantes incertidumbres.
Sería irresponsable presentar esa posibilidad como una reparación asegurada. Una temperatura menor no devolvería automáticamente un ecosistema perdido ni una vida interrumpida.
Ese grado y medio es un promedio planetario. No significa que cada tarde en Culiacán tendrá exactamente ese aumento. Tampoco un año por encima de la marca establece, por sí solo, que se cruzó el umbral climático sostenido. Los daños ya existen y los riesgos crecen con cada incremento: toda fracción de grado que evitemos tiene valor.
Considero indispensable aclarar otra diferencia: emitir lo mismo que el año anterior significa seguir agregando gases. Parte del dióxido de carbono permanece durante mucho tiempo en la atmósfera. Estabilizar las emisiones anuales no basta; limitar el calentamiento exige alcanzar emisiones netas nulas de CO₂ y reducir profundamente otros gases.
En lo cotidiano, los riesgos alcanzan las condiciones para trabajar bajo el sol, aprender en un aula, disponer de agua o sostener una cosecha. La protección depende también de ingresos, vivienda y servicios. El IPCC advierte que comunidades que han contribuido menos al problema sufren impactos desproporcionados. La respuesta debe exigir más a quienes tienen mayor responsabilidad y capacidad.
Sobre ese calentamiento actúa ahora El Niño, una variación natural del sistema océano-atmósfera que redistribuye calor y altera las lluvias.
Al 21 de octubre de 2026, la Organización Meteorológica Mundial estima una probabilidad cercana al 100 % de que persista hasta febrero de 2027. El Centro de Predicción Climática de Estados Unidos señala una probabilidad superior al 83 % de un episodio fuerte a muy fuerte durante enero-marzo de 2027.
Esos porcentajes describen su persistencia o intensidad; no equivalen a una probabilidad de desastre en Culiacán. El fenómeno puede favorecer temperaturas elevadas, sequías en unas regiones y lluvias intensas en otras. Sus efectos locales requieren pronósticos específicos y actualizaciones. Sería precipitado asegurar cuánto lloverá o si las presas sinaloenses se llenarán.
Prepararnos exige información pública sobre agua, agricultura, escuelas y trabajo. La gestión del agua debe mostrar disponibilidad, extracciones, pérdidas y prioridades. Reparar fugas necesita metas. La tecnificación agrícola debe evaluarse por el ahorro real en la cuenca: mejorar un sistema no garantiza conservar agua si después aumenta el consumo total.
La política energética necesita responder cuánto reducirá sus emisiones, cuándo y con qué inversión. La electricidad limpia requiere redes suficientes; controlar el metano exige localizar y reparar fugas. Pemex y los demás operadores deben responder por sus instalaciones, y las autoridades publicar resultados verificables.
En las ciudades, transporte público confiable y calles seguras permiten cambiar hábitos. En los planteles hacen falta agua potable, sombra, ventilación y medidas apropiadas para cada edificio. En los centros de trabajo, descansos, agua y horarios acordes con el riesgo. El jornalero no debería depender únicamente de su resistencia; el maestro tampoco debería pagar las deficiencias del aula.
Mitigar es reducir las causas del calentamiento; adaptarnos es disminuir nuestra exposición y vulnerabilidad. Ambas tareas requieren presupuestos rastreables y apoyos para los hogares con menores ingresos. Una transición que encarece la vida sin ofrecer alternativas pierde legitimidad.
Las acciones personales ayudan, pero ninguna familia puede reorganizar por sí sola el transporte o reparar una red eléctrica. Cada compromiso público debe precisar quién actúa, cuándo cumple, cuánto invierte y cómo se verifica. Gastar recursos no equivale a conseguir resultados.
Tengo 74 años. Cuando leo proyecciones para finales de siglo, sé que hablan de un mundo en el que ya no estaré. Sin embargo, me conciernen. Pienso en mis nietas, en las personas que amarán y en quienes vendrán después. Su vida merece nuestra atención aunque transcurra más allá de la nuestra.
No necesito presenciar el año 2100 para comprender lo que está en juego. Quiero que puedan abrir una llave con confianza, encontrar alimentos accesibles y vivir en ciudades que las protejan del calor. Ningún pronóstico permite contar de antemano todos sus días; nuestras decisiones sí pueden mejorar las condiciones en que los vivirán.
Como abuelo, deseo dejarles oportunidades. Como maestro, sé que ese deseo necesita trabajo. Antes del siguiente periodo de calor, cada autoridad educativa debería mostrar qué planteles protegerá, con qué recursos y en qué fecha. Cada autoridad energética, qué emisiones reducirá y cómo lo demostrará.
Nuestra responsabilidad no termina donde termina nuestra vida.
Cuando nosotros ya no estemos, nuestros nietos y nietas seguirán viviendo con las consecuencias de lo que hoy decidamos aplazar.

