EL PAÍS QUE CABE EN UNA CASA
BITÁCORA INQUIETA
Las preocupaciones nacionales se vuelven urgentes cuando cruzan la puerta del hogar.
La corrupción encabeza las respuestas cuando se pregunta por el principal problema de México. La inseguridad aparece primero cuando la pregunta se refiere a la familia. Entre una respuesta y otra cambia algo más que una posición en la gráfica: cambia la distancia desde la que miramos el país. Una cosa es nombrar lo que creemos que lo lastima; otra, reconocer lo que amenaza nuestra propia puerta.
La encuesta de México Elige de octubre de 2026 permite detenernos en esa diferencia. Sus resultados reúnen preocupaciones sobre seguridad, economía, medicinas y rumbo nacional. Leídos con cuidado, invitan a una pregunta que debería acompañar cualquier balance de gobierno: ¿cuánto de lo que se anuncia se convierte en tranquilidad para una familia?
En la pregunta sobre el principal problema nacional, la corrupción obtiene 32.6%, el porcentaje más alto entre las respuestas individuales. Sin embargo, cuando el estudio agrupa inseguridad, narcotráfico y violencia, la categoría de seguridad suma 34.5% y ocupa el primer lugar. Conviene explicar ambas formas de presentar los datos. Cambiar de categorías sin advertirlo puede producir titulares distintos con las mismas respuestas.
Al preguntar por los problemas familiares, la seguridad alcanza 30.2% y la economía, 28.1%. Son preocupaciones próximas en magnitud, aunque distintas en sus consecuencias. Una obliga a pensar cómo volver a casa; la otra, cómo sostenerla. Ambas pueden reducir las decisiones de una persona: por dónde caminar, a qué hora salir, qué comprar, qué gasto aplazar.
La preocupación económica familiar pasó de 24.5% en septiembre a 28.1% en octubre: aumentó 3.6 puntos porcentuales. Es un movimiento que merece atención, aunque una sola comparación mensual no basta para declarar una tendencia. Nos permite formular una pregunta, todavía abierta: ¿están encontrando los hogares mayores dificultades para cubrir sus necesidades?
Otra respuesta ayuda a entender esa inquietud: 49.6% considera que los precios de los productos que compra han subido mucho durante el último mes. La encuesta registra una percepción del encarecimiento; no mide la inflación oficial. Tampoco permite precisar qué productos explican cada respuesta. Pero sí muestra que una parte considerable de los entrevistados siente presión al comprar.
En una casa, las cuentas se hacen con ingresos concretos. Si aumenta un gasto indispensable, hay que encontrar de dónde cubrirlo. Por eso la discusión económica necesita cifras nacionales y también preguntas sobre la capacidad de compra. Un indicador puede mejorar mientras una familia continúa haciendo ajustes dolorosos. Entender esa posibilidad exige observar ingresos, precios y necesidades con más detalle que el que ofrece una sola gráfica.
La salud introduce una preocupación todavía más delicada. El 69.2% de los encuestados considera que hay desabasto de medicinas en México. Debemos conservar el sentido exacto de la pregunta: ese porcentaje no representa recetas sin surtir, unidades médicas sin medicamentos ni pacientes que interrumpieron tratamientos. Expresa lo que las personas entrevistadas creen que ocurre.
Precisamente por eso, la respuesta pública debería aportar información que permita contrastar esa percepción: disponibilidad por unidad médica, recetas surtidas completas, tiempos de espera y soluciones cuando falta un medicamento. Para quien necesita continuar un tratamiento, saber que existe una compra anunciada resulta insuficiente si todavía desconoce cuándo recibirá lo recetado.
La confianza se construye también en ese encuentro entre una necesidad y una respuesta. Un sistema de salud necesita explicar sus avances y reconocer sus fallas con datos comprensibles. La persona que sale de una consulta debería saber qué sigue, dónde acudir y quién puede resolver un faltante. Ahí comienza una forma elemental de certidumbre.
La extorsión abre otra herida. El 64.6% afirma que él o algún conocido ha sido víctima de ese delito. La precisión importa: la pregunta incluye experiencias propias y ajenas, de modo que sería incorrecto afirmar que ese porcentaje de mexicanos ha sufrido personalmente una extorsión. Tampoco permite contar víctimas únicas, pues varias personas pueden conocer un mismo caso.
Aun con esos límites, la respuesta merece atención junto con otro resultado: 68.8% considera que la extorsión se combate poco o nada. El estudio recoge una valoración severa sobre la respuesta institucional. Para comprenderla mejor se necesitarían datos sobre denuncias, atención, investigaciones y resultados, además de escuchar las razones por las que las víctimas buscan ayuda o deciden callar.
Cuando una amenaza alcanza un negocio, un salario o un patrimonio, también compromete la libertad de decidir. Combatirla exige canales de atención que protejan a la víctima y autoridades capaces de acompañar el caso. Pedir que se denuncie implica asumir una responsabilidad: ofrecer condiciones para que hacerlo tenga sentido y permita encontrar protección.
Con estas preocupaciones a la vista, cobra relevancia que 52.3% considere que México va por mal camino, frente a 40.4% que cree que va por buen camino. Es una evaluación del rumbo, no una explicación de todas sus causas. La encuesta permite conocer el balance que expresan los entrevistados; no autoriza a atribuir a cada uno las mismas razones ni a convertir esas respuestas en identidades políticas definitivas.
La identificación ideológica también muestra un país diverso: 31.2% se considera de izquierda, 29.9% de centro, 20.2% de derecha y 18.7% no sabe dónde ubicarse. Estas etiquetas no explican por sí solas cómo piensa cada persona sobre seguridad, salud o economía. Para conocer esas relaciones harían falta cruces adicionales. Pero su distribución invita a una reflexión: gobernar una sociedad plural exige escuchar también a quienes miran el país desde convicciones distintas.
El país que aparece en el estudio contiene también acuerdos amplios. El 96.5% está de acuerdo con entregar pensiones a personas con discapacidad y 93.5% con entregarlas a adultos mayores. Estos resultados merecen leerse junto con las preocupaciones anteriores. El respaldo a una política social y la exigencia de mejores servicios pueden ser posiciones compatibles. Para saber cuántas personas sostienen ambas harían falta cruces que aquí no tenemos.
Nadie debería verse obligado a renunciar a la crítica para reconocer un beneficio, ni a desconocer una ayuda para señalar una falla. Los apoyos públicos responden a necesidades y deben evaluarse por su alcance, suficiencia y resultados. Recibirlos no cancela el derecho a preguntar por las medicinas, la seguridad o el uso del dinero público.
La seguridad conduce, además, a una discusión sobre soberanía. El 59.7% considera necesaria la colaboración con Estados Unidos para combatir al narcotráfico. Sin embargo, las modalidades importan: 86.5% aprueba compartir información, mientras 47.5% acepta que el Ejército estadounidense detenga narcotraficantes en territorio mexicano y 52.5% lo rechaza. En otra pregunta, 50.8% considera que un ataque estadounidense contra el narco en México violaría la soberanía nacional. Colaborar comprende decisiones distintas, con responsabilidades y límites que deben explicarse. Proteger a las familias exige eficacia y también claridad sobre quién actúa, bajo qué autoridad y con qué controles.
La democracia completa esta mirada: 64.5% cree que actualmente corre riesgo en México. La respuesta expresa una preocupación; por sí sola no identifica sus causas ni demuestra cuáles instituciones están fallando. Sí obliga a escuchar y a preguntar qué condiciones necesita la ciudadanía para confiar. Desde mi perspectiva, esa confianza requiere libertad para disentir, información para evaluar y medios efectivos para exigir cuentas. La democracia entra en una casa cuando sus habitantes pueden reclamar un derecho sin miedo y encontrar una autoridad que responda.
La encuesta reunió 2,248 entrevistas del 4 al 7 de octubre de 2026 entre adultos mexicanos residentes en el país, con acceso a dispositivos móviles y presencia en Facebook o Instagram. México Elige declara 95% de confianza, un margen de error de ±3.1% y ajustes de ponderación. Su alcance debe leerse con cuidado: quienes quedan fuera de esas plataformas también forman parte del país.
Como maestro, creo que leer una encuesta exige el mismo cuidado que interpretar cualquier medición: saber qué se preguntó, a quién y mediante qué procedimiento. Una cifra se vuelve útil cuando comprendemos su alcance. Exagerarla puede dar fuerza momentánea a un argumento, pero debilita la conversación que necesitamos sostener.
La tarea pública que sugieren estas respuestas es concreta: hacer verificable el acceso a medicamentos, proteger y atender a las víctimas de extorsión, transparentar decisiones y publicar resultados que puedan revisarse. También hace falta escuchar a quienes quedan fuera de estas mediciones. La rendición de cuentas gana valor cuando permite corregir, asignar responsabilidades y comprobar si una respuesta llegó a tiempo.
Desde Sinaloa, me interesa preguntar qué necesita una familia para vivir con tranquilidad: salir y regresar a casa, sostener sus gastos, encontrar atención cuando alguien enferma. Como ciudadano y docente, creo que debemos llevar esas preguntas a la conversación pública y exigir respuestas que podamos comprobar. Ahí adquieren sentido las cifras: cuando nos ayudan a reconocer una necesidad y a evaluar si alguien está respondiendo.
El país también se gobierna hasta la puerta de una casa. Allí esperan personas con nombre, necesidades y derechos. Ningún balance está completo mientras ignore lo que ocurre de ese lado.
Un gobierno debe rendir cuentas hasta donde una familia tiene que hacerlas.
