LOS DERECHOS NO SE EJERCEN EN EL PAPEL

Presupuesto 2027, la desigualdad se mide en atención médica, lugares de cuidado y oportunidades para aprender.

Una receta pendiente, una madre que busca quién cuide a su hijo y un maestro frente a un salón con carencias, por esas puertas debe entrar la discusión del presupuesto. Allí se conoce el valor del dinero público. Allí un aumento anunciado tiene que convertirse en un servicio disponible.

El proyecto de presupuesto para 2027 propone incrementos en salud, cuidados y educación. Sin embargo, las cifras reunidas plantean una pregunta incómoda: ¿cuánto de ese esfuerzo alcanzará para corregir las desigualdades y cuánto terminará convertido en una promesa que las instituciones no logran cumplir?

El presupuesto todavía es una propuesta. Conviene discutirlo ahora, cuando la Cámara de Diputados puede modificarlo y exigir explicaciones. Esperar a que aparezcan los resultados insuficientes significa llegar tarde a una decisión que compromete vidas enteras.

En salud se prevén 1.11 billones de pesos. Según el análisis de México Evalúa el gasto anual promedio por persona con seguridad social sería de 11,744 pesos, frente a 5,284 para quienes carecen de ella: una relación aproximada de 2.2 a uno.

Son promedios presupuestarios, no cantidades que cada paciente recibirá en efectivo ni garantías de atención individual. Aun con esa precisión, la diferencia es contundente: 6,460 pesos por persona. La población sin seguridad social dispondría, en promedio, de alrededor de 55% menos recursos.

El dolor no pregunta por el tipo de contratación. La fiebre de un niño no cambia porque su madre tenga empleo formal o venda alimentos por su cuenta. Pero el financiamiento sí distingue entre esas circunstancias. La desigualdad del mercado laboral termina prolongándose dentro del sistema de salud.

Eso merece una respuesta pública mucho más exigente que anunciar cobertura universal. Ampliar un padrón requiere acompañarse de personal, medicamentos, consultas, estudios y capacidad hospitalaria. La afiliación administrativa debe abrir una puerta que efectivamente funcione.

México Evalúa estima que igualar ese gasto por persona exigiría unos 415 mil millones de pesos adicionales. Es una estimación de financiamiento, no una garantía automática de igualdad en la atención. También haría falta corregir diferencias territoriales y capacidades de operación. Pero ofrece una medida del desafío: la universalidad necesita recursos identificables, plazos y responsables.

Esa distancia entre el derecho anunciado y el servicio disponible también obliga a mirar dentro de las instituciones. El IMSS concentra varias responsabilidades fundamentales: atender la enfermedad, sostener el retiro y ofrecer cuidados infantiles. Su presupuesto debe examinarse a partir de lo que consigue en cada una.

El IMSS muestra otra tensión. Su presupuesto crecería 9.8% real y 61% se destinaría a pensiones. Por tanto, sería engañoso presentar el incremento total como si todo fuera a convertirse en consultas, camas o medicamentos. Hay que explicar cuánto corresponde a cada obligación.

Las pensiones son derechos adquiridos y sostienen hogares. Quienes trabajaron y cotizaron merecen certeza. La atención médica también necesita financiamiento suficiente. Enfrentar a pensionados con pacientes sería trasladar a las familias un problema que corresponde resolver al Estado mediante planeación financiera y prioridades explícitas.

El presupuesto debe proteger ambas necesidades y mostrar sus cuentas por separado. ¿Cuánto crecerá realmente la capacidad de atención? ¿Qué unidades recibirán personal? ¿Qué inversión llegará a cada región? Esas respuestas permiten evaluar un aumento sin confundir sus destinos.

También importa lo que sucede después de aprobarlo. Entre 2013 y 2025, la inversión del IMSS ejercida quedó 33% por debajo de lo autorizado, según el análisis. Hablamos del rubro de inversión, no de todo su presupuesto.

Ese antecedente obliga a revisar la capacidad de ejecución. Aprobar recursos para una obra no construye sus paredes. Se necesitan proyectos completos, adquisiciones oportunas, supervisión y personal para operar lo terminado. Cada proyecto detenido debe tener una explicación pública, qué lo frenó, quién debe resolverlo y cuándo estará disponible.

El subejercicio no demuestra por sí solo corrupción. Tampoco debe convertirse en una palabra administrativa que vuelva tolerable la incapacidad. Si hay irregularidades, deben investigarse; si hay obstáculos de gestión, deben corregirse. Una comunidad que espera servicios necesita resultados, no una colección de excusas.

La capacidad de una institución también se mide cuando una familia intenta organizar su jornada. Para quien necesita trabajar y tiene un hijo pequeño, encontrar una guardería puede ser tan decisivo como conseguir una consulta. Ambas puertas forman parte de la protección que espera de la seguridad social.

En cuidados, la propuesta asignaría 26,700 millones de pesos al cuidado infantil, con un crecimiento real de 5.9%. Es importante delimitarlo: ese monto no representa todas las necesidades de cuidados de la sociedad.

El dato presupuestario contrasta con la trayectoria del servicio. En 2026, las guarderías del IMSS atendieron 8.1% menos niñas y niños que en 2019. Además, el número de establecimientos pasó de 1,554 en 2008 a 1,271 en 2026: 283 menos.

Las comparaciones abarcan periodos distintos. El número de establecimientos tampoco informa, por sí solo, cuántos lugares están disponibles o si cambió la demanda. Hace falta conocer capacidad, ocupación, listas de espera, distancias y horarios. Precisamente por eso, las autoridades deben explicar la reducción y demostrar dónde se está atendiendo a las familias que necesitan el servicio.

Cuando falta un lugar de cuidado, alguien debe reorganizar su vida. Una madre puede perder una oportunidad de trabajo; un padre, reducir su jornada; una abuela, asumir otra responsabilidad cotidiana. El presupuesto debe reconocer ese tiempo y ese esfuerzo que sostienen a las familias, aunque no aparezcan como gasto del Gobierno.

Una política de cuidados necesita medir la posibilidad real de utilizarla: que exista un lugar seguro, cercano y compatible con los horarios laborales. El aumento del dinero debe acompañarse de metas territoriales de atención y estándares de calidad verificables.

Esa responsabilidad continúa cuando el niño llega a la escuela. Cambian sus necesidades, pero permanece la obligación pública de acompañar su desarrollo. De poco sirve celebrar cada etapa por separado si entre una y otra las familias encuentran servicios insuficientes y oportunidades desiguales.

En educación, el gasto federal crecería 7.6% real y equivaldría a 3.2% del producto interno bruto. Aquí debemos afinar la comparación: el artículo 119 de la Ley General de Educación fija un mínimo de 8% del PIB para el financiamiento educativo del Estado en su conjunto. Compararlo directamente con el componente federal no basta para calcular el incumplimiento total.

La distancia aritmética es de 4.8 puntos, pero los universos son diferentes. Para evaluar el cumplimiento legal se requiere sumar las aportaciones públicas correspondientes sin duplicarlas. Esta precisión hace más seria la exigencia: las autoridades deben publicar una cuenta consolidada y una ruta de financiamiento que pueda ser examinada.

Hay otra transformación importante. En la comparación de México Evalúa entre 2013 y la propuesta para 2027, las becas pasarían de 5.9% a 15.3% del gasto educativo; el rubro de servicios educativos, de 20.2% a 14.7%. No es un cambio ocurrido en un solo año, ni ese rubro equivale a todo el funcionamiento escolar.

Como maestro, defiendo el apoyo a quien enfrenta dificultades para continuar sus estudios. Una beca puede ayudar a pagar el transporte y aliviar gastos familiares. También sé que aprender requiere docentes, materiales, instalaciones, acompañamiento y tiempo. La política educativa debe sostener todas esas condiciones y evaluar sus resultados.

La pregunta es qué combinación de apoyos permite permanecer en la escuela, aprender y concluir una trayectoria con oportunidades. Para responderla se necesitan evaluaciones públicas, no únicamente cifras de beneficiarios. El alumno importa durante toda su formación, también después de recibir el depósito.

Salud, cuidados y educación forman parte de una misma responsabilidad. Una enfermedad puede consumir los recursos del hogar; la falta de cuidado infantil puede impedir trabajar; una escuela insuficientemente equipada puede limitar oportunidades. Discutir esas partidas por separado no debe hacernos perder de vista la vida que las conecta.

Propongo exigir cinco compromisos al discutir el presupuesto: una trayectoria financiada para reducir la brecha sanitaria; seguimiento público de cada inversión del IMSS; metas locales de cobertura infantil; una cuenta consolidada del gasto educativo; y evaluaciones que relacionen becas, servicios y aprendizajes.

Cada compromiso necesita dinero, calendario, autoridad responsable e indicadores. Después, informes sobre lo aprobado, lo modificado, lo ejercido y lo conseguido. Esa información debe permitir que una comunidad identifique qué le corresponde y reclame cuando no se cumple.

Los aumentos presupuestarios merecen examinarse con seriedad. Su sentido público se demuestra al transformar las condiciones de vida. La responsabilidad política alcanza tanto a quien propone como a quien aprueba y a quien ejecuta.

El presupuesto tendrá que responder ante quienes esperan: el paciente con una receta pendiente, el pensionado que cuenta con su ingreso, la madre o el padre que necesita una guardería y el alumno que llega a aprender. Cada uno pone a prueba una parte de la promesa pública. Cuando se apaguen los micrófonos y termine la discusión legislativa, ellos seguirán allí. La última palabra sobre el presupuesto la tendrá la vida cotidiana: si hubo atención, si alcanzó la pensión, si abrió la guardería, si pudo enseñar la escuela.

Un país que proclama derechos debe sostenerlos durante todo el año, en cada institución y frente a cada familia. El presupuesto cumple su propósito cuando llega la atención, aparece el lugar de cuidado y la escuela puede enseñar. Hasta entonces, sigue pendiente la parte más importante de la promesa.