Detienen en Bogotá a juez mexicano vinculado al Cártel de Sinaloa y millonarios sobornos

La aprehensión del juzgador se concretó cuando se disponía a abordar un vuelo con destino a México.

En una operación coordinada entre las autoridades colombianas, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, fue detenido en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá el juez federal mexicano Luis Benítez Alcántara. El impartidor de justicia es acusado de aceptar sobornos multimillonarios a cambio de favorecer a una célula transnacional de narcotráfico asociada con el Cártel de Sinaloa.

La aprehensión del juzgador se concretó cuando se disponía a abordar un vuelo con destino a México. De acuerdo con las investigaciones de la justicia estadounidense, Benítez Alcántara enfrenta nueve cargos federales, destacando la acusación de haber recibido un soborno de 2 millones de dólares.

El dinero habría tenido como propósito liberar de manera irregular a Andrew Clark, un ciudadano canadiense de 36 años señalado como el número dos de una red internacional de tráfico de cocaína y socio cercano de Ryan James Wedding (exatleta olímpico y presunto líder criminal vinculado a la misma organización delictiva).

Los fiscales del caso sostienen que entre noviembre de 2024 y febrero de 2025, la red criminal movilizó recursos a través de intermediarios para comprar la libertad de Clark, quien enfrentaba un proceso de extradición que estaba bajo la responsabilidad del juez Benítez Alcántara. El 24 de febrero de 2025, tras presuntamente concretarse el pago total del soborno, el juez concedió la libertad bajo fianza al operador extranjero, aunque este fue recapturado poco después y puesto a disposición de la justicia de Estados Unidos.

Tras su captura en territorio colombiano, el gobierno estadounidense formalizó los trámites correspondientes para solicitar su extradición a fin de que responda ante una corte federal. De ser hallado culpable de los cargos fincados en su contra, el exjuzgador mexicano podría enfrentar una pena máxima de 15 años de prisión federal por cada cargo.

El caso ha generado amplia repercusión internacional al evidenciar las redes de corrupción transfronteriza que protegen operaciones del narcotráfico a gran escala, mientras la defensa jurídica del exjuzgador analiza las vías legales para responder a las acusaciones en medio del proceso de extradición.

Con información de Código San Luis