El hallazgo de un bebé en el Cereso de San Miguel en Puebla evidencia la falta de seguridad y de controles necesarios al interior de la mayoría de centros penitenciarios en México, en donde una constante son los motines. Apenas este martes, se presentó una riña en el penal de Colima, que dejó al menos ocho muertos y siete heridos.

Ciudad de México, 27 de enero.- El Centro de Reinserción Social (Cereso) San Miguel en Puebla, en donde hace una semana fue hallado el cuerpo del bebé Tadeo que fue exhumado de manera clandestina de un panteón en Iztapalapa, carga a cuestas un historial de malas prácticas, colusión de funcionarios con reos, venta de droga, así como falta de seguridad y de controles necesarios al interior del penal.

El 10 de enero un interno localizó el cuerpo sin vida el cuerpo de un menor, quien después fue identificado como Tadeo, en un bote de basura del penal. Durante días se especuló sobre la procedencia del menor, y su identidad. Más tarde se confirmó que se trataba de un pequeño que murió el 5 de enero en la Ciudad de México, cuyos restos fueron exhumados de manera clandestina luego de que se sepultó, el 6 de enero.

La situación llevó a que las autoridades estatales fueran cuestionadas sobre los controles al interior de este Centro de Reinserción.

La noticia causó indignación entre activistas, organizaciones de derechos humanos, y la población en general, quienes desde entonces se preguntan cómo lograron introducir al menor sin vida al penal poblano, porque las autoridades no se percataron de que el menor no salió del lugar, y con qué finalidad ingresaron el cuerpo, entre otros cuestionamientos que continúan sin respuesta, hasta el momento.

Las autoridades de Puebla confirmaron el martes pasado la detención de 21 personas presuntamente implicadas en el hecho, como confirmó el Gobernador Miguel Barbosa Huerta. Incluso el Secretario de Seguridad Pública (SSP) estatal, Rogelio López Maya, fue relevado por Daniel Iván Cruz Luna.

Por su parte, el cuerpo de Tadeo regresó a la capital mexicana, en donde nació, para ser enterrado de nuevo. La activista Saskia Niño de Rivera, detalló que al momento de su muerte, el menor contaba con 3 meses de edad, su alumbramiento tuvo lugar el 4 de octubre de 2021, pero desde ese momento presentó problemas intestinales, que le causaron la muerte el 5 de enero de este año.

El menor fue sepultado el 6 de enero, pero luego hacerse público el hallazgo del cuerpo del pequeño en el penal de Puebla, del que se proporcionaron algunos detalles, los padres descubrieron que se trataba de su hijo. Además, denunciaron que tras percatarse de que los restos de Tadeo fueron sacados de su tumba fueron amenazados por los encargados del panteón para que no denunciaran el delito, pese a lo cual presentaron la demanda correspondiente.

UN HISTORIAL DE IRREGULARIDADES

Esta no es la primera vez que tienen lugar actos delictivos al interior del Cereso de Puebla, ya que en ocasiones anteriores se ha evidenciado la falta de seguridad y de controles necesarios al interior del penal. En abril de 2020, por ejemplo, se realizó un operativo en el que fueron incautados 121 teléfonos celulares y decenas de artículos prohibidos en posesión de los reos del lugar.

De acuerdo con un comunicado de la SSP local, los objetos se encontraron durante una revisión a los dormitorios y áreas comunes, los cuales estaban escondido en bolsas que aparentaban contener basura, y otras zonas ocultas, para que no les fueran incautados a los internos, quienes tiene prohibido poseer alguno de estos artículos.

“Además, localizaron 111 cargadores para teléfonos celulares, 26 puntas hechizas, 72 audífonos, ocho memorias USB, una bocina, 28 discos apócrifos, cuatro utensilios para fumar marihuana y una máquina para tatuar hechiza”, detalló la SSP de puebla en el comunicado.

Sin embargo, un mes antes, en marzo de 2020, la dependencia estatal de seguridad dio a conocer que realizó un operativo a petición del Gobernador Miguel Barbosa, en el que también encontraron teléfonos celulares, armas, drogas, más de cien pantallas de televisión, e incluso sellos que eran utilizados para realizar facturas falsas de automóviles.

Agregó que decomisaron 118 gramos de droga, de la conocida como cristal, 82 envoltorios de heroína, cuatro gramos de cocaína, 100 envoltorios, que en total sumaban 264 gramos de marihuana y cuatro básculas para pesar gramos. También 11 teléfonos celulares, 108 armas punzocortantes, 228 navajas, 84 utensilios para consumir droga, 96 charrascas, 106 pantallas de televisión, y 106 mil pesos.

En el operativo participaron 3 mil efectivos pertenecientes a la SSP de puebla, a la Guardia Nacional y a la Secretaría de la Defensa Nacional. Foto: SSP de Puebla

A finales de ese mismo año, la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla emitió una recomendación para que se investigara y sancionara a las autoridades que permitieron que se realizaran diversas fiestas en el Cereso de Puebla, específicamente en el área varonil, a las que también acudían internas.

La recomendación tuvo lugar luego de que medios locales publicaron diversas notas periodísticas entre 2018 y 2019, en las que también se denunciaba que quienes visitaban a sus familiares en el penal debían pagar 20 pesos, otros aseguraban que las reclusas del mismo Cereso eran obligadas a prostituirse después de las 20:00 horas, cuando eran llevadas por la fuerza a las instalaciones de la población varonil, con autorización de los directivos.

También se denunció la supuesta venta de las celdas del penal por hasta 15 mil pesos, así como el pago de mil pesos diarios por parte de los internos hacia otros grupos de reos que controlaban el penal, y extorsiones por parte del entonces subdirector de Seguridad y Custodia, Freddy Carbajal Mora, contra reos, familiares de éstos, y castigos físicos a los internos que no cedían a estas presiones económicas.

Pero en la recomendación 25/2020, dirigida a Raciel López Salazar, quien en ese momento era el titular de la SSP del estado, el organismo sólo acreditó que, hasta noviembre de 2019, tuvieron lugar diversas celebraciones en ese penal, “principalmente los días viernes, sábado y domingo”, detalló.

Añadió que dichas fiestas tenían “permisividad y/o anuencia de las autoridades penitenciarias que se encontraban en funciones en dicha anualidad, se brindaban las facilidades para que las mujeres privadas de la libertad que estuvieran de acuerdo en acudir, fueran conducidas al área masculina del Centro Penitenciario”, en las que “algunas de ellas recibían cierta cantidad de dinero”.

La Comisión también se refirió a la seguridad jurídica de los menores que viven en el penal San Miguel con sus madres, ya que “quedó acreditado que los menores que se encuentran en compañía de sus madres privadas de la libertad en el CRSP, cuentan con una atención deficiente en materia de Salud, Educación y Alimentación, y que el personal del Centro Penitenciario mencionado, no cuenta con especialistas en dichas materias, para la correcta atención de los menores”, detalló.

Por ello, ordenó iniciar una investigación para deslindar responsabilidades en materia administrativa contra los servidores públicos, que permitieron las reuniones, en la que se solicitó la colaboración de la Fiscalía General de Puebla, y adoptar medidas para evitar cualquier tipo de contacto entre los reclusos, hombres y mujeres, al interior del centro penitenciario.

La CDH de Puebla hizo recomendaciones por fiestas que se llevaban al interior del penal. Foto: Mireya Novo, Cuartoscuro.

Asimismo, solicitó una indagatoria contra el área médica, y que se contrate a personal capacitado en áreas como pediatría, neonatología, estimulación temprana y educadoras, con el propósito de garantizar que se brinde una atención profesional especializada a los menores que viven con sus madres en el Cereso, y que se realicen las debidas adecuaciones en el ámbito de infraestructura inmobiliaria y de equipamiento.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en 2019 ese centro penitenciario obtuvo una calificación de 6.69, en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP). La evaluación encontró deficiencias en rubros como la garantía de integridad de los internos, una estancia digna, condiciones de gobernabilidad, la reinserción social del interno y atención a internos con requerimientos específicos.

El DNSP destacó que en el Cereso San Miguel existe una sobrepoblación de reos, ya que el penal cuenta con una capacidad para dos mil 39 reos varones y 358 internas mujeres, sin embargo, presentó en ese entonces una sobrepoblación de tres mil 693 presos en el área de hombres, lo que genera condiciones de hacinamiento. También indicó que existía insuficiencia para prevenir y atender incidentes violentos, así como para remitir quejas de probables violaciones a los derechos humanos.

Sobrepoblación, hacinamiento, la mala condición de las instalaciones, el poco personal de seguridad, el control de los criminales sobre el penal y la ineficacia de los programas de reinserción social son las principales problemáticas. Foto: Rogelio Morales, Cuartoscuro

En el mismo documento se indicó que las instalaciones necesarias para el funcionamiento del centro eran insuficientes o, incluso, inexistentes. La misma situación para las condiciones materiales e higiene de la cocina y/o comedores, así como los materiales e higiene de instalaciones que permiten la comunicación con el exterior.

En su Diagnóstico de 2019, la CNDH también destacó que se contaba con poco personal asignado a la seguridad y custodia del Cereso, además de detectarse la presencia de actividades ilícitas y cobros. Mientras que la separación entre procesados y sentenciados fue calificada como deficiente, situación que no es ajena a la mayoría de los penales que hay a lo largo del territorio mexicano.

Este martes, tuvo lugar una riña al interior del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Colima, la cual dejó, al menos, ocho reos muertos y siete más heridos. La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado detalló que el altercado ocurrió a las 09:00 horas en los dormitorios A y B del penal, en donde también se localizaron diversas armas punzocortantes y un arma de fuego.

RIÑAS Y MOTINES, LA REALIDAD EN LOS PENALES

El 7 de enero, 56 reos resultaron heridos durante un enfrentamiento en el penal de Apodaca, Nuevo León. Autoridades del estado detallaron que el incidente inició por el cobro de 70 pesos entre internos del lugar, por lo que el propio Aldo Fasci, Secretario de Seguridad local, indicó que se habría formado un grupo de presuntos extorsionadores al interior del lugar.

Tras la riña se llevó a cabo una revisión en el centro penitenciario, en donde se encontraron tres celulares, que supuestamente pertenecían a los extorsionadores, siete paquetes de marihuana y 27 envoltorios de cocaína, que estaban dentro de latas de jugo.

Durante el motín, el portón del penal se cayó inesperadamente, mientras varias persona esperaban información de sus familiares que cumplen alguna condena, lo que provocó que dos civiles y un reportero resultaran heridos, ya que la prensa local también se había congregado en el lugar para reportar el hecho

Entre el 29 y 30 de octubre de 2019, seis internos murieron durante dos riñas registradas al interior del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Atlacholoaya, en el municipio de Xochitepec, Morelos. Además, dos resultaron heridos.

Entre las víctimas mortales estuvo Raymundo Isidro “N”, alías “El Ray”, identificado como líder en el estado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); José Manuel “N”, Roberto “N”, Lorenzo “N”, Vicente “N”, Néstor “N”. Sobre las personas lesionadas, las autoridades informaron que fueron identificadas como Leopoldo “N” y Adalberto “N”.

Una situación similar se repitió en julio de 2020, en el mismo Cereso, en donde cuatro internos perdieron la vida, y dos reos más resultaron heridos, por lo que fueron trasladados para su atención médica a un centro hospitalario. En octubre de ese mismo año, la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) de Morelos informó que 50 internos de la Cárcel Distrital de Cuautla participaron en un altercado que no dejó muertos ni lesionados.

El 24 de noviembre de 2019, tuvo lugar un amotinamiento al interior del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, ubicado en Villa de Ayala, Morelos, que dejó como saldo el fallecimiento de un interno y cuatro heridos, entre ellos dos custodios. Los primeros reportes indicaron que al medio día, los reos tomaron áreas importantes en el penal y oficinas de Gobierno.

El martes 22 de junio de 2021, se desató una riña en el Centro de Readaptación Social del Estado de Tabasco en Villahermosa, Tabasco, queb dejó a seis internos muertos y nueve más heridos. Las primeras versiones señalan que los hechos ocurrieron cuando dos grupos antagónicos comenzaron a pelear en el centro del penal, en donde se utilizaron armas hechizas, machetes y palos.

Elementos de la Guardia Nacional, Policía Estatal y Federal, y la Fiscalía General del Estado ingresaron a las instalaciones del penal para poner fin al enfrentamiento, que inició alrededor de las 17:00 horas. Además, se llevó a cabo el pase de lista y la revisión de celdas.

“El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Hernán Bermúdez Requena, rápidamente movilizó a los elementos policiacos para terminar con el conflicto y ordenó llevar a cabo el pase de lista de las Personas Privadas de la Libertad (PPL) y la revisión de todas las celdas”, se explicó un comunicado.

En mayo de 2020, en el entonces Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, se desató una riña que dejó como saldo siete muertos y nueve heridos, luego de que cinco internos agredieron a otro, lo que generó molestía entre el resto de los reos, según indicó José Antonio Pérez Juárez, director general del penal.

En ese momento, Gerardo Octavio Solís, titular de la Fiscalía General de Jalisco, detalló que tres de las víctimas murieron a causa de impactos de bala de arma de fuego, y el resto a causa de golpes. En el centro penitenciario también se aseguraron dos armas de fuego y un artefacto explosivo de fabricación casera.

Meses más tarde, el Cefereso, de donde en 2001 se escapó Joaquín, “El Chapo, Guzmán, usando un carrito de lavandería, según se aseguró en la versión oficial, cerró sus puertas, por una reorganización en el sistema de penales debido a la privatización que se hizo de esas instalaciones, indicó en ese momento el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Hasta el 2020, el DNSP señaló que las cinco cárceles del país con las calificaciones más bajas se encuentran en Tamaulipas, Nayarit e Hidalgo, en donde la sobrepoblación, el hacinamiento, la mala condición de las instalaciones, el poco personal de seguridad, el control de los criminales sobre el penal y la ineficacia de los programas de reinserción social son las principales problemáticas que se repiten en los centros penitenciarios.

 

Con información de Sin Embargo

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