En medio de una investigación administrativa y penal por presuntos actos de corrupción de funcionarios de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), Diconsa y Liconsa, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que, en 2020, en esas instituciones hubo irregularidades en contrataciones, comprobación de pagos, faltantes de mercancías y hasta salidas de efectivo injustificadas que representan un daño al erario por 8 mil 638 millones de pesos.

La ASF publicó este domingo la última entrega de la revisión de la Cuenta Pública 2020. El Informe General Ejecutivo señala que en Segalmex se detectaron observaciones por 5 mil 640.6 millones de pesos; en Diconsa, por 1 mil 413.4 millones, y en Liconsa por 1 mil 583.9 millones.

Los hallazgos de la Auditoría se publican un mes después de que el gobierno federal diera a conocer el inicio de una investigación administrativa y la presentación de denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por posibles irregularidades cometidas por funcionarios públicos, proveedores y prestadores de servicios de Segalmex, Diconsa y Liconsa.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), como cabeza del sector, destituyó a Bernardo Fernández Sánchez como director de Operaciones de Segalmex; a Manuel Lozano Jiménez, quien fungía como apoderado legal y director de Comercialización de Liconsa y Diconsa, y a Carlos Antonio Dávila Amerena, director de Asuntos Jurídicos.

Por decreto presidencial, la creación de Segalmex sustituyó las funciones de la Conasupo; Diconsa y Liconsa, que son empresas paraestatales, están subordinadas a Segalmex y han fungido como compradoras y distribuidoras, especialmente, de granos, alimentos no perecederos y leche.

En su informe, la ASF indicó que las mayores anomalías en el ejercicio fiscal 2020 fueron detectadas en Segalmex en los rubros de inventarios, ingresos, pagos por adquisición de bienes y servicios, así como en su registro contable y presupuestal.

Entre las irregularidades, se detectó la pérdida de bienes y recursos, como faltantes de maíz y frijol en inventarios; productos de canasta básica cuya entrada a almacenes no se acreditó, y hasta salidas de efectivo no identificadas con su concepto.

También hubo adquisiciones y pagos sin soporte documental de maíz, frijol, canasta básica y leche; pagos sin soporte documental de subsidios de arroz, trigo y maíz, y pagos que excedieron el tonelaje o precio de garantía establecidos para maíz y frijol.

Se detectaron pagos por concepto de subcontratación de personal (outsourcing) sin que se acreditara la prestación del servicio; pagos por pesticidas sin acreditar su recepción, así como incumplimientos de contratos por arrendamiento vehicular sin que se aplicaran las penalizaciones correspondientes.

En Diconsa, la ASF detectó salidas de mercancía de canasta básica sin facturar; falta de toma física de inventarios, así como faltantes de maíz y frijol en almacenes.

También hubo irregularidades en pagos y cobros. Por ejemplo, hubo erogaciones por la subcontratación de personal sin que se acreditara la prestación del servicio de parte del proveedor, y pagos por tarimas sin que se comprobara su recepción. Tampoco se acreditó la recuperación por devoluciones de bolsas de invernadero, y hubo adeudos sin recuperar de exfuncionarios, impuestos y productos caducos (cárnicos y abarrotes).

En el caso de Liconsa, la Auditoría encontró que se realizaron pagos a proveedores sin que estos entregaran certificados de análisis de su laboratorio de control de calidad, los cuales fueron establecidos como parte de los entregables en los contratos y convenios suscritos con ellos; encima de eso, indicó la ASF, estos instrumentos jurídicos fueron formalizados por funcionarios que no contaban con las facultades legales para ello.

También se detectaron pagos por el transporte de productos lácteos, por la subcontratación de personal y por leche fresca sin que se contara con la documentación que acreditara la recepción de los bienes y servicios.

La ASF indicó que Liconsa no presentó la documentación justificativa y comprobatoria de pagos anticipados a proveedores por servicios asociados al proceso de coproducción de lácteos y sus derivados.

En el concepto de inversiones en Certificados Bursátiles Fiduciarios privados de Liconsa, la ASF determinó que no se acreditó el importe de los rendimientos generados por uno de los certificados que venció el 10 de diciembre de 2020.

 

Con información de Animal Político

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