Juez acusa filtraciones y negligencias en caso Gómez Mont; ordena abrir investigación
Un juez federal de Almoloya de Juárez acusó a funcionarios de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (antes SEIDO) de la FGR de haber filtrado públicamente datos y registros secretos relacionados con la investigación abierta en contra de la conductora de televisión Inés Gómez Mont y de su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, por su presunta responsabilidad en desvíos de recursos públicos con empresas fantasma.
La filtración de los datos (a los que solo tenían acceso los fiscales) ocurrió antes de que se giraran las órdenes de aprehensión en contra de estas personas por cargos de lavado de dinero y delincuencia organizada, delitos que por su gravedad exigían el mayor de los cuidados no solo para prevenir la fuga de los implicados, sino para no poner en riesgo a las autoridades responsables del caso.
El juez Iván Aarón Zeferín Hernández reveló que no es la primera vez que esto ocurre y, sin embargo, acusó que la Fiscalía ha sido negligente al no frenar ni castigar esta situación. Por ello ordenó a la Fiscalía General de la República la inmediata apertura de una indagatoria en contra de los funcionarios que resulten responsables de haber quebrantado la secrecía de los datos.
Dichas irregularidades y omisiones fueron reportadas por el juez en una misiva firmada por el mismo y enviada al subprocurador de la SEIDO Alfredo Higuera Bernal. La carta, a la que este medio tuvo acceso, fue anexada a la resolución en la que el juez autorizó girar las órdenes de captura contra Gómez Mont y Álvarez Puga por su supuesta participación en una operación criminal, con la que se lograron desviar más de 2 mil 500 millones de pesos de recursos federales en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.
El juez hizo notar que desde el 10 de septiembre de 2021 diversos medios de comunicación habían informado —erróneamente— que existía una orden de captura en contra de la referida pareja y otras personas, una situación que no ocurrió hasta dos días más tarde. El problema no fue solo que se diera como un hecho algo que todavía no pasaba, sino que además en la información filtrada había datos precisos que sí correspondían a la carpeta de investigación. Incluso se dio a conocer el número de registro que el juzgado le había asignado a este asunto cuando recibió la solicitud de emisión de las órdenes de captura por parte de la SEIDO.
Se trata de datos que, debido al momento procesal en el que fueron filtrados, solamente tenían acceso a ellos los fiscales responsables del caso y el propio juez que recibió el asunto. Una situación que además parece no ser un caso aislado, ya que con antelación a este caso ya ha venido ocurriendo.
“No es la primera vez que los jueces de este centro de justicia se encuentran con situaciones similares, donde salen a relucir datos especialmente sensibles y exactos de los procesos penales a los medios de comunicación o a otras personas y que deberían ser de sigilo, en términos del artículo 13 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales”, indica el juez en su carta.
Zeferín Hernández le señala al subprocurador que, si bien existe la libertad de prensa y el derecho a la información, los servidores públicos responsables de una indagatoria ministerial están obligados a guardar reserva de dicha investigación y más cuando se trata de una relacionada con “delincuencia organizada”, un delito de régimen especial.
Con información de Animal Político
