El Gobierno de Pavlovich es investigado por Estafa Maestra con televisora de Sonora

cas de 2016 y 2017, diera a conocer estas irregularidades.

Tanto Daniel Hidalgo, como la exgobernadora Claudia Pavlovich, en su figura como expresidenta del Consejo de Administración de TELEMAX, están involucrados en esta trama. En lo que respecta a Pavlovich (2015-2021) como Presidenta del Consejo de Administración de la televisora debió estar enterada de la contratación de los servicios solicitados por la SEDATU a la televisora estatal, los cuales a su vez subcontrató con otras empresas por arriba del porcentaje permitido en la Ley.

No es usual que una televisora como ésta, que prácticamente está en quiebra financiera, haya tenido tal cantidad de ingresos. Como Presidenta del Consejo de Administración, Pavlovich omitió presentar la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes, señalan expertos. El Consejo de Administración de TELEMAX sesiona cuando menos dos veces por año, y así mismo debe aprobar los estados financieros presentados por el administrador y representante legal.

“El uso indebido de atribuciones se constituye porque a sabiendas de que no podían celebrar esa contratación en la forma en que la hicieron, es decir, rebasaron el 49 por ciento que la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público prevé, pese a eso, la exgobernadora en su calidad de Presidente del Consejo de Administración de TELEMAX, aprobó esas contrataciones o cuando menos no las evitó”

ESTAFA MAESTRA EN SONORA

El esquema de la Estafa Maestra que se implementó en Sonora fue mediante el convenio general de colaboración número SEDATU/COMSOC-TELEMAX/2016, con fecha del 19 de abril del 2016, celebrado entre el Gobierno federal a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, (SEDATU), y la Televisora de Hermosillo, Sociedad Anónima de Capital Variable (TELEMAX), representada Daniel Hidalgo Hurtado.

Las partes manifestaron en ese entonces que el convenio se celebraría de acuerdo con lo establecido por el quinto párrafo del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público y del artículo 4 de su reglamento.

“Yo, Daniel Hidalgo Hurtado, en mi carácter de Director General y Representante Legal…declaro bajo protesta de decir verdad, que: la Televisora de Hermosillo es una empresa de participación estatal mayoritaria de la Administración Pública Paraestatal, con personalidad jurídica y patrimonios propios, bajo el régimen de sociedad anónima de capital variable, para la realización de los servicios requeridos por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, por lo que no se requerirá de la contratación de terceros en un porcentaje mayor al cuarenta y nueve por ciento del importe total del convenio específico a celebrarse con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano”, se lee en la declaración que suscribió Daniel Hidalgo mediante este convenio.

El servicio por el que se contrató a la televisora del estado fue para: “Desarrollo de la Estrategia, Creatividad, Producción, Planteamiento Conceptual para Diseño y Edición de Material en Audio, en Video y Gráfico de Comunicación Social; Evaluación Sobre Hábitos de Consumo de Medios de Aplicación de Sondeos de Opinión para Medir el Posicionamiento de Satisfacción e Impacto de los Programas y Acciones Relacionadas con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y las Entidades Paraestatales Sectorizadas.”

No obstante, y pese a lo manifestado por Hidalgo Hurtado, se subcontrató a nueve empresas por el 98.5 por ciento del total de los recursos otorgados por la SEDATU a TELEMAX, a pesar de que dicha empresa paraestatal se comprometió a no contratar con terceros un porcentaje mayor del 49 por ciento del importe total del convenio yendo en contra de lo establecido por el artículo 1 párrafo quinto de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 4to de su reglamento.

Esto quedó evidenciado en la auditoría 1794-DS-GF practicada por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a TELEMAX, específicamente en la cuenta pública 2016, donde se establece que la televisora contrató con terceros ese 98.5 por ciento de los servicios requeridos por SEDATU.

Daniel Hidalgo, en las declaraciones efectuadas por parte de TELEMAX, específicamente el numeral 11.6, estableció que la paraestatal contaba con la infraestructura técnica y humana para cumplir con el objeto del convenio; lo cuál fue incumplido al otorgar casi el 100 por ciento de los servicios solicitados a diversas empresas que resultaron ser apócrifas.

Según las auditorías de la ASF las firmas contratadas resultaron ser empresas inciertas, de fachada, creadas ex profeso para emitir las facturas correspondientes a las que la televisora les efectuó pagos por servicios que nunca se llevaron a cabo, circunstancia por la cual el erario federal sufrió un quebranto que ascendería a 311 millones 891 mil 655.53 pesos, cantidad que mediante diversas partidas le fueron transferidas a esta empresa televisora, tal y como se determinó en la auditoría practicada a dicha empresa por parte de peritos forenses pertenecientes a la ASF.

LA HISTORIA DEL CONVENIO

“Yo digo no (al convenio de trabajo para SEDATU), está tan financieramente quebrada la empresa (TELEMAX), que nosotros te podemos hacer la mayor parte de esos trabajos y sería un excelente contrato, para que en vez de que le deje 28 mdp, que fue lo que le quedó a la televisora, pues le dejara mucho más utilidad, entonces ahí les dije no, no me interesa y el esquema tampoco”.

Lo anterior son declaraciones expuestas por Daniel Hidalgo en entrevista para el radiofónico En la radio con Aarón Tapia. El exfunconario hace mención de que, quienes lo contactaron en enero del 2016 para solicitarle los servicios de este esquema conocido como la “estafa maestra”, fueron Claudia Morones, exdirectora de Recursos Materiales y Servicios Generales de SEDATU y Alejandro Hinojosa, empresario que según un reportaje de la revista Proceso, elaborado por el periodista (hoy funcionario público federal) Jenaro Villamil, es el que presuntamente operaba las compañías fantasmas con las que se perpetró la “estafa maestra”

Según Daniel Hidalgo, se negó a atender esa solicitud de servicio porque determinó que no le sería lo suficientemente redituable a la televisora debido a que los supuestos representantes de SEDATU le imponían las nueve empresas que tenía que subcontratar para realizar los trabajos solicitados.

En 2010, 2011 y 2012 —durante el sexenio estatal del panista de Guillermo Padrés— TELEMAX, bajo la dirección de Roberto Véjar, había ejecutado este mismo esquema mediante convenios con diferentes dependencia federales, lo cual ha sido confirmado por Jorge Morales, Secretario de Comunicación Social y Vicepresidente del Consejo de Administración de TELEMAX en ese sexenio padresista.

Jorge Morales no solo confirmó la participación de esta televisora en dicho esquema, también aseguró que era ilegal, es decir, señaló la ilegalidad en la que había incurrido Roberto Véjar como Director de TELEMAX en esos años.

Hidalgo Hurtado recordó a su vez que en abril del 2016, en reunión con Gustavo Rodríguez, en ese tiempo Subsecretario de Egresos del Estado de Sonora, le informó que no iba a ser posible de parte del Gobierno del estado inyectarle recurso financiero a la televisora, para hacerle frente a un boquete de 274 millones de pesos que se venía arrastrando de sexenios anteriores.

En esa misma reunión, Daniel Hidalgo aseguró que Gustavo Rodríguez le informó que SEDATU lo había estado contactando para insistir en que se concretara dicho convenio con TELEMAX y que Rodríguez le recomendó que aceptara.

Daniel Hidalgo finalmente aceptó llevar a cabo esos trabajos solicitados por SEDATU, dada la situación financiera de TELEMAX:

“La condición (de SEDATU para poder celebrar el convenio) era subcontratar a esas empresas y que quedara un porcentaje del 8 por ciento (de utilidad para TELEMAX) sobre el valor de los contratos.”

Hidalgo afirmó que antes de celebrar el contrato con SEDATU, pidió a la Contraloría General del Estado y al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) que revisaran el esquema bajo el cual se operaría el convenio para despejar cualquier duda ante posibles actos ilegales y así mismo que verificaran la naturaleza jurídica de esas nueve empresas que se subcontratarían. Según Hidalgo Hurtado, fueron totalmente avalados por estas instancias, tanto el esquema como las empresas.

Sin embargo, lo dicho por Daniel Hidalgo ha sido negado una y otra vez, tanto por el excontralor del Estado Miguel Ángel Murillo Aispuro, como por Jesús Moya Grijalva, Auditor Mayor del ISAF. Ante estas negativas, el exdirector de TELEMAX aceptó que no tiene ningún documento que avale esas revisiones y aprobaciones, pero, asegura tener testigos.

Ante el cuestionamiento de por qué no se cumplió con el quinto párrafo del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público y del artículo 4 de su reglamento, en los que se prohíbe la subcontratación de terceros que signifique pagos por más del 49 por ciento del monto total del contrato, Hidalgo manifestó que en la supuesta revisión de la Contraloría del Estado y el ISAF, se determinó por ambos entes que la televisora no se rige por dicha ley, sino, por la ley general de sociedades mercantiles.

No obstante, el convenio con SEDATU se suscribió con una declaración mediante oficio en el que se expuso que se comprometía a cumplir con la Ley de Adquisiciones, es decir, no subcontratar más del 49 por ciento porque TELEMAX contaba con el suficiente recurso humano y técnico para llevar a cabo los trabajos.

En la resolución de la Contraloría del Estado, en la cual inhabilitaron de la función pública por 10 años a Daniel Hidalgo, se rechazó la argumentación del encausado, sobre que TELEMAX no está sujeto al cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, ya que la televisora es una empresa de participación estatal mayoritaria de la administración pública paraestatal, es decir, el propietario de esa televisora es el Gobierno del Estado de Sonora y por ende, sí está obligada a cumplir con esos artículos de esta legislación.

“Llama fuertemente la atención que el órgano sancionador (Contraloría del Estado de Sonora), de manera deliberada e intencional haya incurrido en graves omisiones en el proceso de integración del expediente administrativo instruido en contra del ex Director General de TELEMAX, Daniel Hidalgo, toda vez que se limitó única y exclusivamente a analizar el aspecto relativo al porcentaje de los servicios contratados por parte de TELEMAX, para concluir que el ex Director General de esta televisora solo sería acreedor a una falta administrativa y no penal”, dijo en entrevista Héctor Contreras, expresidente de la Barra Sonorense de Abogados y exsubprocurador de justicia del estado de Sonora.

Daniel Hidalgo ha caído en contradicciones porque, primero, ha manifestado que rechazó la solicitud de SEDATU para llevar a cabo este convenio, porque la utilidad para la televisora sería muy limitada debido a la exigencia de tener que subcontratar a nueve empresas para realizar los trabajos solicitados, en lugar de que TELEMAX pudiera llevar a cabo la totalidad de los trabajos y así obtener una mayor utilidad.

Después Hidalgo aseveró que al no regirse esta televisora por la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público y debido a la crisis financiera de TELEMAX, le era imposible contar con ese recurso humano y material para poder salir avante con ese compromiso comercial y es por eso que decidió llevar a cabo la subcontratación de esas 9 empresas.

Por otra parte Hidalgo Hurtado, declaró ante los auditores de la ASF que algunas de estas nueve empresas las había localizado y contratado vía internet, pero, en la entrevista radiofónica con este reportero declaró que dichas empresas subcontratadas por TELEMAX le fueron impuestas por los supuestos representantes de SEDATU.

LAS IRREGULARIDADES, SEGÚN LA ASF

A efecto de acreditar los 311 millones 891 mil 655.53 pesos transferidos por SEDATU a TELEMAX, la ASF logró establecer lo siguiente:

Telemax facturó a la SEDATU este monto para efecto de llevar a cabo el convenio general de colaboración número SEDATU7COMSOC-TELEMAX/33901.05/2016 del 3 de mayo del 2016, tal y como consta en la descripción de dichas facturas; de igual manera con la existencia de copias certificadas de cada una de las transferencias bancarias efectuadas a la cuenta de TELEMAX, por cada uno de los montos correspondientes a las facturas.

Aunado a lo anterior, de las copias certificadas de los estados de cuenta de la Cuenta número 51-50059309-7, de la Institución Bancaria Banco Santander (México), Sociedad Anónima, a nombre de Televisora de Hermosillo, Sociedad Anónima de Capital Variable se observa que durante los meses de agosto de 2016 a abril de 2017, le fueron transferidos a dicha paraestatal el monto antes señalado, por parte de la Tesorería de la Federación.

Se precisó que la cantidad de 271 millones 891 mil 700 pesos corresponde al ejercicio fiscal 2016, obteniéndose en dicha auditoría concluyentemente que el ente auditado, TELEMAX, contrató de manera ilegal y con evidente uso indebido de atribuciones a un grupo de empresas sin rigor alguno, inclusive a dos de ellas las contrató por internet, como lo señala el informe de observaciones de la auditoría.

Respecto a los 40 millones de pesos restantes, correspondientes al ejercicio fiscal 2017, el dictamen emitido por la ASF, realizado mediante auditoría número 1381-DS-GF, referente al convenio entre SEDATU y TELEMAX, se señalan con toda claridad las irregularidades encontradas durante el proceso de revisión del ejercicio fiscalizado.

Refiere que la televisora recibió recursos públicos federales por parte de la SEDATU mediante las Cuentas por Liquidar Certificadas 122 y 848, por un monto de 40 millones de pesos en el ejercicio 2017, correspondientes al pago de un remanente existente del primer convenio específico, no obstante, no existe evidencia documental ni testimonial que compruebe que la empresa ejecutó los servicios objeto del convenio referido.

TELEMAX tampoco proporcionó documentación justificativa y comprobatoria de la supuesta ejecución de los trabajos que amparen los pagos realizados a las empresas Publicidad NATNIT, S.A. de C.V. y Grupo CITDOC, S.A. de C.V., ni del remanente del proyecto, dice el documento.

En el caso de la primera empresa no se encontró el domicilio fiscal; y en la segunda, su representante legal manifestó haber subcontratado a su vez a la Comercializadora Becari, S.A. de C.V. para dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas con TELEMAX, pero esta empresa tampoco fue posible localizarla.

Por otra parte, señala la auditoría, se observó que los recursos recibidos por las empresas Publicidad NATNIT, S.A. de C.V., y Grupo CITDOC, S.A. de C.V., fueron transferidos a otras empresas que no tuvieron injerencia en los servicios contenidos. Asimismo, la evidencia documental muestra que los servicios convenidos no fueron ejecutados por TELEMAX ni Publicidad NATNIT, S.A. de C.V., ni por Grupo CITDOC, S.A. de C.V.

Adicionalmente, añade, se verificó que TELEMAX no registró en sus estados financieros de 2016, en cuentas por cobrar el saldo pendiente a cargo de la SEDATU, por 40 millones de pesos pagados en 2017; por otra parte, tampoco registró los pasivos Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 28 (adeudos) con los proveedores contratados por los servicios presuntamente recibidos en 2016.

TELEMAX tampoco declaró al Servicio de Administración Tributaria (SAT) la totalidad de sus operaciones realizadas con terceros en 2017 y en el caso de las empresas subcontratadas, se identificó el incumplimiento y omisión de sus obligaciones fiscales, no obstante, haber recibido recursos públicos federales en el ejercicio 2017.

De estas conclusiones, la auditoria señala que TELEMAX celebró contratos con diversas empresas, de las cuales no se cercioró su legalidad, existencia, solvencia, experiencia y sin existir evidencia del proceso de contratación, es decir, las circunstancias por las cuales Daniel Hidalgo, contrató los servicios, destacando que las empresas contratadas no tienen arraigo ni en la ciudad de Hermosillo, ni en el estado de Sonora, mucho menos domicilio fiscal real, pues como se establece en la auditoría, dichas “empresas” tenían su domicilio en el Estado de México, lo cual no se pudo corroborar porque al pretender ubicarlas, no fueron localizadas en el domicilio señalado.

Las empresas contratadas por Hidalgo Hurtado, no realizaron los trabajos y/o servicios encomendados, y pese a dicha circunstancia sí se realizaron los pagos de los montos pactados al cien por ciento.

Los resultados de estas auditorías, tienen sustento y antecedente en los resultados y dictamen de la Auditoría Forense número 16-0-15100-12-1792 1792-DE, practicada a la SEDATU, respecto de los convenios de coordinación, colaboración y acuerdos específicos suscritos con universidades públicas y entes públicos estatales para el desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios.

Se señalan a continuación, en específico las “empresas” que indebida e ilegalmente TELEMAX, por conducto de su representante legal, Daniel Hidalgo Hurtado contrató:

El total de los recursos transferidos por parte de la SEDATU, a TELEMAX, durante el ejercicio presupuestal 2016, asciende a una cantidad de 271 millones 891 mil 700 pesos, por lo cual, el monto contratado por esta Televisora, con las empresas señaladas anteriormente, corresponde al 98.5 por ciento del valor total de dicho monto, es decir 267 millones 721 mil 400 pesos; así mismo con relación a los 40 millones correspondientes al ejercicio fiscal 2017, restantes del total transferido en los dos ejercicios fiscales, estos también fueron destinados a contrataciones ilegales realizadas por TELEMAX, a empresas fantasmas o “factureras, primero por la cantidad de 18 millones 335 mil 185.88 pesos; contratados con las empresas Publicidad NATNIT, S.A. de C.V. y Grupo CITDOC, S.A. de C.V., dice la auditoria.

En el caso de la primera empresa señalada, agrega, la ASF le localizó su domicilio fiscal; y en la segunda, su representante legal manifestó haber subcontratado a su vez a la Comercializadora Becari, S.A. de C.V., para dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas con TELEMAX, pero dicha empresa tampoco fue posible localizarla. Respecto del remanente del proyecto, es decir, los 21 millones 664 mil 814.12 pesos, la televisora, no presentó evidencia justificativa y comprobatoria que acreditará la aplicación de los recursos públicos federales transferidos y ejecutados.

A Daniel Hidalgo se le inició un procedimiento administrativo por parte de la Contraloría General del Estado de Sonora con motivo de la denuncia presentada en su contra como Director de TELEMAX por parte de Alma América Carrizoza Hernández, en su carácter de Coordinadora Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora.

A Hidalgo se le aperturó el expediente administrativo RO/20-19 ante la Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y Situación Patrimonial a cargo de María de Lourdes Duarte Mendoza de la Contraloría General del Estado de Sonora, la cual culminó con una inhabilitación para ocupar un cargo público por 10 años. Dicha inhabilitación, aún sigue en litigio en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora. Y así mismo se estableció por el órgano sancionador que se presentará una denuncia penal en contra de Daniel Hidalgo.