Michoacán: 15 años entre la militarización y la violencia
Ni el envío de militares ha logrado pacificar a Michoacán. El arranque de 2022, el estado gobernado por el morenista Alfredo Ramírez Bedolla se ha convertido en el más violenta del país, incluso superando a Guanajuato que durante meses se mantuvo como el de mayor número de homicidios dolosos. Es Michoacán el estado donde inició la llamada guerra contra el narcotráfico. Es Michoacán en donde se han registrado masacres, asesinatos de presidentes municipales, multihomicidios, balaceras y asesinatos a periodistas. Es Michoacán el que ha demostrado que la militarización no funciona como estrategia para pacificar a una región, coinciden expertos en seguridad consultados por Expansión Política .
“Michoacán es la capital del fracaso de la guerra contra el narcotráfico. En diciembre se cumplieron 15 años del inicio de esa guerra que empieza con el Operativo Michoacán y todos los presidentes han hecho una incursión militar en Michoacán, pero hasta ahora no se ha logrado pacificar”, explica Víctor Hernández, coordinador del Diplomado en Seguridad Nacional de la Universidad Iberoamericana. La violencia en el estado se fue incrementando a partir de 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón lanzó el Operativo Conjunto Michoacán, el 10 de diciembre. En ese año, los homicidios se ubicaban en promedio en 1.8 por día; sin embargo, para 2022, la cifra se elevó a 8.2, de acuerdo con datos del secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública. El propio gobernador del estado, Alfredo Ramírez, ha pedido paciencia a la ciudadanía para dar resultados en materia de seguridad. “Hay que pedir paciencia, no podemos de la noche a la mañana ni en 15 minutos solucionar lo que tiene más de seis años, 10 años en Michoacán”, dijo el pasado 3 de diciembre durante una conferencia de prensa matutina del presidente López Obrador.
Desde el inicio del gobierno de López Obrador la violencia en Michoacán se ha acentuado. Desde el 1 de diciembre de 2018 y hasta finales de febrero, en esa entidad se habían registrado 5, 784 homicidios dolosos. Ante el crecimiento de la violencia, en octubre de 2021, el gobierno federal anunció un Plan de Apoyo, con el que se enviaron más elementos de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional, además de acciones enfocadas a salud, educación y programas sociales. Sin embargo, los resultados no llegan. En 2022 es la entidad con mayor número de homicidios y en el arranque superan ya las 700 muertes violentas, varias de ellas registradas en multihomicidios como el enfrentamiento en un palenque clandestino de Zinapécuaro, que tuvo como saldo 20 muertos; un ataque en Zamora que dejó siete muertos y tres heridos; un presunto fusilamiento de 17 personas durante un funeral en la comunidad de San José de Gracia, aunque éste no fue confirmado debido a que no se localizaron los cuerpos. Pero también en ese estado mataron al alcalde de Aguililla, César Arturo Valencia, a su asesor René Cervantes Gaytán, al periodista Armando Linares López, director del portal de noticias Monitor Michoacán.
El clima de violencia se le atribuye a la disputa que sostiene el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con organizaciones como Cárteles Unidos. “Estamos ante una feroz lucha entre diversos grupos asociados a la delincuencia organizada que desde hace tres años iniciaron una serie de enfrentamientos por el control de distintas plazas de la entidad, lo que ha tenido como consecuencia un repunte dramático de distintos tipos de violencia. Estamos en un momento muy delicado en el estado”, advierte Salvador Maldonado Aranda, catedrático del Colegio de Michoacán y coordinador del libro Michoacán: Violencia, inseguridad y Estado de derecho. Pobladores de esa entidad relatan que día a día están expuestos a la inseguridad. De día o de noche es frecuente escuchar balaceras, por lo que varios incluso han dejado sus comunidades y no solo por estar expuestos ante un fuego cruzado, sino porque son víctimas de extorsiones. Juana Francisca Reyes, quienes hace unos años fungió como autodefensa, explica que el crimen organizado ha obligado a decenas de michoacanos a dejar sus comunidades. “En el municipio de Aguililla, Buenavista, Coalcomán hay mucha gente desplazada porque no puede estar en sus casas, en sus ranchos, en sus negocios, la gente no puede trabajar. La gente ha dejado sus siembras de sorgo, limón, maíz, papaya, ha dejado todo abandonado porque el crimen organizado tomó todo”, explica.
Como parte de las medidas que ha tomado el gobierno federal, en febrero de este año anunció el envío de militares a Aguililla. El refuerzo a la seguridad se compuso de 400 los elementos del Ejército Mexicano y 400 de la Guardia Nacional y la Policía Michoacán, acompañados de 90 vehículos oficiales y rinocerontes. Actualmente esa entidad cuenta con una fuerza de poco más de 23,000 elementos de seguridad, entre Guardia Nacional, Sedena, Marina y policía estatal.
¿Pero por qué no hay resultados? Los expertos en seguridad consideran que enviar más militares a Michoacán para intentar pacificarlo es más medida reactiva, y no la solución de fondo, por lo que no se resolverá la inseguridad lanzando otro Operativo Conjunto Michoacán (con Felipe Calderón), Plan Michoacán (con Enirque Peña Nieto) ni Plan de Apoyo a Michoacán (con Andrés Manuel López Obrador). “Michoacán es un estado que es un paradigma, de los continuos fracasos de las intervenciones federales por querer mitigar, reducir o eliminar los ciclos de violencia y la letalidad. Michoacán ha tenido el mayor número de intervenciones federales, sin embargo no se han implementado estrategias para aminorar los indices de violencia”, sostiene Maldonado Aranda. Explica que la estrategia de disuasión, difícilmente logrará la desarticulación de las redes delictivas que están consolidadas desde hace algunas décadas y que han visto en la economía michoacana una forma de obtener recursos a través de la extorsión. “Ni la creciente militarización, ni el mayor número de cuerpos policiales, ni de Fuerzas Armadas han logrado aminorar los enfrentamientos y la violencia. Una estrategia de disuasión no alcanza a desarticular estructuras delictivas que son sumamente complejas”, agrega Maldonado Aranda. Víctor Hernández considera que además de más presencia de fuerzas de seguridad, deben implementarse medidas a largo plazo como el fortalecimiento de policías municipales y estatales y el fortalecimiento de las Fiscalías para que investiguen y resuelvan. “La política de seguridad está sometida a lógicas electorales. Un problema como la seguridad debería tener una lógica presupuestal distinta, transexenal, que su presupuesto no se pueda alterar, como se hace con los megaproyectos”, sostiene
Con infromación de EXP
