Plantean sancionar a quien no active de forma inmediata Alerta Amber-Protocolo Alba
La activista y ex diputada local, Claudia Tapia, presentó por segunda vez una iniciativa por adición para sancionar al servidor público que, por actos, omisiones o negligencia, obstaculice, retrase o impida de manera injustificada, la activación de la Alerta Amber o la implementación del Protocolo Alba para para la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas.
En conferencia de prensa en la Oficialía de Partes del Congreso local, Tapia explicó que la primera vez que la presentó, en la legislatura pasada, no fue de interés para los grupos legislativos, pero ahora, para que avance, añadió el Protocolo Alba como proyecto de decreto por adición de un artículo 64 Bis a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León.
“Con la implementación de esta iniciativa contaremos con un marco normativo que permitirá sancionar con falta administrativa grave que se puede traducir en su inhabilitación hasta por 10 años a aquellos servidores públicos que violen los derechos humanos de las víctimas de desaparición y sus familiares.
“Con la implementación de esta iniciativa contaremos con un marco normativo que permitirá sancionar con falta administrativa grave que se puede traducir en su inhabilitación hasta por 10 años a aquellos servidores públicos que violen los derechos humanos de las víctimas de desaparición y sus familiares.
“Sirve para acotar las posibilidades de que queden impunes los casos de desaparición en los que exista una mala atención por parte de las autoridades”, enfatizó la activista.
“Sirve para acotar las posibilidades de que queden impunes los casos de desaparición en los que exista una mala atención por parte de las autoridades”, enfatizó la activista.
Tapia dijo que hay diversos estudios que confirman que son muchos retos a los que se enfrentan las herramientas como la Alerta Amber y el Protocolo Alba, por un lado falta la difusión de su contenido en el mayor número de plataformas de comunicación posibles, y por el otro lado, el actuar de las autoridades encargadas.
Como ejemplos claros, expuso, existió negligencia en el actuar de las autoridades encargadas de la búsqueda e investigación de las desapariciones de María Fernanda Contreras Ruíz y Debanhi Susana Escobar.
“En casos similares, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha insistido en diversas ocasiones en la importancia de que no se sigan reproduciendo las malas prácticas que hacen perder las primeras horas trascendentales en la localización de una persona desaparecida, particularmente tratándose de niñas y mujeres”, concluyó.
“En casos similares, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha insistido en diversas ocasiones en la importancia de que no se sigan reproduciendo las malas prácticas que hacen perder las primeras horas trascendentales en la localización de una persona desaparecida, particularmente tratándose de niñas y mujeres”, concluyó.
Con información de Milenio
