El Pleno del Congreso del Estado de Sinaloa dio lectura a seis iniciativas de ley entre las que destaca una que plantea que la omisión de enterar cuotas o aportaciones de trabajadores y trabajadoras ante el Instituto de Pensiones sea una falta administrativa grave, y también que se considere desvió de recursos en otros supuestos.

Las diputadas y diputados abrieron la jornada legislativa de este martes con la lectura de la iniciativa de la diputada María Guadalupe Cázares Gallegos, que propone reformar la Ley Orgánica del Congreso del Estado con la finalidad de ampliar las libertades de las y los diputados para un mayor ejercicio de sus derechos políticos.

“El diputado que hubiese renunciado expresamente a su anterior grupo parlamentario, podrá integrarse a cualquier grupo parlamentario formalmente constituido o a cualquier fuerza política representada en la legislatura para conformar grupo parlamentario de dicha fuerza política”, señala el documento.

La segunda iniciativa leída es la del diputado Sergio Mario Arredondo Salas, quien plantea modificaciones a la Ley de Pensiones y la Ley de Responsabilidades Administrativas, ambas del Estado de Sinaloa, con el objeto de que la omisión de enterar cuotas o aportaciones al Instituto de Pensiones sea una falta grave.

La propuesta también busca “que se contemple como desvío de recursos públicos, el otorgamiento o autorización, para sí o para otros, del pago de una remuneración en contravención con los tabuladores que al efecto resulten aplicables, así como el otorgamiento o autorización, para sí o para otros, de pagos de jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, liquidaciones por servicios prestados, préstamos o créditos que no estén previstos en ley, decreto legislativo, contrato colectivo, contrato ley o condiciones generales de trabajo”.

El diputado Serapio Vargas Ramírez y un grupo de ciudadanas y ciudadanos plantean que los síndicos, síndicas, comisarios y comisarias municipales, sean electos a más tardar a los 30 días siguientes del inicio del periodo constitucional de las administraciones municipales. “Tiene como propósito que puedan iniciar su gestión o mandato casi al mismo tiempo que cada nuevo ayuntamiento y puedan así ser evaluados de forma más objetiva por los ciudadanos que opinaron en su favor en los mecanismos de consulta establecidos en la ley”.

La cuarta iniciativa abordada es de la diputada Celia Jáuregui Ibarra, quien propone crear la Ley para la Detección del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia del Estado de Sinaloa. Su objetivo es establecer los lineamientos para la oportuna prevención, diagnóstico, registro, atención integral, tratamiento, rehabilitación, control, seguimiento y vigilancia epidemiológica de esta enfermedad.

El grupo parlamentario del Partido Sinaloense, la ciudadana Angélica Díaz Quiñónez y el ciudadano Víctor Antonio Corrales Burgueño, proponen reformar el Código Familiar del Estado de Sinaloa y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, para que los entes públicos de los Poderes, municipios y órganos autónomos, no puedan negarse a recibir copias certificadas de actas de nacimiento alegando criterios de temporalidad respecto de la fecha de expedición, así como para sancionar como conducta no grave el incumplimiento de dicha disposición.

La última iniciativa leída en la sesión de este martes es del diputado Ricardo Madrid Pérez, quien propone adicionar el capítulo “Fomento a la disposición de sangre humana o sus componentes” a la Ley de Salud del Estado de Sinaloa.

La finalidad es que la Secretaría de Salud organice “campañas de información y promoción al menos una vez al año que tengan por finalidad crear actitudes positivas para la donación de sangre o de sus componentes”.

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