Greenpeace presenta amparo contra decreto con el que se ejecuta tramo 5 del Tren Maya
Greenpeace y el Centro para la Diversidad Biológica presentaron una demanda de amparo contra el tramo 5 del Tren Maya, que se desarrolla en una de las selvas con mayor biodiversidad de México, por no someter dicho proyecto a evaluación de impacto ambiental.
“Esta construcción del Tren Maya ya está dañando el hábitat de jaguares, ocelotes, monos araña y muchos otros animales en peligro. El presidente López Obrador debe detener la construcción hasta que las dependencias realmente cumplan con la ley y evalúen la amenaza del tren para esta hermosa selva biodiversa”, dijo Alejandro Olivera, representante de México en el Centro para la Diversidad Biológica.
“Esta construcción del Tren Maya ya está dañando el hábitat de jaguares, ocelotes, monos araña y muchos otros animales en peligro. El presidente López Obrador debe detener la construcción hasta que las dependencias realmente cumplan con la ley y evalúen la amenaza del tren para esta hermosa selva biodiversa”, dijo Alejandro Olivera, representante de México en el Centro para la Diversidad Biológica.
El amparo impugna el hecho de que el gobierno federal no llevó a cabo la evaluación de impacto ambiental correspondiente antes de aprobar la quinta y más controvertida sección del proyecto emblemático del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Recordaron que el pasado 22 de noviembre de 2021, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto presidencial que exenta los requisitos de permisos para varios de los proyectos de infraestructura prioritarios del Gobierno al catalogarlos de seguridad nacional, incluido el Tren Maya.
Por lo que su demanda de cuestiona la exención y la sección más riesgosa del tren que conecta Playa del Carmen con Tulum, a través de 121 kilómetros de hábitat clave para especies amenazadas como el pez ciego, felinos y monos, así como cuevas y los flujos subterráneos de agua.
La demanda de amparo de las organizaciones ambientalistas, interpuesta ante el segundo juzgado de distrito de Quintana Roo, cuestiona la autorización provisional emitida por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Incluso, como los planes iniciales de la ruta del tren cambiaron y ahora el tren atravesará sobre cuevas submarinas y está deforestando kilómetros de selva, se cuestiona la ilegalidad de la ejecución realizada por el Fonatur Tren Maya.
Por otro lado, el amparo hace referencia a la violación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y la Justicia en Asuntos Ambientales, también conocido como Acuerdo de Escazú. Lo anterior, dado que el gobierno federal inició las obras negando el acceso a la información ambiental y la participación pública en la toma de decisiones ambientales, como el cambio en la ubicación del trazo.
“A través de esta demanda de amparo llamamos a las autoridades a cumplir y hacer cumplir el marco constitucional. Con el acuerdo presidencial, que da paso a las autorizaciones provisionales sin previa evaluación de impactos ambientales, se están violando los derechos a la información ambiental, a la participación pública en esa misma materia, el derecho a un desarrollo sustentable, el derecho a la legalidad, a la par que deja sin efecto los principios de prevención, precaución.
“A través de esta demanda de amparo llamamos a las autoridades a cumplir y hacer cumplir el marco constitucional. Con el acuerdo presidencial, que da paso a las autorizaciones provisionales sin previa evaluación de impactos ambientales, se están violando los derechos a la información ambiental, a la participación pública en esa misma materia, el derecho a un desarrollo sustentable, el derecho a la legalidad, a la par que deja sin efecto los principios de prevención, precaución.
Las autoridades no han respetado la ubicación del trazo en vías de comunicación preexistentes como se había prometido. La deforestación y demás actividades que se han realizado hasta este día son completamente ilegales y ninguna promesa de mitigación o reparación a posteriori pueden servir de aval a un trazo que no se encuentra autorizado, con el cual se comprometen incluso los compromisos climáticos de nuestro país”, declaró Aleira Lara, directora de campañas de Greenpeace México.
De admitirse la demanda en la justicia de Yucatán, se podría conceder una suspensión del proyecto de construcción en los siguientes días.
El Centro para la Diversidad Biológica es una organización conservacionista nacional sin fines de lucro con más de 1.7 millones de miembros y activistas en línea dedicados a la protección de especies en peligro de extinción y lugares salvajes.
Greenpeace México es una organización ambientalista, política y económicamente independiente que busca incidir en las políticas públicas, prácticas corporativas y cambio de hábitos, para enfrentar las amenazas del cambio climático y detener la pérdida de biodiversidad. A través de campañas públicas, busca incentivar la participación de la gente en la protección del medioambiente en México.
Con información de Milenio
