AMLO Y LA DEFENSA DE LA VIDA EL EJÉRCITO, ÚLTIMO BALUARTE ROCHA.

DOMINGRILLA

El presidente volvió a sacudir al país y lo hizo sin tratar de cambiar la Constitución o de eliminar algunas instituciones: le bastó decir que cuida la vida de los soldados, y la de los miembros del crimen organizado, que también son seres humanos.
Debemos reconocer que ese es el ideal del humanismo en los países de avanzada: que incluso los delincuentes tengan garantizado el derecho a la vida y que se les castigue conforme a los marcos legales vigentes. La teoría es irreprochable y no tendría por qué haber generado discusiones ni mucho menos reacciones encontradas y hasta furibundas, como ocurrió.
El caso es que en México la vida de los ciudadanos comunes y corrientes no parece tener la misma importancia que el presidente dio a las de aquellos que pertenecen a las fuerzas armadas, ni las de aquellos que integran a las bandas delictivas. Miles de mexicanos son asesinados a lo largo de cada año sin que haya una reacción vigorosa de parte de las autoridades y sin que haya sanciones acordes con ese marco legal vigente.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció su tesis sobre el respeto a la vida de los delincuentes cuando explicaba el triste y vergonzoso video en que una camioneta con elementos del Ejército huía perseguida por cinco o más vehículos pletóricos de sicarios armados en las calles de una población michoacana.
Es que ya no es la misma, explicaba el presidente. Antes se daban enfrentamientos en los que morían muchísimas personas y hoy no ocurre eso, porque cuidamos las vidas, insistía.
Por supuesto, nadie puede exigir a los militares que detuvieran la huida y enfrentaran a los presuntos delincuentes, a sabiendas de que su inferioridad numérica los convertía en fáciles víctimas fatales. En cambio sí es de reclamar que ninguna autoridad despliegue un operativo o un protocolo con los elementos necesarios para evitar esos riesgos y esos espectáculos bochornosos.
Porque donde el presidente ve una acción humanitaria que preserva vidas, el ciudadano de a pie ve a su última esperanza de protección poniendo pies en polvorosa y a sus perseguidores burlándose a grito abierto. Y no sólo es la mala imagen de nuestro Instituto Armado, es también la impunidad que va acrecentando los ánimos de la delincuencia.
Desde hace mucho tiempo, el Ejercito es el último reducto en que la población puede confiar. Y no porque ignore que ahí dentro se ha incurrido en situaciones gravísimas. En nuestras rancherías serranas era espectáculo común ver llegar a oficiales a acordar la cuota de “protección” a los sembradíos, y también las visitas de éstos u otros para avisar que venía una revisión, para que los encargados o dueños se pelaran. Fue un escándalo nacional la corrupción comprobada a un general que en su momento fue azote de la delincuencia, y que terminó al servicio del señor de los cielos, pero a pesar de eso, el Ejército sigue conservando la confianza, o por lo menos la esperanza de la población, porque con todo y los yerros de algunos, sigue siendo la fuerza más poderosa de este país.
Verla en condiciones de huida, aunque sólo sea por táctica, como dijo el presidente, es desgarrador, es atentatorio contra esa esperanza de que un día acaba esta violencia criminal. Y si a eso le sumamos que la primera autoridad de la nación (con un liderazgo incuestionable y solido) dice pública, oficial y reiteradamente que protege también las vidas de la delincuencia, el episodio es como para desmoralizar a cualquiera.
Que les pregunte si no, a las viudas, los huérfanos de militares caídos en el cumplimiento de su deber, o de civiles que fueron ejecutados por alguna relación con quienes los delincuentes consideran sus enemigos, o de los ciudadanos que por desgracia estuvieron en el lugar y momento equivocados, y cayeron bajo la furia homicida de estos individuos que por cobrar una afrenta se llevan de paso a muchas otras vidas.
Dice el presidente que responder violencia con violencia es permitir que siga operando la ley del talión, de ojo por ojo, diente por diente. Presidente, no es la inacción lo que detiene esas sangrías, sino la aplicación de la ley. Mientras haya impunidad se seguirán cometiendo más crímenes.
¿Dónde están las enseñanzas del Nuevo Testamento? Se preguntó López Obrador al abundar sobre el tema. Ya Fernando Sabater estableció en uno de sus trabajos, que los diez mandamientos fueron una especie de ley general con que se pretendió detener los abusos y los excesos en comunidades sin leyes ni autoridades, pero de eso ya pasó mucho tiempo y ya hay instancias a las que puede recurrir cada comunidad para regular los comportamientos. No se trata de que mate a los delincuentes, en eso tiene mucha razón. Se trata de que les aplique la ley. Con eso nos damos por servidos.
HASTA LA VISTA, CUÉN
Aunque fue el alcalde mazatleco Luis Guillermo Benítez Torres quien se disfrazó de motociclista ruco, alguien con mucha imaginación visualizó al gobernador Rubén Rocha Moya vestido con chamarra y pantaloneras de cuero sobre una vistosa motocicleta como el personaje de Terminator 2, y diciendo en un español tartajoso: “hasta la vista, Cuén”.
Esa impresión de poderío dio el mandatario sinaloense al momento de deshacerse de quien fuera su más vistoso colaborador durante la campaña electoral. Como se ha dicho con tanta frecuencia, esta decisión estaba tomada y aún hay quienes sostienen que se venía tardando, pues desde el principio de su mandato, Rocha tiene tomadas perfectamente las riendas del poder estatal.
Es evidente que el despido se pudo hacer menos traumático, simplemente sentando frente a sí al hasta entonces secretario de Salud para notificarle que le estaban tocando las golondrinas, pero por supuesto, se trataba del espectáculo político, de escarmentar en cabeza ajena a todos los que como Cuen (sean muchos o pocos) creyeron que podían desafiar el poder del gobernador y hacer lo que querían, incluyendo construir candidaturas al margen de la decisión del mismísimo Rocha.
Por cierto, es una pena que el gobernador haya utilizado en este tema el asunto de nuestro compañero Luis Enrique Ramírez. Su anuncio de que cesaría a cualquier colaborador que mantuviese procesos judiciales contra periodistas le mereció elogios porque marcaba una buena actitud hacia el gremio periodístico, pero en realidad Rocha y todos, sabíamos que sólo había un funcionario en esas condiciones y todos sospechábamos que el destino de ese funcionario, Héctor Melesio Cuén, ya estaba escrito, incluso si no hubiese ocurrido este lamentable crimen. Al final fue una utilización innecesaria, que empaña, más que lustrar.
Muchos apostaron por que Cuén rompería con Rocha y con la Cuarta Transformación y empezaría a buscar nuevas alianzas, pero no ocurrió o no ha ocurrido aún. Incluso los funcionarios emanados del PAS que no renunciaron, siguen en sus puestos.
Obviamente Cuén quiere seguir en el juego de la política y lo primero que necesita para ello es mantener su influencia absoluta dentro de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Estallar contra Rocha y contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, contra su Cuarta Transformación equivale a abrir la puerta a una guerra frontal.
Rocha tiene hoy las posibilidades plenas de reformar la Ley Orgánica de la UAS. Bastaría con cambiar a la Junta de Postulación, que hoy está integrada en su totalidad por cuenistas, y abrir la puerta a nuevos procesos electorales en la integración de los órganos de gobierno (Consejo Universitario, Consejos Técnicos Escolares, Direcciones, etcétera, para provocar movilizaciones dentro de la institución. Es cierto que se corre el riesgo de una lucha que ponga en riesgo la movilidad, y que hubo gobernadores como Toledo Corro y Valdez Montoya, que se estrellaron contra la movilización estudiantil, pero un gobierno tan poderoso como el de AMLO, podría sostener a Rocha en su empeño.
Vamos a ver si el gobernador se avienta en pos de ese boleto.
Por último sobre Cuén: él o sus allegados hacen circular la versión de que la demanda contra Luis Enrique ya había desaparecido, y que la sostenida contra Tere Guerra, no encuadra en el marco de agresión a periodistas, porque ella no ha sido parte del gremio de manera formal o como carrera profesional dominante.
Es cierto que la señora Guerra Ochoa fue contrincante de Cuén dentro de la Universidad por estar en grupos políticos distintos, y que el rompimiento se dio cuando el entonces rector universitario le negó el aval necesario para aspirar a ser o seguir siendo parte del Sistema Nacional de Investigadores, pero durante todos los debates que públicamente sostuvieron, Cuén nunca la demandó. Lo hizo hasta que ella ventiló sus puntos de vista en la columna del periódico El Debate. Es decir, Cuén combatía por la vía judicial a alguien que expresaba ideas y puntos de vista distintos al suyo, a través de un espacio periodístico. Lo demás es justificación.
NADA SOBRE EL CRIMEN,
SÓLO DATOS CRUZADOS
El viernes pasado, el subsecretario de Seguridad Ricardo Mejía dio en la mañanera un avance sobre los asesinatos de dos mujeres periodistas en Veracruz, sosteniendo que ya se tenía identificados a los autores materiales y como complemento de pasadita, dijo “también los del compañero de Culiacán ya estás identificados, pero no se puede informar ahorita para no alertarlos”. Casi inmediatamente apareció la fiscal sinaloense Sara Bruna Quiñones, a decir con mucha honestidad que no, que en Sinaloa no se tenían avances de esa naturaleza, o que por lo menos aquí no se conocían.
Estas divergencias por supuesto, desalientan a quienes esperamos que se haga justicia, más aún cuando el mismo subsecretario Mejía sostuvo que el asesinato de Luis Enrique Ramírez no fue por el ejercicio de su profesión.
Entendemos que pudo haber otras causas que llevaron a sus asesinos a cometer el crimen, pero nos preguntamos cómo pueden saber las autoridades que no lo mataron por eso, si a decir de a fiscal todavía no identifican a los criminales, ni mucho menos los han interrogado ni se ha generado una línea sólida de investigación.
Esta ha sido la constante en casi todos los crímenes de esta naturaliza cometidos en el transcurso del año: no se sabe quiénes fueron los autores ni porqué actuaron así, pero se sabe, según ellos, que el móvil no fue el ejercicio periodístico. El caso de Lourdes Maldonado en Tijuana fue “igual, pero peor”: el presidente en los primeros días reconoció que todavía no se identificaba a los autores (después se dijo que “remanentes del grupo de los Arellano Félix”), pero desde entonces quedó establecido que no había sido el exgobernador Jaime Bonilla. Puede ser que no, pero ¿cómo lo sabían? ¿Por qué él se los dijo?
A propósito: en la Domingrilla anterior mostramos los twitts del vocero presidencial Jesús Ramírez, a propósito de tres asesinatos de periodistas. Casi iguales los tres, bajo el mismo patrón. Fue un escándalo nacional. Las condolencias y condenas de copy & paste, se les llamó. Obviamente no les importó. Funcionarios de ese nivel viven en una burbuja a la que no llega el mundanal ruido, como lo prueba el hecho de que tras los asesinatos de las dos periodistas veracruzanas, Ramírez volvió a utilizar el sobadísimo formato para fijar la postura del @gobiernoMX, Al cabo no pasa nada.