FGR abre 22 carpetas de investigación por corrupción en Segalmex; solo una ha sido presentada a juez

De 22 carpetas de investigación abiertas por la FGR para indagar actos de corrupción presuntamente cometidos por servidores públicos de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), solo una ha sido presentada ante un juez federal y ha derivado en una vinculación a proceso.

Se trata del caso de René Gavira Segreste, extitular de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex, quien es acusado por efectuar inversiones bursátiles ilegales con recursos públicos.

En un comunicado, la Secretaría de la Función Pública (SFP) refirió que las 22 denuncias fueron presentadas ante la FGR por la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de la Función Pública, la propia Segalmex y por empresas involucradas.

La SFP indicó que, por los asuntos denunciados ante la FGR, el Órgano Interno de Control (OIC) de Segalmex abrió 17 expedientes de investigación: 10 se encuentran en etapa de investigación; 4 están en proceso para determinar responsabilidades; 2 fueron concluidos por falta de elementos, y 1 relacionado con faltas no graves tuvo resolución sancionatoria.

“En cumplimiento a los principios de legalidad y presunción de inocencia, la SFP informará de los resultados que arrojen dichas investigaciones en el ámbito administrativo una vez que se concluyan todas las etapas de acuerdo con el debido proceso. En el mismo sentido, en el ámbito penal se seguirá coadyuvando con las autoridades correspondientes”, indicó la institución.

Animal Político ha revelado que uno de los casos de corrupción investigados por la FGR está relacionado con el pago de 811 millones de pesos a 13 empresas por contratos de leche sin que éstas cumplieran con la entrega del producto.

Otro caso, que es el que ha derivado en la única vinculación a proceso, es sobre la inversión de 950 millones de pesos del presupuesto de Segalmex y Liconsa para la compra de certificados bursátiles fiduciarios, una inversión que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) consideró ilegal, debido a que las empresas paraestatales perdieron el control directo sobre los recursos.