DOMINGRILLA

 

FRANCISCO CHIQUETE
“Y que no me vengan a mí de que la ley es la ley, no me vengan con el cuento de que la ley es la ley”.
Si no me hubiese tocado ver la mañanera en que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo eso, habría pensado que era una fake new, un invento de sus adversarios para tratar de desacreditarlo. Pero lo dijo, y después lo repitió a propósito de un nuevo debate sobre la Ley Eléctrica.
El presidente, como cualquier otro ciudadano, tiene derecho a estar en desacuerdo con cualesquiera de las leyes vigentes y por supuesto, puede ejercer sus facultades para buscar un cambio que acomode el marco legal a lo que él considera más adecuado o benéfico para la sociedad. Pero de ninguna manera puede desconocerla o descalificarla. Inadecuada y todo, la ley es la ley.
Por estos días el presidente se agarró de una ley para evitar la aplicación de otra, y muy importante, podría decirse que básica en el marco nacional del derecho: con una interpretación discutible de la Ley de Seguridad Nacional, evitó el debido respeto a la Ley de Amparo.
Ya todos sabemos que el Tren Maya, en su línea número 5, estaba detenido (en su construcción) por un amparo interpuesto por ciudadanos que defienden al medio ambiente. López Obrador consideró que la detención incrementaba los costos y afectaba los tiempos planeados, de modo que declaró la obra como de interés público y de seguridad nacional, para reanudar las labores sin esperar al pronunciamiento de los jueces.
Es la segunda vez que intenta una maniobra de esas. La primera fue un decreto en los mismos términos, que abarcaba a sus tres obras principales (el tren, el AIFA y Dos bocas), en los que además eludía la obligación de transparentar el manejo de recursos fiscales. Se recurrió a la Corte, donde le hicieron una cortesía, declarando nulo el decreto sin entrar a fondo en la discusión, es decir, sin analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del documento. Simplemente dijeron que no era válido porque le faltaban firmas.
Hoy se repite la historia, con un agravante: se viola la vigencia de un amparo que concedió la suspensión definitiva de las obras, mientras se discute el fondo del caso. La ley prevé sanciones para los funcionarios que incurran en violaciones cómo está, pero es seguro que no habrá castigo en este caso.
Esto es mucho más grave que las irregularidades existentes o no en el proyecto del tren maya. Se trata de la Ley de Amparo, principal defensa de los ciudadanos ante acciones del estado. En estos juicios se cuestiona la legalidad de las acciones de gobierno y si el propio gobierno violenta los ordenamientos, está dejando inerme al ciudadano, además de violar la separación de poderes y la vigencia de la Constitución.
Es raro que ocurra con un presidente que dispone de prácticamente todos los medios para establecer sus programas de trabajo y hasta sus criterios. Como ningún otro, dispone de mayorías en el Congreso, de identificación con buena parte de los magistrados que integran a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la popularidad que le garantiza respaldo ciudadano.
El problema es qué hay una última frontera, la de la mayoría calificada en las Cámaras de Senadores y Diputados, que la sociedad no le ha querido dar a través del voto, como existe también un sector en la Corte que sin ser hostil, ha trabajado con cierta independencia.
EL LUGAR SIN LÍMITES
La aspiración del presidente y sus colaboradores parece ser ese lugar sin límites en que se pueda decidir todo sin tener que atender arbitrajes o rendir cuentas. ¿Es esa la transformación ofrecida? ¿Así retrata el nuevo régimen que se busca instaurar?
Esa última frontera de la mayoría calificada detiene por lo pronto la idea de desaparecer al INE como actualmente funciona, y reemplazarlo por una idea que mezcla la reimplantación de la vieja Comisión Federal Electoral, que manejaba directamente la Secretaría de Gobernación, y las consultas a mano alzada que tanto le gustan al presidente.
Hubo en la semana una expresión que explica esta aspiración presidencial y de Morena en general: el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández fue a Aguascalientes a promover su condición de corcholata presidencial y estuvo jugueteando con las palabras para confirmar y dar brío a sus aspiraciones, sin tener que decir las cosas claramente, pero llegó el momento en que la calentura venció al ingenio y confesó sus pretensiones, cerrando con una verdadera perla: Si me corre el INE no importa porque ya lo van a desaparecer los diputados.
No importa violar la ley, romper los esquemas jurídicos, porque hay protección, ya se va a cumplir el capricho de evitar también esos límites. El secretario daba luces plenas del propósito real de la iniciativa de reforma presentada ante el Congreso, más allá de las ofertas de democratización con que fue revestida.
Era además una provocación, porque López Hernández sabe que ni con los diputados ni con los senadores tienen los votos suficientes como para garantizar la aprobación, aunque ya trabajan en la demolición del frente opositor que detuvo la Nueva Ley Eléctrica.
Por supuesto, no son los únicos casos. Layda Sansores violó un amparo que le impedía seguir dando a conocer audios del tristemente célebre Alejandro Moreno, porque le cayó un último cargamento en que el dirigente nacional del PRI fanfarroneaba sus supuestas cercanías con los principales columnistas, comentaristas y conductores de noticieros de la capital del país. Ya desde mucho antes la gobernadora de Campeche había reconocido que cometía un delito con la divulgación de conversaciones privadas obtenidas mediante espionaje ilegal, pero se manifestó dispuesta a pagar las consecuencias legales de su acción, ya fuese con sanciones económicas o con trabajo comunitario. Para el remate violó un amparo, y eso en un país con vigencia del derecho, no se paga así, sino con la destitución y hasta con cárcel; pero por supuesto, no va a pasar.
Estos espionajes por cierto han recibido todo el apoyo de la nación amloísta, donde celebran cada grabación como si se tratara de una emancipación colectiva, cuando en realidad es la comisión de dos delitos por parte de quien juró cumplir y hacer cumplir la ley. Por supuesto, denunciar estas barbaridades no significa defender a esa lamentable ficha de la política nacional que es “Alito”, como luego justifican.
EL QUE SALE EN LA FOTO
En tiempos de la hegemonía priísta, se advertía que “el que se mueve no sale en la foto”. Con eso Fidel Velázquez buscaba y lograba detener a los que no recibían la línea favorable (además, técnicamente era cierto: la sensibilidad de las películas fotográficas impedía que aquel que se moviera, apareciese en la foto).
Hoy las cámaras digitales resolverían el problema y en la política todo mundo se tiene que mover (incluso lo hacen adelantados, como las corcholatas oficiales).
Pero hoy nos ocupa un caso diferente, el de alguien que se puso en la foto y con ello está mandando un mensaje lamentable.
En medio de una gran discusión sobre el manejo de los recursos públicos por parte del alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, cuando parece haber señales de combate a la impunidad, el ayuntamiento hace circular profusamente una foto en que el Químico y su principal equipo aparecen en el despacho del gobernador Rubén Rocha Moya, abrazados y sonrientes, sin anunciar obra, inversión o acuerdo importante que justifique el despliegue. La pregunta es si ya lo perdonó el gobernador, si lo está queriendo rescatar. Ojalá que no.
La foto aparece muy “oportunamente” cuando empiezan a aflorar los desórdenes administrativos del Instituto de Cultura, donde se satisfacen todos los caprichos festivos del alcalde, quien sin embargo tuvo la deshonra de lavarse las manos y decir que él no tiene nada que ver con eso, porque “son autónomos”.
Por cierto vale la pena buscar el desglose de gastos del famoso Químico durante su primer viaje a la Feria Internacional de Turismo, en Madrid. Mario Martini lo consignó magistralmente en Paralelo 23.
PREGUNTA
¿Ha tenido usted la necesidad de reportar ante la Jumapam alguna fuga de agua potable o de drenaje? Los números de folio de los reportes son alucinantes y los plazos posibles de atención, son indignantes.
Pues con todo y eso, ya se anuncia la solicitud de aumento a las tarifas. Hay que estar al día con la inflación, y más allá, si se dejan los diputados.

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