AMLO promete castigo a responsables de fraude en Segalmex, culpa a financiera y omite responsabilidad de Ignacio Ovalle
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que no habrá impunidad en el fraude cometido en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).
Durante la conferencia de prensa, el mandatario dijo que el tema ya se investiga por parte de las autoridades y destacó que se castigará a todos los responsables.
“Empezó porque se descubrió de que un administrador puso dinero, no sé si de Diconsa o de Segalmex, en una financiera. Esa financiera ofrecía supuestamente más intereses. El que dinero del presupuesto vaya a una financiera ya es un delito, eso no se puede hacer”, señaló.
Por los actos de corrupción presuntamente cometidos en Segalmex, al enviar recursos públicos a una financiera, @lopezobrador_ dice que ésta lleva tiempo haciéndolo y que se debe investigar, al igual que el banco que respaldo los movimientos. pic.twitter.com/mLbMnG6ueP
— Animal Político (@Pajaropolitico) July 27, 2022
Caso Segalmex
Aunque López Obrador promete no permitir impunidad en el caso, el presidente omitió mencionar a Ignacio Ovalle, quien fue removido de la dirección de Segalmex y ahora es el nuevo coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), que forma parte de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Actualmente la Fiscalía General de la República (FGR) tiene abiertas 22 carpetas de investigación por supuestos actos de corrupción en Segalmex.
Se trata del caso de René Gavira Segreste, extitular de la Unidad de Administración y Finanzas, quien es acusado por efectuar inversiones bursátiles ilegales con recursos públicos.
Animal Político detalla que uno de los casos investigados por la FGR está relacionado con el pago de 811 millones de pesos a 13 empresas por contratos de leche sin que éstas cumplieran con la entrega del producto.
Papel de Ovalle
En mayo de este año, Ovalle Fernández, declaró al Ministerio Público que no recuerda haber firmado el oficio con el cual se autorizó el uso de al menos 100 millones de pesos de recursos públicos para la compra ilegal de certificados bursátiles.
Con información de El Universal