MORENA, ELECCIÓN A REVENTAR CHAROLA Y PERDÓN PRESIDENCIAL EVIDENTE RIESGO CON MILITARES

DOMINGRILLA

FRANCISCO CHIQUETE

Morena es centro de la crítica, la autocrítica y la hipercrítica. Curiosamente, la elección de delegados a su Congreso Nacional fue sumamente exitosa, pero también ampliamente revelador< de los problemas internos, de las incongruencias y las inconsistencias.
Contra lo que vaticinan los críticos tradicionales, no se sembró ayer la semilla de la autodestrucción. Es cierto que se hicieron más evidentes las diferencias y enfrentamientos de grupos, tribus y corrientes, pero los morenistas, incluso los más radicales, aprendieron ya que el mejor pegamento es el poder, y que con su uso no hay riesgo de fracturas definitivas. Siempre habrá posibilidades de negociar por encima y por debajo de la mesa, aunque ello los acerque a las prácticas aquellas tan condenadas cuando las ejecutaba el PRI,
Pasarán muy pocos días antes que se tenga la radiografía real del partido. En Sinaloa, por ejemplo, las operaciones de acarreo, de convencimiento y hasta de contratación contaron con personajes y cabezas muy visibles, que fueron desde el gobernador Rubén Rocha Moya y los alcaldes morenistas de toda la entidad, hasta elementos formalmente ajenos, como el exsecretario de Salud y cabeza real del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuén Ojeda, quien se dio gusto colocando futuros votantes en el Congreso, incluso más que algunos alcaldes de municipios medianos.
El más escandaloso fue sin duda el presidente municipal de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, a quien le detectaron la señal con varios días de anticipación, porque exigió la afiliación masiva de trabajadores de diversas áreas del municipio, y hasta mandó ofrecer, según las versiones que corren, doscientos pesos por voto para que él y sus personajes de confianza fuesen “electos” como delegados.
Gerardo Vargas pretendió ser más discreto y anunció que se salía de la competencia por un puesto en esta contienda, pero también se le notaron mucho las costuras con la cooptación de líderes sociales y activistas. Puede decirse que su efectividad fue el elemento delator y que su experiencia en la manipulación de personajes de diferentes corrientes y partidos le permitió operar su territorio casi sin competencia. Dicen por cierto que fue él quien arregló el supuesto encuentro entre el ex gobernador Mario López Valdez y el jefe del control político del Congreso del Estado, Feliciano Castro Meléndrez.
La votación fue copiosa. Ya veremos cómo a partir de hoy sobrarán los que le aseguren al gobernador que trabajaron para él y que todos “sus” respectivos delegados están a la orden. Pero también se viene encima la marabunta de críticas porque en todos lados hubo acarreo, compra de votos, imposiciones, acusaciones de fraudes y todas esas lindezas que en otros tiempos fueron armas de la izquierda para descalificar al partido en el poder (sobre todo al PRI, pero también al PAN).
En realidad no ocurrió nada que no hubiese pasado antes. El tricolor fue siempre dueño de los trabajadores del gobierno en cualquiera de sus tres niveles, de las organizaciones sociales y hasta de los grupos empresariales. Cuando llegó el primer gobierno municipal en Sinaloa -1990-, las convenciones panistas lucían pletóricas de funcionarios blanquiazules y también de trabajadores que corrieron a hacerse el cambio de identidad partidista, para quedar bien con los nuevos jefes. Conforme ganaba ayuntamientos crecía su membresía, hasta que su padrón fue inmanejable. Y así como llegó se fue. De repente las convenciones no reunían los porcentajes de militantes que ordenaban los reglamentos porque el padrón era irreal.
A Morena todavía le queda cuerda para los siguientes dos años. Sus altas expectativas de triunfo en las siguientes elecciones le garantizan la permanencia de esos militantes golondrinos que en contrapartida, le llevaron las mapachadas y demás lindezas que antes eran condenables y ahora son parte de la real politik, festejadas hoy como “expresión democrática del pueblo”.
En efecto, los partidos y los políticos son diferentes entre sí, hasta que llegan al poder y empiezan a ver cómo le hacen para garantizarse la permanencia, porque como dijo el casi demodado y ya reivindicado César el Tlacuache Garizurieta, “vivir fuera del presupuesto es vivir en el error”.
LA BENDICIÓN DE LOS
LOS TAMALES DE CHIPILÍN
Nadie puede decir que los empresarios invitados a cenar en Palacio Nacional regresaron felices de la vida, por más que hayan apreciado el nivel de gourmet que se les da a los tamales de chipilín y a las tazas de chocolate que allá se sirven. Por mucha conciencia social que se tenga para ayudar a la construcción de la presa Santa María con su respectivo distrito de riego y el distrito de la presa Picachos, nadie se viene contento después de recibir un sablazo de veinte millones de pesos, que pudiera ser todavía superior.
La cena pintaba mal desde su anuncio, porque varios de los invitados habían vivido esa experiencia cuando la rifa del avión presidencial, que no rifó nada o casi nada. Pero el gobernador, al menos en la versión pública de la invitación, le puso un aderezo que sonaba muy atractivo: tratar el tema del Centro Integralmente Planeado, Playa Espíritu, de Escuinapa.
Muchos nos fuimos con la finta: el presidente -especulamos- reconsideró su decisión inicial de acabar con ese proyecto y habrá un relanzamiento. Parecía incluso que habría disposición para cederlo completamente a la iniciativa privada (vendiéndoselo, por supuesto). Pero no. Por el contrario, se trataba de meter a los empresarios cachitos del sorteo de la Lotería Nacional en que los premios principales serían “macrolotes del CIP”, con lo que definitivamente se destruye cualquier posibilidad de mantener completa la unidad para hacerla atractiva en su desarrollo.
Uno se pregunta si el gobernador Rocha Moya se dejó ir con el entusiasmo y se engañó a sí mismo, o sólo fue una argucia de mercadotecnia para que los empresarios aceptaran participar en a reunión con el presidente en Palacio Nacional.
Si todos los empresarios que acudieron aportan el mínimo de veinte millones de pesos, la expectativa es de mil millones de pesos como garantía. Todo o casi todo sería para la presa y los dos distritos de riego, dijo el presidente. Suponiendo que así fuera, esa cantidad no alcanza ni para construir la presa, mucho menos para dotarla del distrito de riego, construir el distrito contiguo para la Picachos, y encima las dos plantas generadoras de electricidad que también comprometió el presidente. Eso significa que terminará el actual gobierno y las obras hidroagrícolas del sur de Sinaloa seguirán dependiendo de la voluntad, prioridades y capacidad financiera de los siguientes tlatoanis.
Esta cena también empieza a ser controvertida por otras razones. El exdiputado federal Manuel Clouthier Carrillo reclamó en twitter que ni gobierno ni empresarios hubiesen cuidado la integración de la lista de invitados, permitiendo que los inversionistas reales y derechos, se hubiesen mezclado con otros a los que se señala por utilizar empresas inexistentes y factureras.
No la identificó nominalmente, pero ni falta hacía. Ya antes de Clouthier muchos se preguntaban si la inclusión en esa lista tenía valor de bautizo cuatroteísta, capaz de borrar los pecados anteriores.
En otros tiempos, esos empresarios no bien vistos fueron investigados y señalados por instancias de la Secretaría de Hacienda, en cuyas instalaciones, la noche del jueves, fueron recibidos con beneplácito como si hubiesen nacido y vivido al margen de toda sospecha. Aunque las investigaciones no les llegaron a comprobar nada, los expedientes no fueron cerrados y están a la espera de nuevos elementos, pero quizá esta invitación les sirva en efecto, como aguas lustrales para lavar los viejos pecados que les sujetaron a investigaciones declaradas públicamente.
¿Ese perdón tácito viene de la Presidencia de la República? ¿es producto local, es decir, decisión del gobierno del estado? Al municipio, se supone, no le alcanza para tanto. También hay alguien metido en el cogollo del poder, que presumía haberlos acercado “al jefe” durante la campaña, y haber propiciado “una buena sinergia”. Vaya usted a saber.
¿POR QUÉ SE RECHAZA
A LA MILITARIZACIÓN?
Desde el principio de su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador es señalado por incumplir un compromiso: devolver al ejército a sus cuarteles. Lejos de eso, ha ido incrementando la participación de los militares en la vida pública, y especialmente en las tareas de gobierno.
Es cierto que la lucha contra la inseguridad carece de futuro sin la participación del Ejército y la Secretaría de Marina. Ningún proyecto tendría viabilidad si los soldados dejan de estar en el combate al narcotráfico y al crimen organizado. Los abrazos, está visto, no detienen a los balazos, como dijeron los jeuitas.
Estamos cerca de meternos como país a discutir si la Guardia Nacional debe estar bajo el mando del Ejército, como propone el presidente en su iniciativa, a contrapelo del acuerdo inicial a que se llegó con todas las fuerzas partidistas, que accedieron a la creación de la Guardia, a condición de que se mantuviese bajo mandos civiles, lo que tampoco se ha respetado cabalmente.
Si estos cuatro años se hubiesen dedicado los recursos a crear o recomponer policías civiles, estaríamos avanzando hacia una solución que no se ve muy clara con la Guardia Nacional, pero ese es un renglón que no se quiso explorar.
Hay mucha gente que no se explica el rechazo a los militares, a pesar de la objetiva necesidad de su participación. El propio Ejército dio una muestra de ese por qué. De repente se hizo público que un general retirado, Mauricio Ávila Medina, había sido citado a declarar por los mandos militares, con motivo de las declaraciones hechas por Ávila Medina en contra de las políticas de seguridad del presidente.
Fueron declaraciones valientes, pero no fuera de orden, ni mucho menos llamados a la insubordinación. Fue la expresión de un ciudadano preocupado por el estado de cosas, que ejerció su derecho a la libre expresión de las ideas, y que por ello fue emplazado a ser procesado en un tribunal miliar.
La defensa del general demostró que al ser un elemento en retiro, a Ávila Medina ya no se le pueden aplicar los términos de la justicia militar, y obtuvo un amparo que ordenaba de plano la suspensión del procedimiento. Vencida legalmente, la Fiscalía General de Justicia Militar, todavía se aferró a su criterio y anunció que desistía del proceso emprendido, bajo “el criterio de oportunidad”, es decir, como si hubiese llegado a un acuerdo como el de Emilio Lozoya, quien desde el principio se declaró culpable.
Imagínense ustedes cómo trataría a los ciudadanos una Guardia Nacional de criterios puramente militares como los que propone el presidente. Ese y muchos otros riesgos para el estado de derecho, son la causa del rechazo, pero no lo quieren oír, quieren que todo se haga como se manda, “sin quitarle ni una coma”.