Juez suspende definitivamente orden de captura contra Rosario Robles por delincuencia organizada; FGR no ejecutó

Fue la propia FGR la que el 31 de octubre de 2020 pidió a un juez federal de Almoloya, Estado de México, que le concediera la orden en contra de la exfuncionaria, tras señalarla como líder de una supuesta organización delictiva compuesta por exfuncionarios bajo su mando, una universidad y varias empresas fantasma, a través de las cuales se desviaron cientos de millones de pesos, una acción concertada para saquear las arcas del Estado.

El juez Iván Zeferín Hernández concedió la orden y dio luz verde a la fiscalía para cumplimentarla y, con ello, detonar el proceso. Pero la FGR no lo hizo. Ello, pese a que la exfuncionaria estuvo todo el tiempo ubicada, pues para ese momento ya estaba encarcelada en el penal femenil de Santa Martha Acatitla, cumpliendo una prisión preventiva por otra acusación por omisiones relacionada con los mismos hechos.

Ahora, la orden ya no se puede ejecutar pues la defensa de Robles tramitó un amparo contra la legalidad de la misma y de la acusación de delincuencia organizada, y logró que el Juzgado 14 de Distrito en Materia de Amparo Penal de la Ciudad de México suspendiera definitivamente la ejecución del mandamiento.

Animal Político solicitó a la fiscalía un posicionamiento respecto de por qué sus agentes nunca se presentaron al penal para cumplir la orden por este caso, pero hasta el cierre de edición no se recibió respuesta.

Ejecutar dicha orden no es un mero formalismo, aunque la exfuncionaria físicamente ya estaba detenida. Expertos explican que el hecho de que la orden no fuera notificada oficialmente a la extitular de Sedesol y Sedatu impidió que se programara la audiencia inicial, que se analizaran las pruebas y que el proceso penal avanzara. En síntesis: que hubiera un juicio por este caso.

“No existe una justificación para no haber ejecutado dicha orden, tuvieron meses para hacerlo. Lo que puede advertirse aquí es que hubo una negligencia o en su caso arreglo irregular (…) Estimamos que el caso debería ser investigado y determinarse si esto forma parte de algún acuerdo que pueda dar lugar a la comisión del delito”, dice la abogada Estefanía Medina, cofundadora de la organización Tojil, la cual presentó la denuncia penal original que dio pie a la apertura de las investigaciones.

La defensa de Robles, por su parte, sostiene que la FGR ha actuado desde el inicio de forma ilegal en este caso y “violando los derechos humanos” de su representada, pues intentó promover un proceso separado por delitos graves, que tiene que ver con los mismos hechos por los cuales está siendo procesada desde antes.

“Llevaron este proceso para obtener esta orden de aprehensión que desde el principio no tenía razón de ser porque ella nunca estuvo sustraída de la acción de la justicia. Ella ya estaba detenida, era un hecho notorio. Pero querían esa orden para mantenerla como espada de Damocles por si ella obtenía su libertad. Desde nuestro punto de vista, fue una medida de presión que tuvieron por meses, pero que ya ha quedado desvirtuada”, dijo en entrevista el abogado José Garrigós, defensor de la exfuncionaria.

Robles cumple esta semana tres años en prisión preventiva, medida cautelar que se le impuso tras presentarse voluntariamente a las audiencias iniciales por los cargos de omisiones que originalmente se le imputaron. Se trata de un proceso penal que ya se ha alargado más de lo que la ley establece (dos años máximo de prisión preventiva), y que se ha entrampado entre los amparos que la exfuncionaria ha ganado en contra de esa medida cautelar y la insistencia de la fiscalía y los jueces de que siga en prisión. Estos debates han ocasionado que este caso tampoco pueda avanzar a la fase de juicio.

La imputación de crimen organizado

De acuerdo con la investigación de la FGR presentada ante el juez Zeferín Hernández, y que dio paso a la causa penal 400/2020 y a la referida orden de aprehensión no cumplimentada, entre 2013 y 2018, Robles, aprovechando sus cargos como titular de Sedesol y Sedatu, “operó una organización criminal, cuyos miembros de manera permanente y reiterada desplegaron conductas tendientes a cometer delitos en materia de operaciones con productos de procedencia ilícita”.

Según los fiscales, la organización delictiva liderada por Robles logró, a través de la manipulación de la ley y la complicidad de otros funcionarios y particulares, desviar 5 mil 073 millones 358 mil 846 pesos mediante 20 convenios generales y 44 convenios específicos firmados con universidades e instituciones públicas.

La estructura criminal para cometer este fraude millonario estaba compuesta por tres grupos: el primero por servidores públicos de Sedesol y Sedatu; el segundo grupo, integrado por funcionarios de las universidades y organismos públicos estatales, y el tercero, integrado por socios, accionistas y/o apoderados de las empresas fachada donde terminaban originalmente los recursos.

El mecanismo, documentado en su momento en el reportaje de “La Estafa Maestra”, consistía en que, aprovechando la excepción que contempla la Ley de Adquisiciones para entregar recursos del presupuesto sin licitar a organismos públicos, las referidas dependencias simulaban necesitar ciertos servicios, firmaban los convenios con las universidades coludidas y cuando estas recibían los recursos los triangulaban ilegalmente a empresas fantasma subcontratadas.

En el caso enviado al juez Zeferín Hernández, los fiscales seleccionaron y documentaron uno de los convenios firmados con la Universidad Autónoma de Morelos que, de acuerdo con los análisis previos hechos por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), terminó generando un quebranto de poco más de 77 millones de pesos.

Los implicados en este caso en específico y en contra de los cuales se solicitaron y giraron las órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero son, del lado de las dependencias federales, Rosario Robles, extitular de Sedesol y Sedatu, y Simón Pedro León Mojarro, excoordinador federal de delegaciones. Del lado de la universidad, Alejandro Vera Jiménez, quien fuera el rector; Wistano Luis Orozco, exdirector de empresas y servicios, y Gerardo Ávila García, exsecretario de la rectoría.

Respecto de las empresas involucradas, se giraron órdenes en contra de Esteban Cervantes, accionista de ESGER Servicios y Construcciones; Gianni Obed Hernández Torres, socio de Grupo Industrial y Servicios YAFED, SA de CV, y Luis Antonio Valenciano, presentante de Inmobiliaria Feyray.

De acuerdo con autoridades judiciales, hasta ahora se han cumplimentado cuatro de esas órdenes de arresto, pero solo de los implicados de menor perfil. Uno de ellos es Antonio Valenciano, contra quien la FGR ya presentó la acusación formal finalizada la fase de investigación complementaria y ha pedido al juez que se le condene a 35 años de prisión sin derecho a ningún beneficio.

De acuerdo con la misma investigación de la fiscalía, en estos hechos hay otros exservidores públicos federales involucrados, entre ellos el exoficial mayor de la Sedesol y Sedatu, Emilio Zebadúa. No obstante, no se ha procedido en contra de ellos pues se les ha dado el trato de testigos colaboradores.

El caso no se sostiene: defensa

Los abogados de Robles consideran que las acusaciones de crimen organizado presentadas por la FGR y un eventual proceso en su contra no se sostienen por dos argumentos centrales. El primero tiene que ver con la violación a la presunción de inocencia de la exfuncionaria, que ya ha sido confirmada por un tribunal federal y en donde el principal responsable ha sido el fiscal, Alejandro Gertz.

El segundo punto, que los litigantes consideran el central, tiene que ver con que los hechos que se imputan a la exsecretaria de Estado en esta acusación son exactamente los mismos que en el proceso que ya se le había abierto previamente por presuntas omisiones. Es decir, la firma de los convenios que dieron paso al presunto quebranto de más de 5 mil millones de pesos.

“Lo que estamos pidiendo al juez de amparo es que no solo se pronuncie por la orden de aprehensión, que ya fue desvirtuada, sino que vaya al fondo del tema porque ninguna persona puede ser juzgada dos veces por los mismos hechos y las mismas conductas, que tienen que ver con la llamada Estafa Maestra. Es la misma investigación y, en todo caso, tendría que formar parte todo del mismo proceso”, señala el abogado José Garrigós.

Los litigantes aseguran, además, que su defendida no es culpable de los hechos que le imputan. Explicaron que ya revisaron las mil 800 páginas que conforman la carpeta de investigación enviada al juez de amparo, que califican de “compendio de dichos y suposiciones”, donde no hay ninguna prueba material de que la exfuncionaria haya cometido un hecho ilegal.

Insisten en que los pagos realizados por las dependencias que Robles encabezó fueron hechos al amparo de una disposición establecida en la ley que incluso hoy, hasta la fecha, prevalece. “Por eso creemos que esto debe resolverse por la vía del amparo porque aquí estamos ante hechos que, de comprobarse irregularidades, tendrían que pasar por un tema administrativo, incluso por inhabilitaciones si es el caso, pero no por la vía penal”, agrega Garrigós.

El litigante recuerda que tanto la Secretaría de la Función Pública (SFP) como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la FGR ya han investigado el entorno económico de la exfuncionaria sin que se hayan encontrado ingresos, propiedades o riquezas inexplicables.

Tres años y nada

El 13 de agosto de 2019, un juez federal ordenó que Robles fuera encarcelada de manera preventiva, mientras se desarrollaba y concluía el proceso penal iniciado en su contra por presuntas omisiones que facilitaron los desvíos ocurridos en su dependencia. Una prisión preventiva que, por ley, no debería haber durado más de dos años, pero que esta semana ya llegará a tres.

El proceso se ha entrampado en dos partes: por un lado, los recursos que la defensa ha presentado en contra de la medida cautelar que se le impuso, principalmente amparos, donde se han confirmado diversas irregularidades en los argumentos y pruebas que dieron pie a su encarcelamiento. No obstante, tanto la fiscalía como los jueces responsables del proceso han insistido en mantener la prisión preventiva en contra de la exfuncionaria.

Ahora, la prisión preventiva de Robles será analizada por un juzgado especial que, por instrucciones del presidente del Consejo de la Judicatura Federal, el ministro Arturo Zaldívar, revisará los casos en los que se presume que ha existido un abuso de la referida medida cautelar.

Y la otra razón que ha frenado el eventual juicio contra la funcionaria tiene que ver con un amparo promovido por sus abogados en el que alegan que los cargos que se le imputan ya están derogados y, por lo tanto, el proceso tiene que ser archivado. Dicho recurso está bajo revisión de un tribunal colegiado.

Para la abogada Estefanía Medina, el que este caso llegue a tres años sin que haya un avance mayor es una muestra más de lo que considera un trabajo “deficiente y decepcionante” de la actual administración de la FGR, donde lo que se ha privilegiado es el mero encarcelamiento como sinónimo de supuesta justicia, habiéndose quedado en palabras la promesa del fiscal Gertz de emprender una gran indagatoria por este caso.

“Este caso y en general todas las investigaciones relacionadas no solo con La Estafa Maestra sino los grandes casos de corrupción han resultado ser una completa decepción en el ámbito legal, comprobando una vez más que el combate a la corrupción se ha quedado en palabras y no acciones. Quizás la época más oscura de la procuración de justicia en los últimos 20 años de nuestro país. Un retroceso que será muy difícil remontar hacia el futuro si no hay un cambio de liderazgo y estrategia urgente”, señala Medina.