SSPC: dos ex funcionarios de BJ pudieron tener consentimiento de superiores
Este jueves en la mañanera, en el informe habitual sobre el combate a la criminalidad, se dieron algunos detalles del caso del llamado Cártel Inmobiliario, presuntamente operado por ex funcionarios de la hoy alcaldía Benito Juárez, donde se otorgaban beneficios a inmobiliarias a cambio de bienes, y se estima que los dos ex servidores públicos implicados pudieron contar con el consentimiento de sus superiores jerárquicos en el gobierno delegacional para obtener beneficios ilícitos.
Así lo afirmó el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, quien detalló que se ha logrado la detención del ex director jurídico de la entonces delegación, Luis Vizcaíno, cuyo periodo fue de 2009 a 2016; y se tiene orden de aprehensión contra el ex director de Obra Pública, Nicias Aridjis, quien ocupó el cargo de 2006 a 2018.
Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que estos ex funcionarios panistas serían delincuentes de cuello blanco, esto luego de escuchar la exposición del subsecretario Mejía Berdeja. “Esto que acaba de informar Ricardo eso no se hacía y que bien que se incluya a delincuentes de cuello blanco, porque solamente a los delincuentes del crimen organizado se les exhibía. Y los grandes ladrones de la política y el poder económico ni siquiera perdían su respetabilidad, nunca iban a la cárcel”, manifestó el mandatario.
Previamente, al detallar el caso, el subsecretario explicó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha realizado las indagatorias de este caso y logró la detención de Luis “N” por su presunta responsabilidad en los delitos de enriquecimiento ilícito, probablemente asociado con actos de corrupción en la demolición de un inmueble catalogado por el Instituto Nacional de Bellas Artes.
Como parte de las investigaciones, dijo, se han realizado 42 cateos al mismo número de inmuebles ubicados en las alcaldías Benito Juárez, Tlalpan, Coyoacán, Miguel Hidalgo, en las que se ha recabado información que ha permitido fortalecer la indagatoria y detectar que el modo de operación de esta re de delincuencia de cuello blando encabezada aparentemente por estos dos ex funcionarios era el siguiente:
“Implicaba que estos servidores públicos establecieron un sistema de intercambio de favores por medio de colusiones ilegales con constructoras y desarrollos inmobiliarios, empresas fachada y otorgamientos y gestión de autorizaciones e incluso extorsiones a empresarios en la delegación Benito Juárez. Habría 10 empresas fantasma vinculadas a esta organización delictiva”.
La investigación fue iniciada por la fiscalía capitalina después que en agosto de 2021 se registrara una explosión en inmueble de Avenida Coyoacán, en la referida alcaldía, donde se recibieron las manifestaciones de obra nueva y dictamen de habitabilidad durante la gestión de Nicias “N”.
“La indagatoria permitió establecer que Nicias posee un par de departamentos de ese inmueble, mismos que pudieron serle entregados como contraprestación a cambio de facilidades que la alcaldía ofrecía para la construcción de obras nuevas, lo que sería un claro conflicto de interés”.
Además, agregó el subsecretario, presuntamente autorizó la habitabilidad de uno de los inmuebles afectados durante el sismo de 2017, ubicado en Avenida Emiliano Zapata, “tras considerar a su juicio que cumplía con todas las disposiciones legales, pero el edificio colapsó nueve meses después de haber sido inaugurado y por este hecho fue suspendido en 2020”.
Mejía Berdeja señaló que las indagatorias apuntan que los dos ex funcionarios (panistas) presuntamente otorgaban los permisos correspondientes para la construcción de bienes en la alcaldía y a la vez intervenían como gestores ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.
Aunado a ello, ambos son copropietarios de un edificio cuyo valor comercial superaría los 30 millones de pesos, dicho inmueble lo habría adquirido Nicias “N” en 2011 a un precio muy por debajo del valor de mercado y en 2014 se vendió la mitad a Luis “N” por un monto de 1.4 millones; además que tienen otras propiedades.
“Ambos largo periodo en el gobierno de Benito Juárez, posiblemente contaban con el consentimiento de sus superiores jerárquicos de la alcaldía para obtener beneficios ilícitos”.
Con información de La Jornada
