Crimen organizado es una fuerza “cuasimilitar”, reconoce el gobierno de AMLO

“El riesgo que enfrentamos es sumamente delicado para el Estado mexicano, ya que el crimen organizado en nuestro país, se ha convertido en una fuerza ‘cuasimilitar’ que usa la violencia en contra de la población y de las instituciones públicas”, se lee en la iniciativa. Previo al arranque de sesiones del segundo año legislativo, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió su iniciativa para que la Secretaría de Seguridad Pública transfiera a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Propone cambios a la Ley orgánica de la Administración Pública Federal, a la Ley de la Guardia Nacional, a la Ley del Ejército y Fuerzas Armadas, a la Ley de Ascensos del Ejército y de las Fuerzas Armadas Mexicanas. En la iniciativa se reconoce que si bien el crimen organizado es poderoso, no es invencible. “Son grupos que ‘desbaratan las buenas obras de la sociedad civil, son poderosos y representan intereses arraigados y el peso de una empresa mundial de miles de millones de dólares pero no son invencibles”, se lee. La fuerza del crimen organizado es usada como un argumento para hacer la transferencia de la GN a la Sedena. “La complejidad, diversificación y gravedad del crimen organizado que opera en México, sumadas a su capacidad logística y económica, dispersión geográfica y disponibilidad de armamento de alto calibre, constituyen amenazas actuales y latentes para la paz, la seguridad y el desarrollo de las comunidades, la vigencia de los derechos humanos y la gobernabilidad democrática”, abunda el ejecutivo en la exposición de motivos.

La delincuencia organizada es un asunto que incide en la seguridad nacional como en la seguridad pública. ‘Es así que en la Ley de Seguridad Nacional la delincuencia organizada es reconocida como una amenaza a la seguridad nacional’, agrega. Otro de los argumentos del Ejecutivo es que la Secretaría de la Defensa Nacional cuenta con la confianza ciudadana y es percibida como una de las menos vulnerables a la corrupción. Ante las criticas de militarización por parte de la oposición y de organismos de la sociedad civil, el Ejecutivo lo rechaza. “El propósito final de esta iniciativa no es militarizar al país o implementar autoritarismo, sino cuidar con la tutoría de la Sedena el crecimiento sano de la que debe ser la principal institución de seguridad pública de México. Con ello se garantiza el combate a la impunidad y el respecto irrestricto de los derechos humanos”, refiere. La Guardia Nacional fue creada en 2019 y de acuerdo con el Poder Ejecutivo respondió a garantizar la seguridad pública frente a “las profundas afectaciones” que el crimen organizado ha generado en la vida económica, política y social del país, agravadas por la estrategia conocida como ‘guerra contra el narcotráfico’ iniciada en 2006 por el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa. En la iniciativa se reconoce que el 65% de los integrantes de la Guardia Nacional provienen de la Secretaría de la Defensa Nacional, el 15% de la Marina y 20% de la extinta Policía Federal. De acuerdo con la Base de Datos de Presencia Criminal en México 2020 (BACRIM 2020) , elaborada por el Programa de Política de Drogas (PPD) del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en México se tiene identificada la presencia de 150 grupos criminales en el país.