Los centros, programas, clínicas y observatorios del Sistema Universitario Jesuita instaron a la Cámara de Senadores a rechazar, por inconstitucional y contraria a tratados de derechos humanos ratificados por México, la minuta que se les remitirá para reformar diversas leyes con las que se incorpora la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena)

A través de un pronunciamiento que subieron a la cuenta de Twitter @IBERO_mx, pidieron también a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva a la brevedad los recursos jurídicos que tiene pendientes respecto de este tema, “y que servirán como un auténtico contrapeso al poder público”.

El Sistema Universitario Jesuita también recordó que en sus recientes Jornadas por la Paz en México, llamó a revisar la política de seguridad desde un enfoque civil y con el pleno respecto a las leyes y los derechos humanos.

El sábado por la mañana la Cámara de Diputados aprobó diversas reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; a la Ley de la Guardia Nacional; a la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aéreas Mexicanos, y a la Ley del Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en un proceso acelerado impulsado por el bloque oficialista (Morena-PT-PVEM) en el que se le exentaron todos los trámites y pasó directo al Pleno.

Los jesuitas lamentaron la rápida aprobación de la iniciativa enviada por el Ejecutivo federal y reiteraron su preocupación por estas reformas que consideran contrarias a la Constitución “y a diversos llamados internacionales que se le han hecho a México para desmilitarizar la seguridad pública”.

“Entre otras, nos preocupa que la propuesta le da a la Sedena el control administrativo, operativo y organizativo de la Guardia Nacional, mientras que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) se encargaría de la elaboración dela Estrategia Nacional de Seguridad Pública, lo cual es confuso porque su operación dependería de la Sedena.

“La iniciativa obliga a la SSPC a transferir a la Sedena, dentro de un plazo de sesenta días naturales, los recursos presupuestarios y financieros que correspondan para cubrir erogaciones por concepto de servicios personales y gastos de operación de la Guardia Nacional, así como los recursos materiales destinados a su operación”, señala el documento presentado por los jesuitas.

Finalmente, expusieron que la pretendida capacitación en derechos humanos que recibirán integrantes de la Guardia Nacional, así como el fuero militar del que gozarán es contario a las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en los casos Radilla Pacheco; Inés Fernández y Otros; Valentina Rosendo y Otros, y Alvarado Espinoza y Otros.

Con información de Aristegui Noticias

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