PRI y Morena van esta semana por plan para que Ejército continúe en las calles
Sin atender el ultimátum de sus aliados PAN y PRD para retirar la iniciativa o, caso contrario, dar por muerta a la coalición Va por México, la bancada del PRI en la Cámara de Diputados se alista a aprobar esta semana la reforma para extender hasta 2028 la permanencia del Ejército en actividades seguridad pública, con el respaldo y los votos de la mayoría Morena, PVEM y PT.
Tras la reunión del grupo parlamentario del tricolor con el general secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, el pasado jueves, el coordinador de la bancada priista, Rubén Moreira, aseguró que la mayoría de los 69 integrantes de su fracción apoyará el dictamen.
“Insisto en que, si a mediano plazo no lo hacemos, vamos a tener un narco Estado”, puntualizó.
“Insisto en que, si a mediano plazo no lo hacemos, vamos a tener un narco Estado”, puntualizó.
En ese contexto, el líder parlamentario de Morena en el Palacio de San Lázaro instó incluso a los gobernadores de extracción panista y priista a acompañar la iniciativa y pedir a sus respectivos legisladores votarla a favor.
La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados convocó ya a sus integrantes a discutir mañana el proyecto de la priista Yolanda de la Torre, para diferir cuatro años más, de 2024 a 2028, la disposición de las fuerzas armadas para atender labores de seguridad pública.
La modificación constitucional se votaría el miércoles 14 en el pleno cameral y, de ser aprobada por mayoría calificada de dos terceras partes, pasaría al Senado de la República y posteriormente a los congresos locales para su ratificación.
La aprobación de cualquier reforma a la Constitución requiere el voto de 334 de los 500 diputados.
Morena, con 203 legisladores; PVEM, con 41, y PT, con 33, suman 277 votos, pero con la adhesión de los 69 representantes del PRI pueden alcanzar un total de 346.
El priista Rubén Moreira señaló que una gran mayoría de los diputados de su fracción legislativa se han decantado a favor de la iniciativa para mantener hasta 2028 la presencia de las fuerzas armadas en las calles.
“La mayoría se ha manifestado por no retirar en 2024 a los soldados, porque los que son diputados, por ejemplo, por el sur de Nuevo León, saben que eso significaría de inmediato que el narcotráfico se apoderara de todo; es una cuestión que se tiene que reflexionar y poner sobre la mesa. Yo insisto en que, si a mediano plazo no lo hacemos, vamos a tener un narco Estado”, remarcó.
No obstante, el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Romero, instó en su momento al PRI a desistir de su iniciativa para extender de 2024 a 2028 la presencia del Ejército en las calles, pues, de no hacerlo, advirtió, la coalición Va por México se daría por concluida.
“Nosotros lo decimos con todo el respeto a los que todavía son nuestros aliados: si ellos no desistieran de esta iniciativa que consideramos contraria a todo lo que hemos venido defendiendo, lamentablemente concluiríamos la coalición parlamentaria y electoral”, puntualizó.
“Nosotros lo decimos con todo el respeto a los que todavía son nuestros aliados: si ellos no desistieran de esta iniciativa que consideramos contraria a todo lo que hemos venido defendiendo, lamentablemente concluiríamos la coalición parlamentaria y electoral”, puntualizó.
La priista Yolanda de la Torre presentó el pasado 2 de septiembre la iniciativa para modificar el artículo quinto transitorio de la reforma que dio origen a la Guardia Nacional, a fin de aplazar hasta 2028 la participación de las fuerzas armadas en seguridad pública.
El texto de la propuesta considera ampliar de cinco a nueve años dicho periodo de transición:
“Durante los nueve años siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la fuerza armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”, indica.
“Durante los nueve años siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la fuerza armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”, indica.
Con información de Milenio
