México ratifica en EU demanda para recuperar 250 millones de dólares de García Luna; en FGR, la indagatoria no avanza

Esto, mientras que en México la indagatoria penal abierta desde 2020 en contra del propio García Luna por posible corrupción, lavado y delincuencia organizada, a partir de una denuncia también de la UIF ante la Fiscalía General de la República (FGR), aún no ha logrado avanzar a tribunales, confirmaron a este medio autoridades federales.

Hacienda elaboró y presentó dos oficios ante la Corte del Onceavo Distrito Judicial del Condado de Miami, suscritos por el procurador fiscal de la Federación, Félix Arturo Medina Padilla —quien funge como consejero jurídico de la SHCP—, y el titular de la UIF, Pablo Gómez.

En dichas misivas, revisadas por Animal Político en fuentes públicas judiciales de Estados Unidos, los funcionarios ratifican la legalidad de la demanda promovida a través de la UIF para recuperar los referidos activos, pues —argumentan— dicha área cuenta con facultades legales incluso en el extranjero para impulsar juicios que permitan al Estado mexicano “recuperar recursos que se encuentren intencionalmente ocultos y fuera del alcance directo de autoridades mexicanas”.

“He revisado una copia de la demanda interpuesta por los Estados Unidos Mexicanos en el presente proceso, y confirmo la plena autoridad legal y reglamentaria que tiene la UIF para representar a la SHCP y a los Estados Unidos Mexicanos en este procedimiento”, asentó Gómez en su comunicación.

México ratificó la legalidad de esta demanda luego de que la defensa de García Luna y de la familia Weinberg —empresarios que son acusados como coconspiradores del extitular de la SSP— cuestionaran en tribunales de Miami las facultades del entonces titular de la UIF, Santiago Nieto, para haber contratado en 2020 a un despacho privado, Krupnick Campbell Malone Slama Buser Hancock, PA —conocida como KCM—, a través del cual se presentó la demanda. Este hecho también es investigado en México por la Fiscalía Anticorrupción de la FGR.

Pero en los oficios presentados en la Corte federal de Florida, los funcionarios reiteran que la UIF, como la instancia de la SHCP encargada específicamente de la defensa del interés nacional en los asuntos relacionados con lavado de dinero, tiene facultades para suscribir convenios tendientes a cumplir dicha función.

“Para satisfacer a los demandados y a la Corte sobre la legitimidad de la UIF para presentar esta demanda (civil) en representación de México, se ofrecen las declaraciones de Pablo Gómez Álvarez, director de la UIF, y Félix Arturo Medina Padilla, procurador fiscal de la Federación. Como se detalla ahí, la UIF está específicamente facultada para hacer demandas por lavado de dinero en estos procedimientos”, señala el recurso entregado a la Corte por el abogado Carlos A. Acevedo, del despacho KCM, a nombre de la UIF.

A partir de la ratificación referida, el juez estadounidense Alan Fine determinó continuar con el procedimiento judicial que ahora está en la fase de descubrimiento de pruebas.

Los argumentos de Hacienda

El procurador fiscal afirmó que, conforme al Reglamento Interior de la SHCP, la UIF es una unidad administrativa creada específicamente para prevenir y combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita o que tengan como finalidad el financiamiento al terrorismo.

En el oficio integrado al expediente, el funcionario agregó que la UIF tiene el deber de proteger el sistema financiero y la economía nacional, y establecer mecanismos para detectar y combatir los actos que impliquen el uso de recursos de procedencia ilícita.

Para ello, señaló, a la UIF se le faculta a fungir como enlace entre la SHCP y otros países, jurisdicciones y organismos internacionales o intergubernamentales.

Asimismo, añadió, dicha unidad tiene la facultad reglamentaria de celebrar acuerdos reparatorios en materia de lavado de activos.

Por su parte, Pablo Gómez —quien sucedió a Santiago Nieto en la UIF— señaló que esta unidad de Hacienda tiene encomendadas las facultades específicas del combate al lavado de dinero, mismas que no corresponden a la Procuraduría Fiscal.

Gómez explicó que la procuraduría tiene la autoridad legal y reglamentaria de representar a la SHCP en juicios de toda clase ante las autoridades competentes, ejercitando derechos, acciones, excepciones y defensas, incluyendo la facultad de transigir e interponer recursos, siempre que dicha representación no corresponda a otra unidad administrativa de la propia Secretaría de Hacienda, “como ocurre precisamente en este caso con la UIF, por el hecho de ser materias específicamente relacionadas con operaciones de recursos de procedencia ilícita”.

El funcionario detalló que tanto México como EU forman parte de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (Convención de Mérida), que establece que los países adoptarán medidas, conforme a sus leyes internas, para garantizar que las entidades y personas perjudicadas por la corrupción tengan derecho a iniciar procesos judiciales contra los responsables de esos daños, a fin de obtener una indemnización.

“Considerando lo anterior, queda claro que, en México, la UIF, como unidad administrativa de la SHCP, tiene la plena autoridad legal y reglamentaria para representar a la SHCP —y por lo tanto a los Estados Unidos Mexicanos— en materias relacionadas con operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esta autoridad es aplicable cuando se trata de asuntos al exterior de los Estados Unidos Mexicanos”.

Y en México, sin resultados en dos años y medio

En diciembre de 2019, la UIF presentó dos denuncias ante la FGR en contra de García Luna y de varias personas y cinco empresas más, por posibles hechos ilícitos e irregularidades que ascenderían a 3 mil millones de pesos. Las denuncias fueron turnadas ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

En dichas denuncias, la UIF presentó el resultado de trabajos de inteligencia realizados en el entorno de García Luna, que le permitían presumir que el exfuncionario estaba al frente de una red de empresas fachada y prestanombres, utilizados en la última década para esconder recursos obtenidos de dos posibles fuentes: narcotráfico y corrupción.

Parte de los recursos que se pretendían ocultar, señala la denuncia, provendría de empresarios que fueron contratistas de la Secretaría de Seguridad Pública federal y sus órganos desconcentrados mientras García Luna se desempeñaba como funcionario público. Además, se detectaron gastos y pagos injustificados.

En un artículo publicado el pasado 10 de septiembre en el diario Reforma, la periodista Peniley Ramírez documentó que los pagos que habrían llegado a las cuentas de García Luna ascenderían a por lo menos 10 millones de dólares, y que el dinero provenía de la familia Weinberg, cuyas compañías obtuvieron 600 millones de dólares en contratos del gobierno federal.

Hasta ahora, la FGR no ha dado a conocer ningún resultado de dichas indagatorias. Autoridades federales indicaron a este medio que las indagatorias fueron concentradas en la actual Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, donde continúan en integración. Es decir, legalmente los casos siguen abiertos en la fase de investigación inicial.