PAN y PRD vislumbran temporada de chantajes y presiones a legisladores

Hasta el 5 de octubre, fecha en que volverá a plantearse ante el pleno del Senado el dictamen que propone ampliar hasta 2028 el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, arreciarán las presiones, chantajes e intento de compra de legisladores para doblegarlos y alcanzar los votos necesarios para que transite la propuesta, alertó la oposición. El regreso de la iniciativa a comisiones, decidido ayer por el Senado, podría ser una oportunidad para impulsar un parlamento abierto y para construir un nuevo modelo de seguridad pública civil, pero también “para ganar tiempo y conseguir los apoyos que les faltan, mediante múltiples presiones y ofrecimientos”, acusaron el líder de Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, y el del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano.

Piden denunciar penalmente chantajes

‘(El gobierno federal) no ha dudado en utilizar las instituciones del Estado de manera coercitiva, a fin de amedrentar a los legisladores’, acusaron los líderes partidistas en posicionamiento conjunto. Ambos felicitaron a los senadores del bloque de contención en el Senado, que integran PAN, PRD, el Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento Ciudadano y el Grupo Plural, “por resistir a las presiones y por defender a México con argumentos sólidos’, lo que obligó a Morena a devolver el dictamen de la “iniciativa militarista” a comisiones. De acuerdo al Reglamento del Senado, ahora correrá un plazo de 10 días naturales –que se cumplen el 5 de octubre– para que el dictamen sea analizado, modificado o bien se alcance el consenso, y volver a presentarlo ante el pleno senatorial. Por eso, en ese periodo las prácticas de coacción que ya denunciaron algunos senadores de oposición arreciarán, advirtieron los lideres panista y perredista, lo que vulnera la autonomía del Poder Legislativo representa “un golpe al sistema democrático”, expusieron en un comunicado. En el debate en el Senado, ayer, fueron varios los legisladores de oposición que aseguraron que el secretario de Gobernación. Adán Augusto López, asumió esa tarea de presionar y chantajear. El senador Emilio Álvarez Icaza, del Grupo Plural, sostuvo que el secretario y el subsecretario César Yáñez personalmente hicieron llamados a los gobernadores opositores para preguntarles qué pedían para apoyar la propuesta presentada por el PRI en la Cámara de Diputados pero impulsada por el gobierno federal y Morena. Ante ese escenario, los dirigentes insistieron: ‘confiamos en la firmeza de las senadoras y los senadores de oposición para que, en definitiva, rechacen dicha minuta de reforma constitucional y así blindemos nuestra democracia y garanticemos el respeto a los derechos humanos’. Más aun, el diputado Santiago Creel Miranda, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, recordó en entrevista que chantajear a un legislador y limitar la libertad de su voto es incluso un delito, y una violación constitucional, por lo que llamó a denunciar cualquier caso de ese tipo. “Usar los instrumentos que tiene a disposición el Estado mexicano para presionar a un legislador no se llama presión, se llama chantaje, que es la palabra correcta que hay que utilizar, y está tipificado como delito”, argumentó. Por eso el panista demandó “yo espero que quienes han sido objeto de chantajes tengan el valor civil de expresarlo públicamente, acreditarlo y que procedan, si fuera el caso, desde el punto de vista penal”.