Organizaciones civiles solicitan a la SCJN claridad sobre derechos de las audiencias

Cerca de una veintena de organizaciones de la sociedad civil, académicos y defensores de las audiencias, solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) claridad en el engrose de la sentencia relativa a los derechos de las audiencias.

A través de un posicionamiento conjunto, expresaron que “es público y notorio que existen dudas e incertidumbre sobre los efectos jurídicos” de la resolución emitida por la corte el pasado 29 de agosto, respecto a las acciones de inconstitucionalidad 150/2017 y 153/2017, invalidando las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTyR) que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 31 de octubre del 2017.

La confusión se incrementó debido a una nota sobre los supuestos efectos de lo decidido por la SCJN, distribuida de manera informal a periodistas y medios de comunicación al día siguiente de la sesión por servidores públicos de la SCJN, en la que se sostiene, entre otras interpretaciones, que ‘la decisión de la Corte no tuvo como efecto la reviviscencia de la legislación anterior, por lo cual el vacío normativo deberá ser colmado por el Congreso de la Unión, a través de la emisión de nuevas disposiciones en la materia’, a pesar de que durante la sesión los Ministros no votaron en ese sentido, como consta en los registros públicos.

Suprema Corte de Justicia de la Nación© Proporcionado por Aristegui Noticias

Ante esta situación, las organizaciones e individuos firmantes solicitaron que en el engrose de la sentencia relativa a las acciones de inconstitucionalidad 150/2017 y su acumulada, “aclare puntualmente los alcances y efectos de la resolución adoptada el 29 de agosto, y con ello se garantice la certidumbre jurídica en la aplicación de los derechos fundamentales que esta decisión involucra, pues es exclusivamente el Pleno de nuestro más alto tribunal quien está facultado para hacerlo”.

Entre las organizaciones firmantes se encuentran las asociaciones mexicanas de Defesorías de Audiencias y de Derecho a la Información; Article 19 México y Centroamérica; Observatel; el Centro de Litigio Estratégico para la Defensa de los Derechos Humanos; el Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación y la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).

También se adhirió la Defensoría de la Universidad Autónoma de Querétaro, así como Mercedes Olivares, Gabriel Sosa Plata, Hilda Saray Gómez González, Lenin Martell Gámez, María Esther Martinez y Felipe López Veneroni, todos ellos defensores de audiencias, junto con los académicos Antonio Zavaleta, Guillermo Orozco, Josefina Hernández y Claudia Ortega.