CIDH pide a México garantizar independencia de la Unidad de Investigación para el caso Ayotzinapa
A 8 años de la noche de Iguala, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recordó los hechos e hizo un llamado a las autoridades a garantizar la independencia de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), órgano responsable de la investigación.
En un comunicado emitido este 26 de septiembre, la CIDH reconoció los “esfuerzos sin precedentes para mantener la continua búsqueda de los estudiante”, así como la creación de mecanismos institucionales, pero pidió que se respete a la UEILCA.
La Comisión señaló que ha recibido información preocupante indicando que la UEILCA estaría siendo objeto de desplazamiento en sus funciones ministeriales. “Al respecto, ha tomado conocimiento sobre la judicialización de carpetas de investigación relacionadas con los hechos del caso por parte de otras unidades fiscales de la FGR ajenas a la investigación y sus medios probatorios, incluso siendo la UEILCA el órgano legalmente competente para ello”, se lee en el documento.
La CIDH hace un llamado al Estado mexicano a garantizar la independencia y operación de la UEILCA sin interferencias, así como a evitar cualquier tipo de intromisión que pueda afectar sus labores a fin de proteger la integridad de la investigación.
Asimismo, la CIDH llamó a las autoridades mexicanas a reorientar sus esfuerzos para esclarecer el caso hacia la centralidad de las víctimas.
Te compartimos la comunicación completa emitida por la CIDH a ocho años del caso Ayotzinapa:
A ocho años de la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y otras graves violaciones de derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reafirma su compromiso con las víctimas y con la lucha de sus familiares por conocer su paradero y obtener verdad y justicia. Ante la falta de esclarecimiento de lo sucedido y para continuar los avances hasta ahora alcanzados, el Estado mexicano debe garantizar la independencia de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), órgano responsable de la investigación.
Luego la desaparición de los 43 estudiantes, el 26 y 27 de septiembre de 2014, la Comisión adoptó la medida cautelar 409/14, en la que solicitó al Estado tomar medidas para la búsqueda de los mismos, la investigación de los hechos y la atención a las víctimas. Posteriormente, creó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el Mecanismo Especial de Seguimiento al asunto Ayotzinapa (MESA). En 2019, las funciones de seguimiento y asistencia técnica del MESA se fortalecieron mediante la instalación de un equipo técnico de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH en territorio mexicano hasta febrero de 2022. Asimismo, desde 2020, se reinstaló el GIEI para brindar asistencia técnica en las investigaciones.
En el marco de estas labores, la Comisión ha observado la relevancia de la creación de institucionalidad especializada en la atención al caso Ayotzinapa para avanzar en la investigación, búsqueda y atención a las víctimas. Por un lado, la instalación de la Comisión Presidencial para el Acceso a la Verdad y Justicia en el caso Ayotzinapa (COVAJ) con el objeto de articular esfuerzos institucionales de las dependencias del Ejecutivo federal y otros poderes del Estado en coordinación con las familias y sus representantes legales. Por el otro, el establecimiento de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) de la Fiscalía General de la República (FGR) como órgano responsable de la investigación a través de una actuación focalizada y especializada en el conocimiento de las indagaciones y causas penales relacionadas con el caso.
La Comisión conoce y valora que el Estado ha venido desplegando esfuerzos sin precedentes para mantener la continua búsqueda de los estudiantes en diferentes localidades del estado de Guerrero; y para promover el derecho de las familias a participar en dichas diligencias. Sin embargo, a 8 años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa su paradero sigue sin conocerse.
En cuanto a la investigación, se observan avances con la individualización y vinculación al proceso de presuntas personas responsables, la emisión y ejecución de órdenes de captura, la presentación de nuevas acusaciones y el inicio de procesos en sede judicial, así como por las irregularidades en las investigaciones y fabricación de diligencias para la obstrucción de justicia. Estas acusaciones involucran delitos por graves violaciones a los derechos humanos, como desaparición forzada y tortura, y su ámbito de responsabilidad individual comprende a agentes del Estado municipales, estatales y federales, incluyendo a miembros de las fuerzas armadas y personas funcionarias de cargos políticos, fiscales y ministeriales.
Frente a los avances descritos, la CIDH ha recibido información preocupante indicando que la UEILCA estaría siendo objeto de desplazamiento en sus funciones ministeriales en el presente asunto. Al respecto, ha tomado conocimiento sobre la judicialización de carpetas de investigación relacionadas con los hechos del caso por parte de otras unidades fiscales de la FGR ajenas a la investigación y sus medios probatorios, incluso siendo la UEILCA el órgano legalmente competente para ello. Además, se tuvo conocimiento sobre algunas solicitudes de desistimiento de una serie de órdenes de aprehensión en contra de agentes militares y autoridades ministeriales y administrativas del estado de Guerrero, por parte de agentes externos a la UEILCA . Asimismo, desde agosto de 2022, la UEILCA no contaría con personal policial de investigación, lo que impide la recaudación de pruebas para la investigación y judicialización de nuevos cargos, así como el seguimiento de las causas penales abiertas a trámite.
El sistema interamericano ha establecido la importancia de que las investigaciones y, a un nivel más amplio, las actividades relacionadas con la persecución del delito sean independientes e imparciales como medio para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas del delito. La Comisión ha llamado la atención sobre los impactos en la efectividad e impulso en las investigaciones cuando hay cambios de operadores de justicia en una investigación penal, como podría ser la decisión de ejercicio de la acción penal. Asimismo, la falta de coordinación y colaboración efectivas se pueden convertir en un importante obstáculo para las funciones de investigación de los delitos o para el desarrollo exitoso de los casos, por lo que es obligación de los Estados asegurar que existan canales de cooperación efectiva entre las autoridades fiscales, judiciales, policiales y cualesquiera otras autoridades.
La CIDH hace un llamado al Estado mexicano a garantizar la independencia y operación de la UEILCA sin interferencias, así como a evitar cualquier tipo de intromisión que pueda afectar sus labores a fin de proteger la integridad de la investigación.
Por otra parte, la representación de las víctimas ha indicado que la interlocución con el Estado ha sufrido variaciones y, en ocasiones, se ha visto interrumpida ante la intensificación de las demandas de las familias de esclarecer los hechos a la brevedad. Asimismo, han señalado inconformidades con la divulgación de información y documentación que podría constituir evidencia relevante para la investigación, sin que antes hubiera tenido acceso el GIEI. Al respecto, el Estado indicó que el informe preliminar se presentó a los padres y madres, sus representantes, GIEI y UEILCA el 18 de agosto de 2022 en reunión con la COVAJ, posteriormente, se dio a conocer la versión pública del informe con sus anexos.
La Comisión considera que la institucionalidad creada para avanzar en el caso Ayotzinapa requiere reorientarse en acciones y medidas que estén enfocadas hacia la centralidad de las víctimas. Es importante recuperar la periodicidad de las reuniones de la COVAJ con las familias y mejorar los canales de comunicación con UEILCA y el GIEI sobre toda información que pudiera constituir prueba en las investigaciones, antes de cualquier presentación o pronunciamiento públicos sobre la misma.
A 8 años de este atroz suceso, la CIDH reafirma su compromiso y solidaridad con las víctimas y sus familiares en su lucha por verdad y justicia, a quienes seguirá acompañando. Asimismo, continuará desplegando todos sus esfuerzos institucionales, en el marco de su mandato, para dar seguimiento al desarrollo de las investigaciones y al cumplimiento de la medida cautelar 409/14, hasta que se determine el paradero de los 43 estudiantes y se conozca la verdad de los hechos.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
Con información de Aristegui Noticias
