Una iniciativa, que se encuentra pendiente en la en la Cámara de Representantes de EU, pretende declarar como organizaciones terroristas al CJNG, Sinaloa, Juárez, entre otros.

La pandemia de Covid-19 ha impulsado a los cárteles de la droga mexicanos a que amplíen el uso de embarcaciones sumergibles, drones y criptomonedas en sus actividades ilícitas, alertó un informe del Sistema de Investigación del Congreso de Estados Unidos.En el reporte titulado “Operación de los cárteles mexicanos durante la pandemia de Covid-19”, se detalló que el uso de drones por parte de las organizaciones delictivas es un problema “emergente” que es investigado por el Ejército mexicano.Se refirió que los criminales usan a los drones armados como forma de defensa contra los policías que buscan hacerles frente, especialmente en los estados de Jalisco, Michoacán y Guanajuato.A su vez, el reporte indicó que la producción de drogas sintéticas, como el fentanilo, por parte de los cárteles mexicanos ha continuado durante la emergencia sanitaria mundial.Y es que pese que los precursores químicos, provenientes en su mayoría de China e India, con los cuales se producen las drogas sintéticas escasearon, derivado de las restricciones en el comercio mundial, los cárteles han usado químicos básicos para poder crear sus propios precursores y con ello seguir la producción de estupefacientes.

Competencia entre organizaciones

El informe indicó que desde el inicio de la pandemia los cárteles más pequeños en México han aumentado su actividad, al tiempo que la competencia entre las mismas organizaciones delictivas también ha ido al alza.

“Como resultado, los delitos de agresión y homicidio se han mantenido elevados durante la respuesta a la pandemia de México, incluso a medida que los delitos de oportunidad, como el robo, parecen haber disminuido. La tasa de homicidios de México se mantiene ‘estancada’ en niveles históricamente altos, con aproximadamente 27 asesinatos por cada 100,000 habitantes y más de 34,000 asesinatos en el 2020; con el mayor número de homicidios registrados en Guanajuato y el estado fronterizo de Baja California”, precisó el informe.

El documento, con fecha de ayer 14 de octubre, añadió que durante la pandemia los cárteles de la droga repartieron paquetes de ayuda a la población con el fin de ganar adeptos y reclutar integrantes.

Los paquetes de ayuda reforzaron la percepción de un gobierno mexicano débil, incapaz de ejercer control territorial, en medio de un estimado contracción económica de más del 8% en el 2020”, indicó el análisis

pción de un gobierno mexicano débil, incapaz de ejercer control territorial, en medio de un estimado contracción económica de más del 8% en el 2020”, indicó el análisis.

Sobre la cooperación entre México y Estados Unidos para combatir a los cárteles, el informe señaló que aún no está clara la forma en la que se sustituirá la Iniciativa Mérida la cual, cabe mencionar, ha sido declarada por las autoridades mexicanas como extinta.

Declaración como terroristas

En la parte final del informe se refirió un proyecto de ley presentado por el legislador de Texas, Tony Gonzáles, en febrero del año pasado y que se encuentra pendiente de discusión del Congreso estadounidense, en la que se declararían como organizaciones terroristas a los cárteles Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa.

Así como los cárteles de Juárez; Tijuana, del Golfo y los Zetas.

La iniciativa prevé que el secretario de Estado, Antony Blinken, acuda al Congreso estadounidense, a más tardar 60 días después de que sea aprobada la ley HR 812 para que informe sobre si las organizaciones delictivas mencionadas cumplen con los requisitos para ser declaradas como terroristas.

Sin estrategia

Expertos consultados indicaron que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha desplegado una estrategia clara para combatir a las organizaciones criminales ni ha fortalecido a las policías.

“La principal variable de que no dé resultados es la ausencia de un proyecto de un proceso de fortalecimiento de las policías locales”.

“Me refiero a las municipales y estatales que incluso el ejercicio fiscal pasado el partido oficialista le recortó un tercio del presupuesto a lo que se domina como fondos de apoyo a la seguridad pública local con lo cual 208 municipios se quedaron sin un peso”, dijo Javier Oliva, experto en seguridad por la UNAM.

El analista agregó que la seguridad pública requiere una inversión importante, al tiempo que refirió que con datos oficiales se estima que en México operan 260 bandas criminales además de las organizaciones más importantes nivel regional.

Por su parte, el Erubiel Tirado, experto de la Universidad Iberoamericana, opinó que la incidencia delictiva no se ha reducido en el país.

Aunque se mantiene al Ejército en tareas de seguridad, indicó, dicha acción no ha sido acompañada de una estrategia de seguridad pública.

Se ha “dejado también de lado, evidentemente, las medidas de prevención realmente y de contención”, sostuvo.

 

 

 

Con Información de El Economista

Leave a reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *