Diputados prohíben embargo de apoyos de programas sociales

De acuerdo con el texto agregado, los apoyos económicos, pensiones no contributivas y becas para el combate a la pobreza y la desigualdad social que entreguen los gobiernos federal, estatales o municipales “no serán susceptibles de retenciones, descuentos, deducciones, compensaciones o embargos por parte de particulares”.

El proyecto turnado Senado de la República para su análisis y ratificación señala que los recursos para garantizar los derechos fundamentales de las personas mayores, personas con discapacidad y estudiantes, así como aquellos apoyos para combatir la pobreza, deben contar con la protección constitucional, así como las garantías procesales que en ella se consignan.

De acuerdo con el dictamen, la Constitución debe brindar la mayor protección posible y evitar el cobro de deudas fuera de juicio, pues ello equivale a un embargo de bienes realizado por un particular sin intervención de las autoridades judiciales a las que constitucional y legalmente se les ha atribuido el poder de autorizar dichas acciones.

Al fijar la posición de Morena, la diputada Aleida Alavez detalló que al elevar a rango constitucional la protección de los recursos provenientes de programas sociales se garantiza a los beneficiarios la salvaguarda de este recurso.

“Esta reforma acabará con los cobros a lo chino que hasta ahora instituciones financieras realizan indebidamente sin agotar el debido proceso y no se pretende evitar el cobro de deudas, sino lo que busca es que las instituciones financieras no utilicen los fondos”, puntualizó.

“Esta reforma acabará con los cobros a lo chino que hasta ahora instituciones financieras realizan indebidamente sin agotar el debido proceso y no se pretende evitar el cobro de deudas, sino lo que busca es que las instituciones financieras no utilicen los fondos”, puntualizó.

Por el PAN, el legislador Jorge Triana Tena manifestó el respaldo de su bancada al dictamen que “pretende de manera muy noble que no se embarguen los recursos”.

“Se busca que el recurso emanado de los programas sociales, única fuente de ingresos de las familias más pobres del país, no vaya a ser tomado o retenido por absolutamente nadie, incluyendo el propio gobierno”, remarcó.

“Se busca que el recurso emanado de los programas sociales, única fuente de ingresos de las familias más pobres del país, no vaya a ser tomado o retenido por absolutamente nadie, incluyendo el propio gobierno”, remarcó.

En representación del PRI, la diputada Cristina Ruiz subrayó que los apoyos económicos son un derecho constitucional para las personas con alguna discapacidad permanente, mayores de 78 años e indígenas y afromexicanas de 75 años, así como estudiantes de todos los niveles de educación pública.

“Este apoyo económico que hoy reciben de parte del gobierno federal, estatal o municipal es dinero que nada ni nadie se los puede quitar”, indicó.

“Este apoyo económico que hoy reciben de parte del gobierno federal, estatal o municipal es dinero que nada ni nadie se los puede quitar”, indicó.

Con información de Milenio