Cabeza de Vaca se va como sus antecesores: acusado de corrupción y nexos criminales
Francisco Javier García Cabeza de Vaca deja el Gobierno en medio de señalamientos de corrupción, luego de una investigación por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y fraude fiscal, que está en manos de la Fiscalía General de la República y con la promesa del Gobernador electo, Américo Villarreal, de investigar los delitos que haya cometido el panista durante su mandato.
Ciudad de México, 30 de septiembre.– El 1 de octubre de 2016, Francisco Javier García Cabeza de Vaca tomó protesta como el primer Gobernador de la oposición luego de 86 años sin alternancia en Tamaulipas: “Lograr un Estado seguro, participativo y democrático es uno de los compromisos que adquirí y tengan la certeza que cumpliré. Aspiro a ser el mejor Gobernador que haya tenido esta tierra; aspiro a ser el mejor Gobernador que haya tenido Tamaulipas”. Esas fueron sus palabras y promesa ese día.
Hoy, seis años después, deja el Gobierno de ese estado en medio de una investigación por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y fraude fiscal, que está en manos de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia a la que las autoridades entrantes, el Congreso y analistas piden tomar las medidas adecuadas para evitar una fuga del mandatario saliente y hacer valer la justicia.
Francisco Javier Cabeza de Vaca, quien al rendir protesta dijo que el 6 de junio de 2016 —cuando ganó las elecciones— se marcaba un antes y después, hoy se suma así a la lista de exgobernadores tamaulipecos que enfrentan a la justicia una vez finalizado su mandato.
El primero de ellos fue Manuel Cavazos Lerma (1993 a 1999), el primer Gobernador tamaulipeco en ser señalado por sus vínculos con el narcotráfico luego de que la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) comenzó a investigar los vínculos del crimen organizado con políticos; Tomás Yarrington Ruvalcaba (1999 a 2004), quien en marzo del año pasado se declaró culpable del delito de lavado de dinero ante un Tribunal Federal en Texas, Estados Unidos, al admitir que aceptó 3.5 millones de dólares en sobornos que usó para adquirir propiedades de manera fraudulenta; Eugenio Hernández Flores (2005-2010), quien está amparado para evitar su extradición a Estados Unidos (concedida por la SRE en 2018) para enfrentar las acusaciones de lavado de dinero, fraude bancario y de operar sin licencia un negocio de envío de dinero.
Sin embargo, a pesar que Cabeza de Vaca se une a la lista de exgobernantes investigados, el saliente mandatario panista sí marcó una diferencia: se convirtió en el primer Gobernador de la historia reciente, al que le giraron una orden de aprehensión por delincuencia organizada cuando aún estaba en funciones; lo que llevó su caso a solicitar el desafuero y que su caso llegara a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La acusación que pesa en su contra por parte de la FGR fue por defraudación fiscal equiparada por seis millones 511 mil 777 pesos y 57 centavos, delito que se sanciona con penas de tres a nueve años de prisión. En total, el mandatario local habría amasado una fortuna superior a 951 millones de pesos.
Para especialistas en materia de seguridad, que han dado seguimiento a las acusaciones de Javier García Cabeza de Vaca, el sexenio que hoy concluye significa un cambio para Tamaulipas y el final de una época de corrupto. Sin embargo, aún hay dudas en cuanto al destino que enfrentará el Gobernador saliente.
“Hoy termina una era de mucha zozobra, una era de corrupción, una era muy oscura para el estado de Tamaulipas, sin embargo, al final no sabemos —a nivel procuración— cuál será el resultado, porque no sabemos el resultado del proceso de las investigaciones”, expresó Guadalupe Correa Cabrea, analista e investigadora de la George Mason University.
EL CURSO DE LAS ACUSACIONES
El mandato judicial en contra de Cabeza de Vaca llevó a que la FGR solicitara, el 23 de febrero de 2021, el desafuero del panista, aunque ya desde 2020 la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), investigaba al tamaulipeco luego de que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por su sigla en inglés) consiguiera audios de llamadas telefónicas que, presuntamente, ligan a García Cabeza de Vaca con el crimen organizado.
El 30 de abril del 2021, la Cámara de Diputados federal analizó la solicitud de la FGR y fungió como Jurado de Procedencia. Los diputados escucharon los argumentos de la defensa García Cabeza de Vaca y de la Fiscalía.
La Fiscal Elizabeth Alcantar Cruz fue quien exhibió que entre las investigaciones encontraron un caudal de bienes y recursos ocultos del Gobernador tamaulipeco, en total 30 casas en México y Texas, así como diversas empresas usando prestanombres, entre estos sus hermanos y familiares.
Ese mismo día, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó el desafuero del Gobernador para separarlo de su cargo a fin de que pudieran ejecutar la orden de aprehensión y envió el juicio de procedencia al Congreso de Tamaulipas para su aval. Sin embargo, ese mismo día el legislativo tamaulipeco, integrado en su mayoría por panistas con el apoyo de priistas, decidió que Cabeza de Vaca conservaría su fuero, es decir, la inmunidad constitucional que impedía que fuera puesto a disposición de un Juez.
El 19 de marzo de 2021, Santiago Nieto, entonces titular de la UIF, denunció que García Cabeza de Vaca compró inmuebles a través de dos empresas fantasma que en otras ocasiones fueron usadas por el Cártel de Sinaloa para lavar dinero.
Además, dijo que, entre las varias irregularidades, se detectó la compra de departamentos con recursos de posible procedencia ilícita.
De acuerdo con la investigación de la UIF, habría recibido 14.3 millones de pesos de una sociedad financiera, que a su vez obtuvo los recursos por parte de dos empresas fantasma que actualmente tienen las operaciones congeladas por haber servido al Cártel de Sinaloa para “lavar dinero”.
La UIF también detectó dos ranchos más y una casa en Tamaulipas, así como 20 propiedades en Texas, Estados Unidos, vinculadas a Cabeza de Vaca a través de empresas, familiares y socios.
También informó que desde el año 2000, Cabeza de Vaca ingresó en diferentes trabajos en empresas privadas y cargos públicos 35.5 millones de pesos, pero sólo declaró 23.9 millones de pesos.
En mayo de 2021, la FGR obtuvo otra orden de aprehensión con respecto a la investigación de una presunta red de corrupción entre el mandatario y familiares coludidos para la triangulación de más de 100 millones de pesos en México; indagatoria que había robustecido con los informes que recibió la Unidad de Inteligencia Financiera y del Departamento de Justicia de Estados Unidos, por lo que el Instituto Nacional de Migración emitió una orden de restricción contra el Gobernador de Tamaulipas para evitar su fuga al extranjero.
La UIF ha presentado ante la FGR al menos cinco denuncias en contra de García Cabeza de Vaca en las que se detalla el presunto esquema que operó en Tamaulipas y que derivó en delitos como enriquecimiento ilícito, defraudación fiscal y delincuencia organizada, según consta en el expediente al que tuvo acceso SinEmbargo en mayo del presente año y con declaraciones de Santiago Nieto realizadas en junio del año pasado.
De acuerdo con la indagatoria, al menos 12 personas físicas y 25 personas morales integran dicha red. En ese esquema de presunta corrupción destacan adquisiciones irregulares de departamentos de lujo, casas y ranchos ligados al Gobernador y que no coinciden con su patrimonio, ni con el de su familia, quienes poseen más de 15 propiedades en México y Estados Unidos.
Sus hermanos, por ejemplo, Ismael y José Manuel García Cabeza de Vaca, son parte de los señalados como actores importantes en la red de presuntos desvíos de recursos públicos en la entidad a través de empresas fantasmas que les ayudaron a incrementar su patrimonio con casas, departamentos, autos y ranchos que hoy investiga la Fiscalía General de la República.
De acuerdo con la indagatoria, actualmente en manos de la Fiscalía General de la República, durante la trayectoria política del actual Gobernador tamaulipeco, sus hermanos habrían recibido millones de pesos entre transferencias interbancarias y percepciones que provienen de empresas señaladas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como compañías simuladoras.
El desafuero de García Cabeza de Vaca fue llevado hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el 17 de agosto pasado resolvió invalidar la orden de aprehensión emitida por la FGR en contra de Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
La Primera Sala decidió que mantendría el fuero constitucional y determinó que el Congreso local actuó de acuerdo a sus atribuciones cuando acordó no secundar la decisión de la Cámara de Diputados de quitar dicha inmunidad al mandatario.
No obstante, la decisión de la SCJN sólo se limita a la validez de su fuero como Gobernador, no a los delitos que presuntamente cometió en Tamaulipas, por lo que Santiago Nieto Castillo, asesor del Gobernador electo Américo Villarreal , advirtió que será sancionado cuando se retire del cargo.
“La decisión de la SCJN sobre Cabeza de Vaca se limita a la validez de su actual fuero como Gobernador. Los delitos que cometió en perjuicio de las y los tamaulipecos serán sancionados cuando se retire finalmente del encargo. Como lo señalé, la justicia alcanzará a los corruptos”, escribió en su cuenta de Twitter.
TEMEN EVADA LA JUSTICIA
Y es que, a pesar de las acusaciones que pesan contra el mandatario y la investigación en su contra, la cual, sólo está a la espera de que concluya el fuero constitucional, hay temor de que Javier García Cabeza de Vaca haga lo mismo que hicieron otros exgobernadores como Javier y César Duarte, de Veracruz y Chihuahua: huir.
El 17 de agosto el Gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, aseguró que García Cabeza de Vaca sí enfrentará a la justicia. Posteriormente, el pasado 21 de septiembre, Villarreal Anaya anunció que pedirá atención especial a Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República, para evitar que Francisco García Cabeza de Vaca se fugue una vez que concluya su cargo como mandatario estatal.
“Estamos esperando que se dé a través de la Fiscalía para que de acuerdo a como se llevaron los trámites y las decisiones que tuvo el Supremo Tribunal de Justicia en relación del mantenimiento de su fuero, se pueda volver a emitir la orden de aprehensión por la Fiscalía Federal para que responda a todo lo que en su momento se tuvieron de antecedentes y justificación para emitir estas órdenes o incluso este juicio de procedencia que todos conocemos”, dijo Villarreal Anaya en entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire.
Guadalupe Correa consideró que el riesgo de que Cabeza de Vaca pueda huir es considerable ya que el mandatario tiene ciudadanía estadounidense y hasta el momento no se sabe si hay un acuerdo entre la FGR y las autoridades de Estados Unidos para evitar que, una vez concluido su mandato, sea detenido si intenta cruzar a Estados Unidos.
“Yo creo que sí podría fácilmente el hacerse ojo de hormiga y puedes pasar por uno de los puentes, porque que yo tenga entendido Estados Unidos y México, hasta la fecha, no tienen algún convenio de colaboración”.
Además, dijo que otro aspecto que se esperaría es que la FGR tuviera un mecanismo de vigilancia a García Cabeza de Vaca, sin embargo, eso tendría que analizarse y si es posible en vista del derecho de privacidad y si eso no vulneraría el debido proceso. Otra posibilidad, dijo, es que ya no esté en el país.
“Parece ser que el señor ya no ya no habita (en Palacio) desde hace tiempo. Entonces bueno él puede estar en otro lugar, no sabemos si ya está en otro lugar”, dijo la especialista.
Con información de Sin Embargo
