Reforma electoral de AMLO abre la puerta a perfiles militantes en el INE

Van a proponer a gente que conozcan y creen que les van a obedecer. No van a buscar a gente que tenga una trayectoria de imparcialidad, sino a gente que esté de acuerdo con ellos. Consejeros afines al presidente En la iniciativa de reforma electoral del presidente López Obrador se establece que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial propongan a 20 candidatos, 10 mujeres y 10 hombres, cada uno, y posteriormente, se haga pública la lista con los 60 nombres y quien obtenga el mayor número de votos, sea el o la presidenta del órgano electoral autónomo. Esto preocupa a los expertos en la materia, pues implicaría que las propuestas que haga el Ejecutivo, sean las más votadas, dado que en la Cámara de Diputados, Morena y sus aliados son mayoría y buscarían imponer sus consejeros, lo que iría en contra del principio de imparcialidad. “¿Qué tendencia van a tener los candidatos propuestos por el Ejecutivo, el Legislativo y en la hipótesis de que el Poder Judicial, sea totalmente independiente y autónomo y proponga a personas imparciales, van a ser 40 de 60 los aspirantes impulsados por el Gobierno?, cuestiona Santiago Castillo al señalar que lo que el presidente busca es “capturar” al INE, restarle independencia y contar con “correas de transmisión” en el Consejo General. Lo que se nos está proponiendo es que regresemos al mero principio, que otra vez el presidente sea el que sugiera y suma a la Cámara y al Poder Judicial. Justamente lo que no queríamos, ¡De ahí venimos!

Por su parte, Ávila Romero añade que en el Poder Judicial, se correría un riesgo similar, pues las listas las integrarían aspirantes impulsados por los ministros afines a la Cuarta Transformación, lo que –coincide– implicaría la “captura” del INE y la desaparición de un árbitro autónomo. El consejero electoral de 2014 a 2017, Arturo Sánchez, señala que no se puede permitir un regreso al pasado, como propone la iniciativa presidencial, dado que ya hubo una evolución del proceso de selección de candidatos: se pasó de consejeros magistrados, a consejeros ciudadanos y ahora, a consejeros electorales. “El problema es que nos regresen al principio donde el presidente podría proponer, lo que dice la propuesta de reforma es justamente que el propio presidente propone 20, el Congreso otros 20 y la Corte, el resto, es decir otros 20. De ahí venimos, de ahí es donde estamos escapando y me parece no es el camino correcto para adelante, por el contrario, es un paso para atrás”, dice el también académico.

Siempre el partido en el poder ha propuesto a la mayoría de los consejeros. ¿El fin de las cuotas? Actualmente, los consejeros electorales se eligen por el voto de las dos terceras partes (mayoría calificada) de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, de entre las propuestas que formulen los grupos parlamentarios, previa realización de una amplia consulta a la sociedad. Esta forma de selección ha generado críticas desde el gobierno federal y desde el presidente López Obrador, quien ha acusado que los órganos electorales se integraron por “cuotas partidistas” y han sido cooptados por los grupos de poder. El exonsejero electoral Santiago Castillo defiende el actual método, aunque considera que es perfectible. “El problema es que hay un alto grado de hipocresía en este tema. El asunto de las cuotas buscaba un equilibrio de los Consejos. La integración de los Consejos por cuotas propuestas por los partidos por definición no es un acto perverso; se puede pervertir”, dice. Al respecto expone la elección de los cuatro últimos consejeros designados por el Congreso de la Unión, los cuales considera fueron “la cuota de Morena”. Se refiere a Carla Humphrey, Norma Irene de la Cruz Magaña, Uuc-kib Espadas Ancona y José Martín Faz, quienes alcanzaron el consenso unánime de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, en 2020. Aunque a su parecer han dado muestra de imparcialidad, por casos en las que han votado en contra del interés de Morena, como en el de Félix Salgado Macedonio, a quien se le quitó el registro como candidato a la gubernatura de Guerrero. Javier Santiago Castillo, quien fue consejero del INE de 2014 a 2017, recuerda que desde los primeros consejeros ciudadanos electos fueron propuestos por los partidos, pero en esos casos prevaleció la visión de dar legitimidad a los procesos electorales, por lo que buscaron personas que tuvieran respetabilidad y fueran imparciales, que tuvieran trayectoria pública, política, académica y administrativa y se pudiera prever que iban a actuar imparcialmente.

El también académico señala que ese método funcionó, sin embargo, en el 2003, los acuerdos iniciales del 94 y 96 cambiaron, y en ese año PRI y PAN se pusieron de acuerdo y “plancharon” al PRD, lo que fue un factor de la crisis electoral del 2006. “De tal suerte que no había nadie dentro del Consejo General del INE propuesto por el PRD que fuera vigilante del proceso electoral, ahí inició la perversión, pero siempre el partido en el poder ha propuesto a la mayoría de los consejeros”, asegura. Por su parte, el perredista Ávila Romero comenta que la actual designación de los consejeros electorales permite mantener un equilibrio en la llamada “mesa de la herradura”, porque si bien son electos por los partidos, al final, se da un equilibrio “y no se deben a ninguno de ellos”. Lo grave, alerta, es que ahora se busque que la ciudadanía participe en una contienda y no solo eso, sino que al ser designados por el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pasen de ser candidatos partidistas, a candidatos gobiernistas o más aún, a “narcoconsejeros”. La intervención del crimen organizado en procesos electorales para favorecer a Morena se dio en Sinaloa y en Michoacán. Ahora que López Obrador proponga a los próximos consejeros, por supuesto que esos poderes fácticos, seguramente van a ir a favorecer a los candidatos del presidente. “Los partidos pueden tener una estructura para impulsar candidatos y en su momento, en estados dominados por el narco que han apoyado las propuestas de Morena para ser gobernadores, por supuesto que no tengo la menor duda que los poderes fácticos van apoyar esas propuestas de López Obrador para ser consejeros o narcoconsejeros”, dice.

La reforma se antepone a la salida de cuatro consejeros, entre ellos el presidente Lorenzo Córdova Vianello, quien junto con Adriana Favela Herrera, José Roberto Santiago y Ciro Murayama, dejarán el cargo en abril de 2023. En ese contexto, el Ejecutivo Federal informó que estudia un “plan B” en caso de que el bloque opositor no apruebe su iniciativa de reforma electoral, aunque después reconoció que no es suficiente para reformar la ley. Los exconsejeros Arturo Sánchez y Javier Santiago, además del perredista Ángel Ávila, advierten que una reforma en leyes secundarias no permitiría la elección de consejeros electorales ni tampoco reducir la integración del Consejo General de 11 a siete, como también propone el presidente, por lo que dependerá del análisis que se dé en los próximos días el cómo se defina la selección de los consejeros.