INVESTIGACIÓN NO PROMETIDA;

DOMINGRILLA

LO ELECTORAL: DERROTA Y VICTORIA;
NO SE LES APARECIÓ EL DIABLO, SINO JESÚS

FRANCISCO CHIQUETE

Después del desplome de la línea 12 del metro en la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció una investigación a fondo de este lamentable acontecimiento, pero antes de iniciarla, exoneró completamente a la jefa de gobierno, Claudia Sheimbaum, “a quien le tenemos toda la confianza”.
Hasta ese momento nadie estaba señalando a la señora Sheimbaum, pero como se trata de un servicio a cargo del gobierno capitalino, López Obrador prefirió blindarla ya desde entonces -4 de mayo del 2021- con miras a la sucesión presidencial.
En Sinaloa, el domingo pasado se derrumbó el puente que se construye cerca del entronque a El Quelite. Por fortuna, a diferencia de la Línea 12, no hubo víctimas y el riesgo se constriñó a los trabajadores de la obra y no a cientos de personas. La coincidencia está en que apenas ocurrido el incidente apareció el secretario de Obras Públicas del gobierno del Estado, José Luis Zavala Cabanillas para dictaminar que se trató de un error humano y que no habría más problema que una prolongación en el periodo de construcción, pues los costos extras serían asumidos por la empresa contratista.
Algunas opiniones de constructores reputados de la localidad coincidieron en que la explicación es verosímil: un operador que hizo mal la maniobra de colocación de una viga, que en su caída arrastró a las demás. Sin embargo, coincidieron en la necesidad de hacer una investigación, que las autoridades han evadido hasta este momento.
No es un asunto menor. Aunque todo mundo habla de “el puente del Quelite, no es tal. Es un puente prolongado sobre un tramo de la Carretera Internacional, la México 15, que con todo y la fuerte competencia de la Maxipista, sigue teniendo un tráfico pesado muy importante, y por tanto requiere de los máximos estándares de seguridad.
Es muy probable que el secretario tenga razón y haya sido sólo un error humano que arrastró un puño de vigas sobrepuestas, pero no se pueden ignorar los riesgos. Todos los neófitos nos asombramos de la forma tan espectacular en que las pesadas vigas se fracturaron hasta quedar como una forma cóncava, como de plástico derretido.
Por la importancia de la obra, el gobierno está obligado a eliminar todas las posibilidades de riesgos futuros, especialmente una baja calidad en los concretos de los demás tramos del puente. Hasta donde se sabe, la empresa responsable no es una gran firma ni está especializada en obras grandes, por más que hubiese ganado el concurso de asignación con todas las exigencias de las leyes vigentes, si fue el caso.
Un pequeño detalle que quizá sea sólo de comunicación, pero es muy llamativo porque ocurrió en los más altos niveles del país.
La noticia del puente derrumbado llegó a los medios informativos nacionales (incluso alguno internacional) y al tercer día, el presidente Andrés Manuel López Obrador retomó el tema en su conferencia mañanera, dando un dictamen muy diferente al error humano del secretario sinaloense de Obras Públicas: fueron problemas estructurales. Hubo una falla estructural y se desplomó una parte de construcción que llevaban sobre el puente. Ya van a hacer el dictamen para conocer qué fue lo que no se hizo bien si fueron las bases o las estructuras prefabricadas, dijo el presidente.
La explicación más sencilla es que no le hubiesen pasado bien la información, pero AMLO habló con mucho detalle de las circunstancias en que se produjo la caída original, la procedencia del recurso y las participaciones oficiales. No fue un comentario hecho sólo para salir del momento.
Como ahora el impacto de los temas se mide con los memes que inspira, me quedo con uno de los primeros que aparecieron, en que un ciudadano se pregunta, al conocer la noticia del desplome: “¿qué, también aquí olvidaron ponerle los pernos?”
EL OTRO DESENCUENTRO
Por cierto, no es la primera vez que el gobierno federal y el de Sinaloa se contradicen en temas de importancia. Hasta dos veces, el subsecretario de Seguridad Pública del gobierno federal, Ricardo Mejía Berdeja dijo que el asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez había quedado resuelto y los culpables estaban detenidos. Aquí lo desmintieron. En una segunda ocasión se cruzaron informaciones sobre el mismo tema. Por desgracia las autoridades locales, que negaban los avances, fueron las que tuvieron razón, y así siguen hasta el momento, con la razón y sin los resultados.
LA VICTORIA DE LA SOCIEDAD
Muchos hablan de la victoria alcanzada por la oposición en la Cámara de Diputados, al detener la iniciativa de Reforma Constitucional enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para apoderarse del Instituto Nacional Electoral, o “para fortalecer la democracia participativa”, según la justificación que dio para explicar semejante embestida.
Otros por el contrario, hablan del propósito presidencial conseguido al son de “¿no que el INE no se toca? ¡Lo tocamos!”
En ambos casos hay razón.
Es importante la victoria que significó la contención de la reforma Constitucional. Las estructuras propuestas por el presidente y su equipo desnaturalizaban completamente al Instituto y ponían al gobierno al frente de importantes estructuras y capacidades, poniendo en entredicho la imparcialidad del órgano electoral y de las propias elecciones.
El presidente y muchos de sus seguidores, locales o foráneos, preguntaban siempre en qué parte de la iniciativa decía que el gobierno se quedaría con la institución. En ninguna parte y en todas. La elección de los consejeros nacionales a través de voto directo de la población, empalmado a las elecciones “normales”, permitía el arrastre de la fuerza política dominante; la asignación del listado ciudadano a la Secretaría de Gobernación ponía en manos del gobierno nada menos que el padrón electoral, y aunque el gobierno nos jure que son diferentes a los anteriores, la tentación está siempre vigente para quien sea, y de lo que se trata es de que no existan esos riesgos.
Por más que la adornaran, se advertía la saña contra el Instituto Nacional Electoral. Amigos a los que respeto y reconozco, han insistido en que se trata de un organismo que gasta en exceso y no es imparcial, y que hay que reformarlo. En efecto, hay cosas que deben ser corregidas y la consigna de “el INE no se toca” era excesiva si se le toma literalmente, pero la contrareforma no buscaba corregir nada, sino imponer condiciones favorables para el grupo en el poder.
Fue Pablo Gómez quien mejor definió el propósito durante una entrevista televisiva en que dedicó largos espacios a ponderar las aspiraciones democráticas de los autores de la propuesta, pero que fue endureciendo el discurso conforme avanzaba la charla, hasta llegar a un punto medular: lo que pasa es que “el INE tiene mucho poder, tiene un gran poder, y hay que quitárselo, hay que dejarlo con menos poder”.
Por supuesto, quien acumula y centraliza poder no puede ver que haya otro ente poderoso porque siente que es una amenaza para él.
La gente, por supuesto, está en contra de que se gaste mucho dinero en las elecciones, está en contra de que se asigne mucho dinero a los partidos y está en contra de que haya muchos diputados y senadores, sobre todo plurinominales. Pero detrás de esa manzana hay varios efectos importantes, como la presencia de un solo partido con acceso al dinero público -Morena, por supuesto- en un periodo en que es obvio el desinterés por guardar las formas, al menos. Ahí está la megamarcha de apoyo al presidente como ejemplo. Cada vez que se pregunta de dónde salieron los recursos para el acarreo, se lanzan acusaciones de toda índole contra el que pregunta.
Es innegable: la derrota de la contrareforma electoral es importante para el país y trae otros efectos colaterales, como la reconstrucción de la alianza opositora, tan descalificada, y que parece haber resurgido de sus cenizas. Con todo y eso, Morena sigue siendo la fuerza partidista más poderosa y tiene amplias posibilidades de refrendar el poder, pero al menos en este momento su victoria electoral ya no parece ser un destino ineludible, lo que es positivo porque da nuevas posibilidades de vida a la expresión de la pluralidad existente en el país.
Es innegable también que el presidente consiguió avances importantes en su propósito de perjudicar al INE. Los recortes presupuestales y las amarras que se le hacen en sus capacidades financieras (no sólo la reducción, sino la imposibilidad de hacer cambios internos) debilitan a la institución y la ponen en riesgo de incumplir con tareas básicas.
Pero además detuvieron la inconformidad de sus socios electorales (PT y PVEM) adecuándoles medidas que les permiten garantizarse vida eterna, mediante la transferencia de votos por parte de Morena.
Por si fuera poco, el Plan B aprobado en la Cámara de Diputados, da libertad a los funcionarios para que hagan campaña abierta desde sus lugares privilegiados en el servicio público, simplemente cambiando el concepto de lo que todavía hoy es propaganda política, transformada, si todo esto se consolida, en “libertad de expresión de los funcionarios”. Antes luchaban por los derechos de la sociedad. Hoy luchan por su derecho a hacer lo que sea, sin límites legales, para permanecer en el poder.
Y otro derivado (para mí asqueroso): la imposibilidad, si el Senado ratifica el susodicho Plan B, de que sean retiradas las candidaturas a sujetos que violen las leyes. Eso puede ser considerado como una verdadera “Ley Macedonio”, pues en lo sucesivo ese tipo de candidatos podrá presentarse sin temor de que se les sancione. Qué triste modelo les inspira.
¡AY, LOS DIPUTADOS!
Tuve la ocurrencia de criticar incidentalmente a los diputados por aprobar en unas cuantas horas los cambios a más de cuatrocientos artículos de las leyes electorales, sin haber leído la iniciativa. Hubo varias personas de buena fe que se sintieron ofendidos.
Aprobaron cosas que no conocían y mucho menos entendían, pero los defensores tuvieron que aceptar en privado los excesos cuando el mismísimo secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, reconoció que hubo negociaciones con el PT y el PVEM para que no pusiesen peros a la contrareforma. Como parte de esas negociaciones se les fue, dijo, “un documento de trabajo” que quedó aprobado e incluido en la ley a pesar de que contraviene la disposición constitucional de que no haya transferencias de votos entre partidos políticos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación sentó ya jurisprudencia. Y los diputados lo aprobaron, obviamente sin saber lo que hacían porque no leyeron nada (la propuesta ni siquiera pasó por comisiones, simplemente llegó y la pasaron al pleno, como en una oficialía de partes).
También es una aberración jurídica que los partidos políticos que no alcancen el tres por ciento de la votación en el país, conserven su registro si ese tres por ciento es obtenido en la mitad de los estados donde se haya realizado la elección. Ni en el Buen fin hay ofertas tan espectaculares, pero los diputados de Morena, PT y PVEM lo aprobaron.
Pero eso sí: ya el secretario de Gobernación reconoció que se fueron “algunos errores” y los van a corregir. No lo anunció el Congreso en alguna de sus instancias, lo hizo el Poder Ejecutivo, que por lo visto, es el que manda en el Legislativo.
NO SE LES APARECIÓ
EL DIABLO
Al aparto político de Morena en Sinaloa no se le apareció el diablo, sino Jesús. Jesús Estrada Ferreiro, que volvió desde el ostracismo que no ha asimilado, para recordarles que está por vencerse el plazo de la licencia que le otorgó le Cabildo de Culiacán, y que según sus cuentas, ya va siendo hora de que los regidores le regresen el puesto de Presidente Municipal.
Por supuesto, no era más que un calambre de este abogado picueco, que sabe bien cómo ir a sacarlos de sus centros. No llevaba ninguna orden judicial, ni siquiera un alegato jurídico que respaldase su petición. Nomás fue a recordarles que no pierde la esperanza y que los amparos promovidos no han sido desechados.
El alcalde sustituto Juan de Dios Gámez, fue diplomático y reconoció que a Estrada Ferreiro le asiste el derecho de hacer su petición, pero que el caso ya no está en manos del Cabildo, como dice creer el ex alcalde, sino en el Congreso.
Del Congreso, por supuesto, le contestó el jefe del control político, Feliciano Castro Meléndrez, quien le dio hasta con la cubeta. Toda la violencia verbal que antes dedicaba al poder gubernamental se la lanzó ahora a este señor de la tercera edad, caído en desgracia política (por sus propios méritos), a quien descalificó a placer.
Lo que ni Gámez ni Castro Meléndrez pudieron evitar fue el aguijón que les lanzó el exalcalde, con su queja de ser víctima de procedimientos que otros presidentes municipales también merecen, pero no se los aplican. Se trataba por supuesto, de varios casos, pero especialmente y sin mencionarlo, el de Luis Guillermo Benítez Torres, el Químico, señalado desde el cabido, el gobierno del estado, y la Auditoría Superior del Estado, por haber incurrido en múltiples irregularidades en el manejo de los recursos oficiales, pero extrañamente protegido y hasta empleado en las estructuras estatales, donde ya reconstruyó laboralmente su círculo más personal.
Pero Feliciano ya volvió a decir que se aplicará la ley y entonó la vieja canción de “no seremos tapadera de nadie”, más repetida que los villancicos.