Norma Piña, una ministra progresista e incómoda para López Obrador al frente de la Suprema Corte

Progresista, feminista y distante de la Cuarta Transformación. Norma Piña será la primera mujer al frente del Poder Judicial en México. La nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido vocal en su defensa al derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y de la comunidad LGBT, y se ha pronunciado a favor del uso recreativo de la marihuana. Piña llegaba también con el cartel de ser una ministra incómoda para el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como la candidata que más veces había votado en contra de proyectos que favorecían al Ejecutivo en los últimos tres años, y con la bandera de reafirmar la independencia del máximo tribunal frente a las presiones y críticas del presidente. “Represento a las mujeres”, ha dicho instantes después de ser electa para ocupar el cargo durante los próximos cuatro años.

“No soy una sorpresa”, dijo Piña en una entrevista con EL PAÍS en noviembre pasado, “saben como pienso, como voto, mi convicción”. En la conversación, la ministra habló sin rodeos sobre las presiones que ha tenido que enfrentar la Corte durante la presidencia de López Obrador, pero aseguró que no había “miedo” entre los 11 ministros que componen el máximo tribunal y que los embates desde Los Pinos “influyen en quien se deja influenciar”. El último ataque desde la tribuna presidencial llegó este lunes, apenas unas horas antes de la votación en la que fue electa. “El Poder Judicial está secuestrado”, dijo el titular del Ejecutivo, que lanzó nuevas acusaciones de corrupción y conflictos de intereses durante su conferencia mañanera.

Las palabras de López Obrador fueron un primer aviso para la próxima persona que ocupará la Presidencia de la Corte, en cuanto al tono y los desafíos que persistirán en la relación entre ambos poderes. La contienda en el Poder Judicial estuvo empañada por las acusaciones de plagio contra la ministra Yasmín Esquivel, propuesta por el Ejecutivo en 2019 y que minutos antes de la votación tomó el micrófono para insistir en su inocencia y en la viabilidad de su candidatura. Tras tres rondas de votación, Piña superó por un voto a Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, la cara de la continuidad de lo que había hecho hasta ahora Arturo Zaldívar al frente del máximo tribunal.

Piña llega como ministra presidenta con casi 25 años de experiencia a cuestas como jueza y magistrada. Se graduó primero como profesora de Educación Primaria por la Benemérita Escuela Nacional de Maestros y empezó su carrera profesional como maestra en una escuela pública de Ciudad de México a finales de los años setenta. Pero el Derecho era una cuestión de familia. Hija de un abogado que la bautizó como Norma por su pasión por las leyes, fue la única de sus tres hermanos que obtuvo su título como abogada. Tras probar en la Pedagogía y cursar una especialidad en Psicología y Comunicación en España, Piña egresó como jurista en 1984 por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde después tuvo estudios de posgrado en Derecho Constitucional y fue doctorante. Se especializó también en Derecho Penal por la Universidad Panamericana y tiene un máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante.

Fue propuesta durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) para ocupar un asiento en la Suprema Corte. Tras dos intentos fallidos, finalmente sustituyó a Olga Sánchez Cordero en 2015, después de ser elegida en una terna de mujeres para garantizar la paridad de género en el tribunal. “Es tiempo de las mujeres”, ha celebrado Sánchez Cordero, ahora senadora y antes secretaria de Gobernación de López Obrador entre finales de 2018 y mediados de 2021, al conocer su nombramiento como ministra presidenta. “Día Histórico”, ha calificado la ministra Esquivel. “Histórica designación”, se ha sumado la también ministra Loretta Ortiz.

Piña tiene fama de estricta entre sus compañeros. En 2016 presentó un proyecto conocido como Laguna de Carpinteros, que se oponía a la construcción de un parque de atracciones en Tamaulipas en una zona de manglares con el apoyo de Coca Cola y que fue aprobado por unanimidad en el pleno. La resolución sentó jurisprudencia para que los ciudadanos denunciaran violaciones al medioambiente y fue la base para las demandas ciudadanas que se presentaron contra el Tren Maya, uno de los megaproyectos insignia de la Administración de López Obrador. Desde 2019, como ministra, votó solo en tres de 18 asuntos a favor de lo que defendía el actual Gobierno, según un seguimiento del periódico Reforma. En contraparte, Esquivel lo hizo en 12 de ellos.

Cuestionada por el sentido de sus votos, Piña ha evitado la confrontación directa con el presidente y ha dicho que su trabajo se trata de ser garante de la Constitución más allá de quién ocupe la silla presidencial y que la defensa de la independencia judicial es urgente, al margen de las polémicas políticas, por la ola de violencia que azota al país. “Siempre he sido congruente con mis decisiones, eso no implica que esté peleada con el Ejecutivo ni mucho menos”, dijo a este periódico.

Votó a favor de declarar inconstitucionales algunos artículos del Código Penal de Coahuila que criminalizaban el aborto y eliminar la prisión preventiva oficiosa, otro tema polémico en la agenda reciente de la Corte. Ha dirigido la Unidad General de Igualdad de Género de la SCJN, así como el comité de igualdad del Poder Judicial. “Se rompió lo que parecía un inalcanzable techo de cristal”, ha declarado tras ser nombrada. “Me siento acompañada, respaldada, acuerpada por todas ellas, por todas nosotras, me siento muy fuerte porque sé que estamos todas aquí”, ha afirmado Piña, que propuso en su programa de trabajo apuntalar el acceso a la justicia de grupos vulnerables, transparentar los procesos judiciales e impulsar un acuerdo general para acabar con la corrupción y el nepotismo.

Renuente a los reflectores, la Suprema Corte ha dado a conocer tras su elección que la ministra presidenta no tiene cuenta de Twitter, en contraste con la incursión a Tik Tok y otras redes sociales de Zaldívar, su predecesor. Más allá de un cambio de estilo y de una discusión sobre los nuevos rostros del Poder Judicial, se trata también de una presidencia que buscará refrendar su independencia, su papel como organismo contramayoritario y su relevancia como contrapeso a los otros poderes, y asegurarse una mayoría en el pleno para hacerlo. Tras tres años de mandato de Zaldívar, la gestión de Piña se prolongará hasta el 31 de diciembre de 2026.

Con información de El País