Las impugnaciones a la reforma electoral que se aprobó en el Congreso de la Unión en semanas anteriores serán la primera gran prueba fuego de la ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Las acciones de inconstitucionalidad y controversias que han impulsado partidos políticos como el PAN, PRD e incluso el PRI en contra del llamado plan B del Ejecutivo federal será parte de la agenda que tendrán que discutir los 11 ministros de la Corte en este 2023.

De acuerdo con Ricardo Monreal Ávila, líder de la bancada de Morena en el Senado, aseguró que el paquete de leyes secundarias que desmantelan al Instituto Nacional Electoral (INE) contiene varias cuestiones inconstitucionales y apartados que contravienen la Constitución mexicana.

Por ello, será el máximo tribunal del país que tenga la última palabra sobre la reforma electoral que fue avalada por la Cámara de Diputados y de Senadores con diversos cambios, entre ellos, la reducción del presupuesto del INE y su cambio de nombre, así como la reducción de su personal en todo el territorio nacional.

Al respecto ministros afines del presidente Andrés Manuel López Obrador se han pronunciado a favor de la reforma electoral y de reducir los costos del sistema electoral mexicano como Loretta Ortiz Alfh y Yasmín Esquivel Mossa, la última envuelta en un escándalo de plagio.

Mientras que Norma Lucía Piña Hernández ha votado, en su mayoría, en contra de lo propuesto por AMLO y del gobierno federal en temas relacionados como libre manifestación de las ideas, aborto, legalización de la mariguana, entre los temas más relevantes.

Militarización, piedra en el zapato

Sin embargo, sobre la controversia constitucional que pretendía frenar el uso del Ejército para labores de seguridad pública en México hasta 2024, Norma Lucía Piña votó a favor del proyecto en noviembre pasado, lo que permitió extender la facultad de los militares hasta este año.

Aunque lo que se discutió en ese entonces solamente fue un proyecto y faltan más de 20 resoluciones más que tienen que ver con este tema así como amparos que han interpuesto organizaciones civiles.

A considerar:

  • En 2019 la ministra presentó ante la Primera Sala un proyecto de resolución para negar un amparo a un hombre que fue despedido de su trabajo por portar en su cuello un tatuaje de una cruz esvástica al considerar que la libertad de expresión del hombre no lo protegía de mantener el respeto hacia sus compañeros en el área laboral.
  • En 2021, Piña Hernández participó en la discusión de una acción de inconstitucionalidad presentada por la extinta Procuraduría General de la República (PGR) contra la legislación de Tabasco en materia de vientres de alquiler.
  • Durante el debate, la ministra señaló que la falta de regulación de esta figura lleva a la clandestinidad y al abuso de las mujeres dejando sin protección a los menores nacidos bajo esta modalidad.
  • También presentó un proyecto de declaratoria general de inconstitucionalidad de la prohibición del consumo lúdico de la mariguana contenida en la Ley General de Salud, al señalar que el Congreso de la Unión incumplió con el mandato de la Corte al no regular el consumo recreativo del cannabis.

 

Con información de Publimetro

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