PAN y PRD interponen acción de inconstitucionalidad contra el “Plan B” electoral
Las dirigencias de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) interpusieron este lunes ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) las primeras dos de un paquete de acciones de inconstitucionalidad en contra de las nuevas reglas de propaganda gubernamental aprobadas en diciembre por la mayoría morenista en el Congreso. Las reformas cuestionadas fueron hechas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley de Responsabilidades Administrativas, ambas parte del ‘Plan B’ de la reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues –acusan– permitirán a los servidores públicos hacer posicionamientos políticos en todo tiempo, ya que no sería considerado propaganda gubernamental, sino ejercicio de libertad de expresión.
El líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, alertó que con esas enmiendas las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador continuarán sin sanción y se seguirán ‘usando para descalificar a opositores’: ‘Para que sigan ellos desde allí haciendo uso de los recursos públicos para descalificarnos a todos los que queremos oponérnosles rumbo al 2024”. Esas reformas permitirán, destacó el líder nacional del PAN, Marko Cortés, que los servidores públicos “puedan estar haciendo difusión, puedan contratar publicidad y que no haya un órgano electoral, como es el Instituto Nacional Electoral (INE) o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que pueda sancionarlos. ‘Quieren quitarle al Instituto la posibilidad de dictar medidas cautelares y al Tribunal la posibilidad de sancionar”, expresó. Zambrano explicó que las reformas rebasan lo que establecen, entre nueve artículos, el 134 de la Constitución “¿Qué le demandamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Que declare inválidas estas reformas, que las eche para atrás, que las declare inconstitucionales y por lo tanto no aplicables y no válidas como reglas para los procesos electorales venideros en el 2024 y 2023”, apuntó. “Lo que está queriendo hacer el presidente es querer ganar a la mala lo que ya no pudo ganar a la buena, en el 2018 el presidente gana con el 53%, pero ya en el 2021 toda la oposición en su conjunto sacó más votos que el propio gobierno del presidente y, por lo tanto, lo que tiene el presidente es miedo de que en el 2024 les vamos a ganar la presidencia”, advirtió Cortés, del PAN.
Los líderes de ambos partidos, que integran la Coalición Va por México, acudieron por separado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a presentar sus acciones de inconstitucionalidad, que urgieron a los ministros a resolver cuanto antes, pues el proceso electoral federal de 2024 inicia en septiembre próximo y, de aplicarse la otra parte del ‘Plan B’ de reforma electoral que quedó pendiente, advierten, iniciaría en noviembre. Cortés anunció que serán un paquete, pues además de las dirigencias de los partidos, que están facultados para interponer acciones de inconstitucionalidad en materia de leyes electorales, pueden interponer recursos un tercio de legisladores de cada una de las Cámaras del Congreso. Los diputados y senadores presentarán sus recursos y además los alcaldes van a interponer una controversia constitucional porque “les están reduciendo la posibilidad de difundir las acciones de sus gobiernos”, explicó el panista. Informó que el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, también solicitará formalmente a la SCJN que estos recursos sean analizados y resueltos de forma expedita. De acuerdo con ambos partidos líderes, las reformas se concretaron con violación al procedimiento legislativo, pues fueron presentadas a la Cámara de Diputados, no fueron turnadas a comisiones y se votaron el mismo día. Las reformas a las dos leyes que fueron recurridas ante la SCJN son parte del ‘Plan B’ aprobado en diciembre. Ese plan para modificar seis leyes secundarias –las otras cuatro quedaron pendientes en el Senado– fue el aplicado de manera alterna por Morena y sus aliados, luego de que diputados de los tres partidos de la Coalición legislativa Va por México, más Movimiento Ciudadano, impidieron que se alcanzara la mayoría calificada de dos terceras partes de votos para aprobar el “Plan A” de reforma electoral que planteaba cambiar la Constitución.
