La templanza del Poder Judicial
Frente a la estridencia y bravuconería de quien sabe que no le asiste la razón ni el derecho, las juzgadoras y los juzgadores de México escuchan cortésmente, responden sabiamente, ponderan prudentemente y deciden imparcialmente.
Son las mujeres y los hombres que no buscan el aplauso ni el protagonismo, sino honrar y preservar la justicia en nuestro país. Producto de la cultura del esfuerzo, rectitud y constante preparación, las juzgadoras y los juzgadores no son oposición a gobierno alguno ni actores políticos que deban defender sus resoluciones con argumentos políticos, sino juristas que responden a criterios técnicos objetivos para defender la Constitución y lo que bien deriva de ella.
Por siglos nuestro país buscó la fórmula que impidiera los abusos y excesos de los gobernantes, llegando a la verdad universal que las actividades de gobierno debían ser desempeñadas por personas distintas, limitadas en su actuar y objeto de controles permanentes.
Así, se plasmó en nuestra Constitución la separación de poderes, ideando un Poder Judicial que controle la juridicidad de las acciones que tienen lugar en la sociedad, encargándose de velar que la acción del Poder Legislativo y Ejecutivo se conduzcan con apego a la Constitución y la ley.
Ni más ni menos. Nuestro Poder Judicial vive una nueva etapa en su bicentenaria historia, marcada por la capacidad, experiencia, pulcritud, honestidad y valentía de miles de mujeres y hombres que han hecho de la carrera judicial su motivo de vida y de desarrollo profesional.
No son improvisados ni oportunistas, sino personas forjadas en el cuerpo judicial para servir a la sociedad y custodiar la Constitución.
No buscan privilegios ni canonjías, pues a las juzgadoras y juzgadores solo les ampara la Constitución y la convicción social de que en sus manos está la prevalencia del estado de derecho y de la democracia.
Las injustas y maquiavélicas descalificaciones que el Poder Ejecutivo Federal ha vertido en su contra en 70% de las mañaneras realizadas a lo largo de 51 meses de gobierno, violentan el estado de derecho y agreden a la sociedad en su conjunto, pues si existe un señalamiento en contra de algún juzgador o juzgadora el presidente está obligado a actuar de inmediato por los cauces legales, pero no a verter generalizaciones sin fundamento ni verdad.
