Morena y la oposición pactan en el Congreso una reforma que limita las facultades del Tribunal Electoral
El proyecto busca impedir a los magistrados electorales emitir sentencias sobre decisiones tomadas por los partidos en materia de paridad de género, la selección de sus dirigencias y candidaturas.
La coalición oficialista en el Congreso, formada por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, y los opositores de Va por México (PAN, PRI y PRD) han puesto un paréntesis a sus diferencias e impulsan en conjunto una reforma constitucional que busca limitar las facultades del Tribunal Electoral federal (TEPJF), la máxima autoridad judicial en lo relativo a los asuntos electorales y que regula a los partidos políticos para que conduzcan su organización interna conforme a la ley. Movimiento Ciudadano (MC), que no ha suscrito el pacto legislativo, ha advertido de que Morena y Va por México pretenden impedir que el Tribunal Electoral eche atrás decisiones aprobadas por las cúpulas partidistas. La nueva reforma constituye un intento más del Legislativo, y concretamente de Morena, de limitar la actuación de los jueces federales. En septiembre del año pasado, el partido en el Gobierno presentó una iniciativa para impedir a la Suprema Corte de Justicia invalidar o interpretar partes de la Constitución, una función que es inherente a la labor judicial. Ese intento no prosperó. El nuevo proyecto cuenta con el respaldo de prácticamente todos los partidos y se discutirá en una primera instancia en comisiones de la Cámara de Diputados este martes. Se espera que esta misma semana el dictamen sea votado en el pleno. Por tratarse de una reforma constitucional, se requiere de una mayoría cualificada. El oficialismo y la oposición, juntos ahora, reúnen con creces los votos requeridos.
La iniciativa argumenta que los magistrados electorales han excedido sus facultades de interpretación de las leyes y han, en los hechos, creado nuevas normas, invadiendo el ámbito de competencia del poder Legislativo. En realidad, el proyecto está precedido por sentencias judiciales que han frustrado actos irregulares cometidos por los propios partidos o que han garantizado el acceso de grupos vulnerables a cargos de elección popular. Por ejemplo, el Tribunal Electoral invalidó una reforma a los estatutos del PRI con la que el dirigente, Alejandro Moreno, Alito, pretendía extender su mandato un año más. En el mismo sentido, el órgano judicial dio a conocer la semana pasada un proyecto de sentencia en el que propone anular un acuerdo del Congreso Nacional de Morena que permitía a Mario Delgado, presidente del partido, prolongar también su dirigencia. Otro ejemplo del TEPJF enmendando la plana a los partidos se remonta a cuando ordenó a la Cámara de Diputados integrar a su Comisión Permanente a una representación de todos los partidos, especialmente de MC, uno de los grupos minoritarios. Recientemente, también, el Tribunal Electoral instruyó al Congreso que la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) debía quedar a cargo de una mujer.
Con la reforma que buscan aprobar los partidos ninguna de estas resoluciones habría sido posible, de acuerdo con un análisis elaborado por la bancada de MC, al que ha tenido acceso este periódico. El proyecto de reforma planea modificar el artículo 73 de la Constitución para establecer que el Congreso tendrá la facultad exclusiva de dictar medidas afirmativas para garantizar el acceso de grupos vulnerables a puestos de poder. Hasta ahora, han sido criterios emitidos por el Tribunal Electoral y el INE los que han garantizado los logros de dichos grupos, incluyendo lo relativo a la paridad de género.
También se propone reformar el artículo 41 y asentar que las acciones afirmativas en materia electoral tendrán el carácter de “modificaciones legales fundamentales”. Esto significa que, una vez expedidas por el Congreso, no podrán ser modificadas desde los 90 días previos al inicio de un proceso electoral y hasta su conclusión, por lo que si un grupo vulnerable considera que sus derechos han sido afectados deberá esperar hasta los comicios posteriores a que su circunstancia mejore, según el análisis de MC. Esto representa una traba a la justicia, ya que, en la actualidad, el Tribunal Electoral ha tenido la posibilidad de ordenar la sustitución de candidaturas a fin de garantizar un equilibrio en la representación de grupos indígenas, mujeres, mexicanos que viven en el exterior, personas con discapacidad y miembros de la comunidad LGBT, sin importar en qué etapa de desarrollo se encuentra un proceso electoral. En México ha sucedido que algunos partidos han inscrito como candidatos indígenas a personas que no pertenecen a ningún pueblo originario, o han postulado a hombres en lugares reservados para mujeres. El TEPJF ha corregido esas irregularidades.
El proyecto plantea modificar el artículo 99 constitucional para establecer que el Tribunal Electoral solo podrá resolver controversias relacionadas con las leyes estrictamente electorales. El problema con esta reforma es que el órgano judicial ha tutelado hasta hoy derechos que, si bien no están contenidos específicamente en leyes electorales, sin embargo sí tienen impacto en derechos electorales. Ejemplo de ello es que el TEPJF ha dictado resoluciones que protegen los derechos laborales de funcionarios públicos y se ha pronunciado contra los actos de violencia política de género al interior de las instituciones de todos los órdenes de gobierno. Otra modificación a dicho artículo reza que el Tribunal Electoral no podrá tener injerencia en las decisiones de los órganos de gobierno de las Cámaras del Congreso, facultad que correspondería exclusivamente a la Suprema Corte de Justicia.
MC ha hecho un llamado a la alianza Va por México a no apoyar las modificaciones constitucionales. “Con esta reforma pretenden reducir la defensa de derechos políticos, delimitar el actuar del tribunal para la atención de acciones afirmativas para grupos vulnerables, paridad y las decisiones de la vida interna de los partidos. De aprobarse, cierran toda vía jurisdiccional para resolver conflictos. Todo quedaría en manos de los partidos, sin rendir cuentas a ninguna autoridad”, ha señalado MC en un comunicado. “En Movimiento Ciudadano rechazamos esta propuesta por tratarse de una regresión. Es una ofensiva que Morena y Va por México pretenden avalar para ampliar el control discrecional de los partidos. No busca perfeccionar el cumplimiento de la ley electoral; al contrario, busca evadir la ley. Convocamos a Va por México a ser congruentes y no acompañar este retroceso. México necesita instituciones autónomas y sólidas que sirvan de contrapeso al poder político”.
El TEPJF solicitó a la Cámara de Diputados la realización de un parlamento abierto y de mesas de trabajo para discutir con más amplitud la reforma. Por su parte, el presidente del tribunal, Reyes Rodríguez, defendió este lunes el trabajo de los magistrados electorales y dijo que han sido pilares del sistema democrático y la justicia social. “Las instituciones judiciales tienen un lugar central para garantizar un auténtico Estado de Derecho, son el cimiento sobre el cual se erige la justicia, aseguran que cada persona reciba un trato igual ante la ley y ante los tribunales, que todas las personas cuenten con medios para proteger sus derechos, y [dan] garantías para los partidos políticos y las candidaturas de que puedan celebrar elecciones competitivas, elecciones pacíficas, elecciones limpias”, afirmó en una ceremonia en el Estado de México.
Con información de El País
