Quieren a México fuera de tratados; cláusula exorbitante

La reforma administrativa que el presidente de la República envió a la Cámara de Diputados es “a todas luces dañina para la economía mexicana” porque contiene “una cláusula exorbitante” que desincentivará la inversión e implicaría “imponer un Estado autoritario”.

Bajo esa advertencia, la bancada de Acción Nacional adelantó su voto en contra a esta propuesta que incluye la modificación de 73 artículos de 23 leyes, con las que, según ese partido, el gobierno busca obtener ventajas sobre los particulares.

“Esta reforma busca imponer un Estado autoritario, que no brinde certeza jurídica ni certeza contractual, porque ni siquiera se contempla la indemnización por las inversiones realizadas a través de una cláusula totalmente exorbitante y una disposición que dejaría en la indefensión a los inversionistas”, alertó el diputado Héctor Téllez Hernández.

Integrante además de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de San Lázaro, involucrada en la dictaminación del proyecto, el panista afirmó que el proyecto enviado por el Ejecutivo “atenta contra los tratados internacionales, contra el equilibrio contractual y atenta contra las garantías y certezas jurídicas que hoy necesitan las empresas extranjeras para invertir en nuestro país”.

Recordó que en 2021 hubo una agresiva fuga de capitales en la que se perdieron cerca de 14 mil millones de dólares en inversión.

“El crecimiento económico se encuentra estancado y este tipo de iniciativas no fomentan que las empresas extranjeras volteen a México para invertir y generar empleos y reactivar la economía”, planteó.

Consideró que la iniciativa enviada por el Ejecutivo el 23 de marzo y que fue publicada en la Gaceta Parlamentaria del día 28 pretende incluir en todos los contratos nacionales o internacionales de adquisiciones y obra pública una cláusula de terminación anticipada.

La justificación gubernamental es que ese cambio se necesita para combatir la corrupción.

Con ese argumento, la reforma establece que los actos administrativos gubernamentales podrán extinguirse cuando afecten el interés público, general o social, la seguridad nacional; que causen algún tipo de desequilibrio o daño económico, social, ambiental, o que impidan el disfrute de derechos fundamentales de las personas físicas.

“Se propone que, en caso de terminación anticipada de contratos, no procederá el resarcimiento de daños o perjuicios a empresas”, explicó.

“Esto significa que cualquier permiso, concesión o contrato que el gobierno tenga con particulares, podrá cancelarse con el argumento de que ha surgido una nueva situación, considerada por la autoridad como generadora de una afectación al interés público o la seguridad nacional. Y que, cuando esto ocurra, el gobierno no indemnizará a las empresas afectadas”, describió.

Reseñó Téllez Hernández que la iniciativa del Ejecutivo “nuevamente introduce una prohibición excesiva a los servidores públicos que dejen el gobierno, y pretendan laborar en alguna empresa del sector privado”.

Y es que la reforma plantea que será ilícito que los exfuncionarios trabajen con personas físicas o empresas que hayan supervisado o regulado.

La iniciativa plantea modificar el artículo 19 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para establecer que los proyectos prioritarios identificados como “de notoria y urgente necesidad para el desarrollo social y económico del país y los relacionados con la defensa y la seguridad nacionales”, pueden realizarse sin los permisos legales respectivos.

Elimina de la Ley de Expropiación lo referente a que su aplicación debería estar sujeta a los dispuesto por los tratados internacionales de los que México forma parte.

ESCENARIO

Se quieren modificar 73 artículos de 23 leyes

futuro incierto