Nuevo Conahcyt, versión 4T: ¿se politiza la ciencia a cargo del gobierno?

 a través de mecanismos que fortalezcan a las comunidades, el desarrollo de capacidades y la soberanía nacional”, planteó el otrora Conacyt en un comunicado. Tras siete meses de que la idea fue presentada por la directora María Elena Álvarez Buylla en una mañanera y luego de cuatro meses de trabajos legislativos, que suman aportaciones en la reorganización y precisión de su contenido, se establece fusionar el Título Segundo –que hablaba de política pública– con el Título Primero –que habla del derecho humano a la ciencia. Es así que se incluye el nuevo Título Cuarto, sobre el acceso a la información, incluyendo todo lo relativo a repositorios, ecosistemas nacionales informáticos y la red de cómputo científico de alto rendimiento. Además, se integran nuevas secretarías a la Junta de Gobierno, lo que, de acuerdo al dictamen aprobado en San Lázaro, fortalece al Consejo. Y es que la junta de Gobierno del Consejo estará integrada por un Director General, quien la presidirá, además pasará de 10 a 13 representantes de las Secretarías : Agricultura y Desarrollo Rural; Bienestar; Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; Cultura; Economía; Educación Pública y de Energía. Además, lo integrarán las Secretarías de Hacienda y Crédito Público; Salud; Medio Ambiente y Recursos Naturales y se integrarán las de Defensa Nacional, Marina y Relaciones Exteriores. “La estructura interna del Consejo se integrará por una Junta de Gobierno integradas por las Secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural, Bienestar, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Cultura, Economía, Educación Pública, Energía, Hacienda y Crédito Público, Defensa Nacional, Marina, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Relaciones Exteriores y de Salud”, indica el documento de 377 cuartillas. ¿Qué otro cambio conlleva el nuevo dictamen? De acuerdo con el abogado y maestrante en Derecho Procesal Constitucional, Pedro Morales , el dictamen elimina al Foro Consultivo Científico y Tecnológico, mismo que contaba con una mesa directiva compuesta por asociaciones y organizaciones. En tanto que los derechos de propiedad de quienes recibieron apoyos “responderán al interés público y el bienestar del pueblo de México”. “Los derechos de propiedad intelectual relacionados con los resultados obtenidos por las personas beneficiarias de los apoyos otorgados por el Estado responderán al interés público nacional y al bienestar del pueblo de México, en los términos de esta Ley y la normatividad aplicable”, establece el documento avalado por Morena y aliados. También establece que la persona titular de la Dirección General o equivalente del Centro Público, debe poseer el grado de doctorado o “experiencia equivalente”. “La persona titular de la Dirección General o equivalente del Centro Público deberá poseer el grado académico de doctorado o experiencia equivalente, así como reconocidos métodos como humanista, científica, tecnóloga o innovadora en alguna de las áreas de especialidad del Centro Público de que se trate, además de experiencia demostrada en cargos de dirección”. Bloque opositor rechaza modificaciones El bloque opositor en San Lázaro criticó las inconsistencias del dictamen, la falta de acuerdos para su integración y anticiparon que el “nuevo” Conacyt solo concentrará el poder de la toma de decisiones sustanciales sobre la ciencia, la tecnología y la innovación. Al argumentar su voto en contra de la propuesta, el diputado panista Juan Carlos Romero Hicks dijo que la reforma contiene inconsistencias que traerán problemas de legalidad, amén de que no resuelve competencias, ni contempla planeación nacional ni local. Además, “una ley que no tutela la innovación, la propiedad intelectual y los centros públicos no puede ser el proyecto al que aspiremos”. El diputado priista Brasil Alberto Acosta Peña reprochó que el dictamen no se elaboró con base en la ciencia, ni se respetaron acuerdos de las Comisiones Unidas para llevar a cabo siete foros, pues sólo se hicieron dos y no se incluyeron las propuestas de la comunidad científica. Además, tiene vicios procesales y no da libertad de investigación. Ante ello, advirtió que impulsará acciones de inconstitucionalidad porque es una propuesta arbitraria que no toma en cuenta la posición de las y los científicos y la sociedad. Mientras que la diputada perredista, Elizabeth Pérez Valdez dijo que los cambios solo buscan que el Conachyt “concentre el poder de la toma de decisiones sustanciales sobre la ciencia, la tecnología y la innovación”.