Presidente de Ecuador disuelve el Parlamento ante su posible destitución
El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso disolvió el miércoles la Asamblea Nacional y puso fin así al juicio político que buscaba destituirlo.
Con la disolución del Parlamento, Lasso podrá gobernar hasta por seis meses por decreto con el control de la Corte Constitucional.
En una cadena de radio y televisión el mandatario aseguró que “todos los esfuerzos del Poder Legislativo están enfocados en desestabilizar al gobierno”.
Argumentó que “esta es una decisión democrática no sólo porque es constitucional sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones” y consideró que “ésta es la mejor decisión posible”.
La decisión de Lasso se sustenta en el artículo 148 de la constitución que confiere al presidente la potestad de disolver el Legislativo por una sola vez, dentro de los tres primeros años de su mandato, por tres causales: cuando la Asamblea se hubiere arrogado funciones que no le corresponden, por obstrucción al plan nacional de desarrollo o por grave crisis política y conmoción interna.
Lasso deberá ahora convocar elecciones presidenciales y legislativas y los ganadores de esos comicios completarán el actual periodo presidencial y legislativo que termina en mayo de 2025.
En una conferencia de prensa posterior, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Nelson Proaño, expresó su apoyo a la decisión del mandatario al sostener que se fundamenta en la constitución y “por tanto… debe ser respetada total y completamente por todos los ciudadanos”.
Proaño sostuvo que “las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional mantienen y mantendrán inalterable su posición de absoluto respeto a la constitución y las leyes” pero advirtió que en caso de un intento de alterar el orden constitucional a través de la violencia ”actuaremos con firmeza en cumplimiento de nuestra misión constitucional para proteger la vida, los derechos y garantías de los ecuatorianos”.
El abogado y constitucionalista Esteban Ron aseguró a The Associated Press que esta medida, conocida como “muerte cruzada”, no es un escenario ideal para el presidente “porque en lo político va a estar en ojo de todo el mundo” y aunque no tendrá un contrapoder en la Asamblea Nacional “se activa el poder social” en caso de que sus decisiones sean rechazadas por diversos sectores.
La disolución se produjo en momentos en que la Asamblea, dominada por una coalición integrada por el partido Unión por la Esperanza (UNES) del expresidente Rafael Correa (2007-2017), el Partido Social Cristiano y el de los indígenas Pachakutik llevaba adelante un juicio político a Lasso por supuesta malversación de fondos.
El presidente ha mantenido una mala relación con el Legislativo, a cuyos integrantes ha acusado de haberle pedido cargos estatales, el manejo de instituciones públicas como hospitales y hasta dinero en efectivo a cambio de votos.
La decisión desató duras críticas como las de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, cuyo titular Leonidas Iza publicó en su cuenta de Twitter que “al no contar con los votos necesarios para salvarse de su inminente destitución, Lasso da un cobarde autogolpe de Estado con ayuda de policía y las Fuerzas Armadas sin apoyo ciudadano, convirtiéndose en una inminente dictadura”.
La organización convocó a un consejo extraordinario para analizar las medidas que tomará.
La Asamblea fue desalojada en la madrugada y un fuerte contingente militar y policial en sus alrededores impedía el paso.
“Qué bueno que hayan mandado a la casa a esos vagos de la Asamblea, no hacían nada, sólo se pasaban insultando”, dijo a AP Julio César Anda, un mensajero de una oficina de seguros. Pero la empleada doméstica Josefina Maigua sostuvo que al disolver la Asamblea el presidente “ya se convirtió en dictador”.
Ahora el Consejo Nacional Electoral deberá convocar elecciones presidenciales y parlamentarias, que deberán cumplirse en un plazo máximo de 90 días. Aunque la constitución no especifica una duración para este proceso, se estima que podría tomar entre cuatro y seis meses. Lasso podría presentarse como candidato.
El abogado y constitucionalista Ismael Quintana dijo a AP que Lasso está facultado para gobernar por decreto aunque éstos sólo pueden ser de materia económica y es la Corte Constitucional la que decide si son válidos o no.
Aclaró, sin embargo, que dichos decretos podrían quedar sin efecto por decisión de la nueva mayoría legislativa que resulte elegida en los comicios anticipados, pues según la constitución deberá someter a revisión las decisiones del Ejecutivo.
El analista jurídico Ramiro Aguilar indicó a AP que “este es un mecanismo plenamente constitucional” y que la medida ayuda a destrabar la disputa entre el gobierno y la Asamblea. “Un conflicto de esta naturaleza puede durar cuatro años y es un conflicto que paraliza el país, entonces la muerte cruzada (disolución de la Asamblea) establecida en la constitución del 2008 fue diseñada para superar los conflictos políticos que ponen en jaque a las instituciones, que paralizan la institucionalidad”.
Sin embargo, agregó, el país también pierde el debate democrático porque “va a haber una voz unilateral del Ejecutivo imponiendo un rumbo sin el contrapeso de la Asamblea y pierde credibilidad el país, porque queda con una institucionalidad débil”.
Según establece la normativa, la Asamblea Nacional deberá cerrar físicamente sus instalaciones y únicamente su administrador general estará habilitado para mantener en operación al personal permanente mientras el resto de los contratos provisionales quedarán sin efecto. El presidente podrá ordenar el uso de la fuerza pública para el resguardo del Palacio Legislativo.
Ismael Quintana, especialista en derecho constitucional y profesor de la Universidad Católica de Cuenca, dijo a AP que la decisión presidencial le dará a Lasso “soltura para gobernar cuatro metres y medio”, pero luego las consecuencias de esa disolución parlamentaria “no son las más felices para el país”.
Lasso, que tiene apenas 25 asambleístas de un total de 137, está en el poder desde mayo de 2021 y fue elegido para un período de cuatro años.
Con información de Proceso
